El Botànic aprieta en campaña con el recurso del agua y las ayudas hipotecarias

El Ejecutivo valenciano ha calibrado los plenos del Consell hasta sintonizarlos con la campaña electoral. Aunque la portavoz del Gobierno, Aitana Mas, se ha esforzado en exponer una neutralidad formal en sus comparecencias, ayer quedó claro que el Diario Oficial también juega en estos comicios autonómicos que se prevén de un resultado muy ajustado para ambos bloques. 

Fuera del orden del día, la vicepresidenta confirmó que los servicios jurídicos ya trabajan en el recurso de reposición por el fallo del Tribunal Supremo sobre la petición de medidas cautelares ante el aumento de los caudales ecológicos en la cuenca del Tajo. «Es un tema de máxima prioridad. No es una sentencia que nos guste y, por lo tanto, tenemos argumentos para poder rebatir», contestó la portavoz a preguntas de este diario. Mas no entró en el fondo de la materia, pero sí precisó que el documento se presentará la próxima semana, última de la campaña electoral. 

Desde que se conociera el fallo del Alto Tribunal, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado en reiteradas ocasiones que el Consell va a recurrir un dictamen que ha dado alas al PP. Además, ha permitido que una materia tan sensible como el agua en la provincia de Alicante, que parecía desplazada por asuntos como la vivienda, la sanidad y la política fiscal, se haya vuelto a poner en el epicentro de los discursos. 

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El «mayor hachazo», término que utiliza Carlos Mazón para las medidas que se aprobaron en la Comisión del Agua por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, es un lema que el Botànic quiere combatir en estos últimos siete días, antes de que se deposite el voto en las urnas, y de que la maquinaria del Partido Popular llegue a los indecisos. La prudencia, que se exhibió para poner el recurso inicial, se ha desvanecido con el ruido de las urnas. 

En cuanto a los asuntos del orden del día, el Consell aprobó el decreto que da cobertura a las bases y condiciones para las ayudas directas hipotecarias. El Botànic dio ayer luz verde a un crédito ampliable de 6 millones de euros que están destinadas a facilitar a las familias cantidades que van desde los 300 a 600 euros por unidad familiar.  

La medida se presentó hace una semana; pero Aitana Mas informó ayer de que será la próxima semana, previsiblemente el jueves, cuando se abra el plazo para presentar las solicitudes, justo a 24 horas de que se cierre la campaña.  

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Cabe recordar que estas ayudas están destinadas a las personas físicas de colectivos vulnerables que tengan su residencia habitual y su domicilio fiscal en la Comunidad Valenciana. Además, es requisito que estén haciendo frente e un préstamo hipotecario con tipo interés variable formalizado antes del 30 de junio de 2022 y cuyo importe nominal concedido no sea superior a 240.000 euros. A partir de ahí, los interesados deben presentar la circunstancia de que la hipoteca represente el 40% de los ingresos brutos anuales inferiores o iguales a 25.200 euros, y superior al 50 % para ingresos brutos anuales inferiores o iguales a 33.600 euros y superiores a 25.200 euros. La Generalitat deja fuera a los morosos, pues hay que estar al día en el pago de la hipoteca, el IBI y la renta.

En esta materia, también la vicepresidenta catalogó de prioritaria la adaptación del decreto del Consell a la nueva Ley de la Vivienda, que el jueves aprobó el Senado, y confirmó que se trabaja en paralelo en el inventario de inmuebles de la Sareb. Vivienda ha dado carácter de urgencia a este estudio que permita clarificar cuántos pisos están en condiciones de poner en venta o alquiler social cuanto antes. 

Junto a la vivienda, el Gobierno autonómico incluyó la firma de cinco convenios con las universidades en materia de Igualdad y, si se baja al detalle, se incluyeron diferentes medidas para agilizar la presentación de documentación ante la Generalitat o abrir nuevas ventanas. Este hecho se produce justo el día después de que el PP presentara a la CEV en València su Plan Simplifica para eliminar burocracia ante la Administración.