Joaquín Melgarejo: «El agua desalinizada no es un sustitutivo del trasvase Tajo-Segura como quiere el PSOE»

Usted llega al PP como uno de los grandes expertos alicantinos en materia hídrica. ¿Cuál es su visión de la provincia? 

Más de dos tercios de la provincia sufre un déficit estructural de agua. Esto se recoge tanto en la planificación del Segura como en la del Júcar. La cuenca del Segura es absolutamente deficitaria. Este déficit estructural nos ha llevado a una sobreexplotación de los recursos porque hay unas demandas que cubrir en abastecimiento y regadío. También ha provocado planes de intento de corregir el déficit a través de la desalinización, los trasvases, los pozos de sequía y las aguas regeneradas. Pero el déficit sigue ahí.

¿Qué alternativas se contemplan en el PP a los trasvases?

El agua desalinizada es un recurso más para el PP, un recurso complementario a los existentes. No es un sustitutivo del trasvase Tajo-Segura, como pretende el PSOE. Es el objetivo que tienen desde la etapa de la ministra Narbona hasta la actualidad. Han querido establecer las desalinizadoras para cortar el trasvase. Para el PP esto no es así, lo vemos como un recurso más, necesario y complementario. En cuanto a las aguas regeneradas, son imprescindibles. Pero tenemos un margen muy pequeño de mejora en ese aspecto.

Estos días se ha mostrado muy crítico con la situación del trasvase Júcar-Vinalopó...

Ha llegado muchísima menos agua de la que estaba prevista. En 2018 y 2019 hubo cero trasvase. En cinco años de Gobierno del PSOE no se ha trasvasado ni el 5% del volumen total previsto. Esto genera una incertidumbre enorme. Es como si cuando vamos a la gasolinera no supiéramos si va a haber combustible o no ni a qué precio está. Nosotros queremos acabar con esa incertidumbre para los agricultores y para las actividades empresariales agrarias.

Ante este escenario, ¿qué les trasladan desde el campo? 

Los agricultores tienen muchos problemas. Uno de los más importantes es el que he mencionado de la incertidumbre. Otro es el del acceso a los recursos hídricos de cantidad, calidad y precio, que es su materia prima. Están muy preocupados porque esto afecta a sus rentas y a la estructura socioeconómica de la que depende su actividad agraria. El recorte previsto del Tajo-Segura significa una pérdida de valor patrimonial para toda la cuenca del Segura de entre 15.000 y 17.000 hectáreas que se dejarán de regar. Y lo que es más importante, 15.000 empleos que se pierden.

Otro sector que se ve afectado por esta situación, y que es uno de los más importantes en la provincia, es el del turismo...

Una de las cuestiones que hay que matizar en lo referente al turismo es que el presidente Mazón ha dejado bien claro que una de sus primeras medidas va a ser la de retirar la tasa turística. Estaba mal diseñada y ponía en aprietos a los alcaldes. La postura del PP está muy clara. Tenemos un modelo de sol y playa que hay que hacerlo todo lo eficiente que se pueda. En lo referente al agua, Benidorm, por ejemplo, cuenta con unas tasas de eficiencia superiores al 95%. Esto se debe a la estructura de la ciudad, compacta y vertical, que reutiliza y regenera los recursos que tiene.

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¿Cómo entronca todo esto con la emergencia climática? 

En la ciudad de Alicante tenemos un buen ejemplo de ello a escala internacional con el parque inundable La Marjal. Cuando se construyó, era el segundo que había en todo el mundo. Es una referencia. El problema de estas cuestiones es que son relativamente pequeñas para abordar los fenómenos extremos de inundaciones. Lo más importante es que este tipo de parques permiten recoger el agua y regenerarla para aprovecharla para otros usos, como pueden ser los de los baldeos de calles o la jardinería.

Más allá del agua, ¿cómo afecta a Alicante estar a la cola de las inversiones estatales? 

Lo que más afecta es en que esta cuestión determina si Alicante es un territorio inteligente o no lo es. Las infraestructuras y las inversiones del Estado son capitales para que la provincia aproveche sus oportunidades. En el caso de las infraestructuras, tenemos unas carencias extraordinarias, como la de la variante de Torrellano y la conexión del aeropuerto. No es de recibo que tenga más de 14 millones de viajeros anuales y no esté conectado por vía férrea. 

¿A qué se debe la apuesta que hace el candidato Feijóo por la Comunidad Valenciana? 

Es algo que está íntimamente ligado con la financiación autonómica y su repercusión en la provincia. Hemos subido dos escalones muy importantes, el municipal, con la Diputación, y el autonómico, con la victoria de Mazón. Falta un tercer escalón para unir a Alicante y la Comunidad Valenciana con el Gobierno. Es fundamental porque hay muchas decisiones que dependen del Ejecutivo central. La sensibilidad de Feijóo va a ser radicalmente diferente a la de Sánchez y su maltrato a la provincia.

¿Cuáles serán las medidas más urgentes que habrá que aplicar a partir del día 23?

La financiación es lo más urgente, porque afecta a todos los servicios, como la sanidad y la educación. También a las infraestructuras, como la conexión del aeropuerto o el Tren de la Costa. O el cambio del AVE a Chamartín. Hay situaciones que tienen fuerza porque se demuestran con números y otras, como la del AVE, que son simbólicas y reflejan el maltrato evidente a la provincia. Y en el tema del agua, que es el que más me concierne, hay que revisar los caudales ecológicos del plan hidrológico del Tajo. Es fundamental, porque estamos hablando de un daño extraordinario para la estructura productiva y social de Alicante. 

¿El pacto con la ultraderecha afectará al PP en las urnas? 

El que quiera que Feijóo tenga una mayoría suficiente para prescindir de cualquier tipo de pacto tiene que votar al PP. Si pretendemos desalojar a Sánchez de La Moncloa, la alternativa pasa por Feijóo. Si queremos algo, no tenemos que buscar sucedáneos en otras opciones políticas.