Gobierno y Consell chocan de nuevo por Miguel Hernández

La figura de Miguel Hernández ha sido motivo de un nuevo encontronazo entre el Gobierno central y el autonómico. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha pedido al Partido Popular que "se aclare" tras aprobar el Consell valenciano la nulidad de los sumarios judiciales del poeta oriolano Miguel Hernández, y que para ello retiren la ley de Concordia, que une "los 40 años de la dictadura y del totalitarismo" con la Segunda República. Por su parte, la consellera Salomé Pradas ha instado al propio ministro Torres a que explique si el Gobierno tramitará la petición de anular las sentencias que condenaron a Miguel Hernández y ha exigido al titular de Política Territorial y Memoria Democrática que “deje de jugar al escapismo” y responda “si va a cumplir lo solicitado por el Consell”.

La reacción del ministro a la decisión del gobierno de Carlos Mazón de aprobar una declaración institucional de apoyo a la petición de la familia del poeta por la que reclama al Gobierno de España que anule los sumarios judiciales que le condenaron primero a muerte y posteriormente a 30 años de prisión durante el franquismo ha sido la siguiente: "El PP de la Comunidad Valenciana se ha llenado de contradicciones, en unas administraciones votan contra, en otras se abstienen y ahora sale el presidente diciendo que está a favor. Primero que se aclaren".

Torres le ha reclamado a Mazón que no utilice a Miguel Hernández para sus "intereses partidistas" y le ha vuelto a instar a derogar la "mal llamada" ley de Concordia regional. Al respecto, el ministro ha señalado que la ley de Memoria Democrática de 2022 ya establece la nulidad de los procesos judiciales "injustos" y ha asegurado que el Ejecutivo ya ha entregado algunas declaraciones en las que "de manera expresa quedan nulos los juicios que condenaron de manera injusta a personas solamente por ser activistas", entre los que figura el poeta. Para Torres, Miguel Hernández fue "una víctima de la represión, una víctima de un golpe de Estado ilegítimo, ilegal" y una pérdida "irreparable" para el mundo de la "cultura, la espiritualidad" y para la Comunidad Valenciana y España en general.

El titular de Memoria Democrática ha recordado a Mazón que el PP en Castilla y León "hizo lo correcto" al retirar de la cámara autonómica el proyecto de ley de Concordia, promovido cuando gobernaban en coalición con Vox, y ha urgido hacer lo mismo en la Comunidad Valenciana si no se quiere "dificultar el trabajo" de las entidades memorialistas y "la reparación de la justicia y la verdad". "Defender la democracia, eso no son palabras, hay que demostrarlo luego con hechos y la primera razón para decir que alguien es democrático es rechazar contundentemente la ausencia de democracia, que eso se llama dictadura, totalitarismo y lo que sufrió España durante 40 años", ha proseguido en su explicación, lamentando que con la ley de Concordia valenciana "se retira la condena al régimen franquista".

En ese sentido, Torres se ha preguntado por qué Mazón "quiere tener un protagonismo" que "no necesita" al mantener una ley que "lo que hace es dificultar el trabajo de las entidades memorialistas", así como "el trabajo de la justicia, de la verdad", y le ha reprochado que la ley de Concordia "retire la condena a la dictadura franquista". "Yo lo que les pediría para que se aclararan (...) es que retiren la mal llamada ley de Concordia, que no aporta absolutamente nada, que lo que hace es unir los 40 años de la dictadura y del totalitarismo, de la ausencia de libertades, con la Segunda República, que fue un periodo democrático en el que los españoles y las españolas íbamos a las urnas y votábamos, cosa que no ocurrió durante los años de la dictadura franquista", ha agregado.

Por su parte, la consellera Pradas ha exigido al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática que “deje de jugar al escapismo y diga si el Gobierno va a cumplir lo solicitado por parte del Consell de Carlos Mazón”. La máxima responsable de Concordia le insta a que aclare si quedarán anulados los sumarios y sentencias judiciales que condenaron al poeta de Orihuela Miguel Hernández en 1942.

Salomé Pradas recalca que “el Gobierno de España debe contestar a si va a tramitar la solicitud de anulación de la condena a nuestro insigne poeta o piensa negarse y desentenderse de la petición del Consell de la Generalitat”. “Queremos saber qué va a hacer, cuándo y cómo. Todo lo demás es poner el ventilador y no ejercer la defensa de la memoria de Miguel Hernández, un proceso de reconocimiento que desde la Comunidad Valenciana si hemos activado a través de nuestra ley de Concordia”, afirma la consellera.

La máxima responsable de Justicia e Interior, departamento que incluye Concordia, hace hincapié en que el Consell velará de forma decidida por “la memoria de las víctimas valencianas que han sufrido violencia o persecución social, política, por parte de grupos terroristas o religiosa”.

Salomé Pradas resalta que, en esta línea, el Consell ha aprobado la declaración institucional para pedir la anulación de los sumarios que condenaron a Miguel Hernández. “Otros hablan, pero no hacen nada, como el gobierno del Botànic que no defendió la memoria de nuestro ilustre poeta durante sus ocho años del Consell”, apunta la consellera de Justicia e Interior, que insta al Gobierno de España a dar la cara y avanzar en esta misma línea.