El Botànic II: una legislatura de decretos sociales y leyes sobre el cambio climático

El segundo gobierno del Botànic puede presumir de dos aspectos a partir de mañana, cuando el presidente Ximo Puig disuelva las Cortes Valencianas: la treintena de normas aprobadas, las normas encauzadas y el consenso alcanzado en la mayoría de los textos. 

Valoraciones al margen, la décima legislatura concluirá mañana y se conformará la Diputación Permanente, algo así como una equipo de guardia que no puede legislar, pero sí estar para los asuntos gruesos que pudieran pasar. 

Treinta leyes, 63 decretos leyes y otros dos legislativos quedan en el haber de los 99 diputados, parte de los cuales no repetirán tanto por elección propia como por la de su partido o por la de los resultados electorales. Entre los nombres alicantinos reseñables, Elisa Díaz del PP o Rosa Mustafá (PSPV) y el conseller (Compromís) Rafael Climent. Tres de los veteranos.

Pero ¿en qué se ha centrado el Botànic en su segunda legislatura y qué temas se han quedado pendientes? Las principales conclusiones que podemos sacar es que 2021 fue especialmente prolijo. Se aprobaron 22 de los 95 textos normativos, si bien hay que puntualizar que las tres leyes (participación, viviendas colaborativas y medidas antidespoblación) quedan pendientes de publicación. A los que hay que sumar casi 500 decretos del Consell.

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PRINCIPALES MATERIAS

Emergencia climática

De acuerdo con los datos de la Generalitat Valenciana y su balance legislativo que solo contempla hasta el 24 de marzo, del total de normas aprobadas por el gobierno del Botànic y las Cortes Valencianas, el 50% pertenecieron al eje social denominado «servicios públicos para continuar rescatando y cuidando de las personas». Otro 19% correspondió a cuestiones relacionadas con el empleo y el modelo productivo. El tercer bloque, con un 13%, se ajusta a los temas transición ecológica y emergencia climática. 

Quizás sea cuantitativamente menor que el anterior, pero si nos fijamos en las leyes observaremos que el hecho de que no hubiera textos en estas cuestiones ha supuesto empezar de cero en algunos puntos. Uno de ellos, el de la creación de la Agencia de Cambio Climático, fue especialmente conflictivo tras la creación de una dirección general. 

En cuarto lugar, se encuentran los textos referentes a «fiscalidad progresiva, fiscalidad justa e intereses valencianos» con un 8%. Le sigue «Calidad democrática y buen gobierno» con un 6% y por último . 

CONSENSOS

Las enmiendas

Si atendemos a los números hasta el último pleno, hay un dato destacado: el Botànic logró que Vox diera un sí al 19% de las leyes, el PP al 30% y Ciudadanos, al 34%. 

En el caso de los decretos-leyes, el dato es mucho más positivo para el gobierno autonómico, pues el sentido del voto fue positivo en el 74% de las ocasiones por parte de Cs; los populares rebajaron un poco la conformidad y dieron 35 síes, es decir, el 60%; mientras que Vox voto 24 veces de manera afirmativa y 27 en sentido negativo. 

El partido que más empleó la abstención fue el PP, un total de 18 veces. Ya a gran distancia está Cs y Vox que de las 85 votaciones derivadas de leyes y decretos-leyes, apenas lo hicieron una decena de veces.

PANDEMIA

Los efectos de la crisis

Además de estas temáticas, si hay un asunto que ha obligado a generar normativa fue la pandemia. Los decretos leyes pueden ser la base en la que podemos hacernos una idea. Hay dos términos que se repiten: crisis y medidas extraordinarias. 

Los efectos devastadores de la pandemia revolucionaron los términos en los que la ciudadanía se relacionó con la administración autonómica. Desde el turismo pasando sobre todo por el empleo y las ayudas se pueden encontrar más de una veintena de iniciativas encaminadas a corregir. 

Las Cortes aprobaron una media de 20 decretos-leyes en los tres primeros años de legislatura (18,19 y 20 respectivamente), más del 50% e incluso porcentajes superiores durante el final de 2020 y principio de 2021 estuvieron enfocados a compensar los desequilibrios generados por el covid. 

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QUÉ QUEDA PENDIENTE

Del comercio al abolicionismo

El portal presentado la semana pasada por la consellera de Transparencia Rosa Pérez Garijo sobre la rendición de cuentas fue un ejercicio que pecó de cierto optimismo, pues entre los trabajos hechos, y siguiendo los parámetros marcados en el acuerdo del Botànic II, estaba la financiación autonómica. El gobierno compuesto por PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem avanzó cualitativamente en el consenso de la infrafinanciación a la que se ve sometida la Comunidad Valenciana desde hace años. Sin embargo, las reuniones no cuentan en el objetivo final, al contrario de lo que marca esa web. ´

Las intenciones se quedaron , de nuevo, a las puertas. Así ocurrió justo con la proposición de ley ante el Congreso de los Diputados de modificación de la Ley 22/2009, por la cual se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía y se modifican determinadas normas tributarias que presentó Compromís en este último pleno, cuando sus efectos quedaron en un anuncio. Este debe legislativo ha ocurrido cuando las formaciones progresistas gobiernan tanto en la Comunidad como en Madrid.

Por otro lado, y cerca de lograr el visto bueno de la cámara estuvo la Ley de Diversidad Familiar , una norma que para la vicepresidenta primera y consellera de Igualdad, Aitana Mas, debería ser la primera que se aprobara en la siguiente legislatura y ante un hipotética tercera alianza del bloque de izquierdas. 

Para la formación valencianista, una de las leyes que se ha quedado pendiente es la de Comercio Sostenible. La conselleria de Economía de Rafael Climent la tuvo como cuestión estratégica, pero al final no pudo ser. Sí que dejó vista para sentencia la de Cooperativas que contó con una amplia mayoría y el aplauso del sector. 

Fuera del calendario también ha quedado la de protección lumínica del medio nocturno.

Un apartado especial merecen las dos modificaciones de las leyes de carreteras y la de espectáculos para abolir la prostitución. El grupo socialista y, especialmente la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, quisieron llevar adelante una propuesta que retocaba algunos puntos de estas dos normas en un claro intento por mostrar su postura abolicionista contra la prostitución. Ni Compromís, ni Unides Podem aceptaron las formas y el fondo y dieron un no rotundo a la idea inicial de aprobar estos textos por lectura única. Las palabras gruesas que las diputadas de las tres formaciones se intercambiaron aún resuenan. Por último, apuntar que en el catálogo de dictámenes quedan otras cuestiones, pero eso ya se verá después del verano. 

CASO AZUD

Despedida y portazo

La décima legislatura tuvo su nota sorpresa y fue la aprobación de la comisión de investigación del caso Azud y «otros». El Botànic la estuvo parando hasta el último pleno, donde Compromís y Unides Podem lograron que esa coletilla les invitara a respaldar lo que para el PP fue un momento de gloria fugaz, pues la disolución de las Cortes dejó en el limbo un tema que está judicializado y que fue reiteradamente mencionado por una y otra bancada. El voto afirmativo de todos los grupos, salvo el socialista, sonó a portazo, aunque todo se puede olvidar tras el 28M.