La crisis de la vivienda: causas y medidas para su solución

La tormenta perfecta, la gran crisis o la emergencia total son algunas de las expresiones que se emplean para hacer referencia al grave problema de la vivienda por el que atraviesa España. El acceso a un hogar ha pasado a encabezar las listas de preocupaciones de la población y miles de personas están saliendo a las calles para reclamar una rebaja de los alquileres y medidas efectivas contra la crisis. Prueba de ello es que la manifestación celebrada el pasado día 13 en Madrid ha tenido réplica este fin de semana en la Comunidad Valenciana, con movilizaciones tanto en Alicante como en València.

Los expertos coinciden a la hora de señalar que los rescoldos de la crisis financiera de 2008 y la alta demanda que ha llevado a disparar los precios del alquiler son los dos grandes factores que han provocado la situación actual. Esta sintonía no se aprecia de la misma forma entre los partidos políticos, ya que las soluciones que plantean para dar respuesta a las peticiones de la sociedad están cada vez más distanciadas. A la izquierda del tablero político se apoyan las manifestaciones en las calles, en las que algunos ya empiezan a ver el germen de un movimiento similar al del 15M, aunque el PSPV-PSOE y Compromís, distanciados en su forma de hacer oposición al Consell de Carlos Mazón, no comparten las mismas recetas. Los del puño y la rosa ponen el acento en la necesidad de blindar las VPO mientras que la coalición valencianista reclama topar los precios de los alquileres y limitar los usos turísticos. Desde la derecha, en cambio, las prioridades pasan por las rebajas fiscales y la liberalización del suelo. La problemática, que no se ciñe únicamente a España, también está siendo abordada desde la Comisión Europea. Así lo demuestran hechos como la reciente creación de una nueva cartera de Vivienda y la puesta en funcionamiento de un Plan Europeo de Vivienda Asequible.

Sobre las causas que han llevado a la situación actual, la catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante Paloma Taltavull cree que se ha llegado hasta aquí por la escasez de oferta de vivienda provocada por la crisis financiera, que bloqueó el ciclo de edificación en los países desarrollados. «Durante la crisis la financiación para vivienda y construcción disminuyó drásticamente, lo que provocó que el mercado se reorientara hacia el alquiler en un 80 %, aumentando sus precios», explica la catedrática universitaria.

El Banco de España calcula que hacen falta unas 600.000 casas nuevas en el conjunto del país

El abogado Rafael Ballester, socio director del despacho Pérez Segura Asociados, coincide a la hora de situar en la crisis financiera de 2008 el origen del problema. «Las políticas de austeridad afectaron la producción de vivienda protegida en todas las comunidades autónomas», manifiesta. Ballester indica que la construcción de vivienda libre tampoco ha recuperado los niveles de la década de los noventa, lo que agrava la falta de stock disponible, a lo que hay que sumar la tensión en el mercado de alquiler. El abogado también hace alusión a los informes del Banco de España, que cuantifican el déficit a nivel nacional en unas 600.000 casas. 

Desde la asociación de promotores Provia, su secretario general, Jesualdo Ros, pone sobre la mesa otros factores para explicar la crisis, más allá de la falta de construcción de viviendas asequibles. Subraya, por ejemplo, la eliminación de las ayudas para VPO, algunas políticas autonómicas «fallidas» en la etapa del Botànic adoptadas por Podemos o que el 95 % de la oferta del alquiler esté en manos de particulares, «lo que complica la regulación del mercado». Ros incluso apunta a cambios en los hábitos sociales: «Se ha pasado de cuatro personas de promedio en un hogar a 2,5».

Medio plazo

Ante un problema de tanta magnitud, los expertos coinciden en apuntar que es prácticamente imposible que se alcancen soluciones en el corto plazo, en uno o dos años, y sitúan los posibles brotes verdes en una previsión de un lustro. «Cualquier medida que no incremente la oferta de vivienda será temporal», sostiene Taltavull, que considera que las ayudas al alquiler o el control sobre los precios no resolverán el panorama si no están acompañados por el aumento de la oferta. La catedrática aboga igualmente por la recuperación de los flujos financieros para que se recupere el mercado hipotecario y por incentivar el uso de las viviendas no ocupadas como otros pasos que se deben dar.

Aumentar la producción de casas también es una de las claves para revertir la situación actual, según expresa Ballester, que recalca que en los últimos «doce o trece años ha desaparecido gran parte del producto inmobiliario disponible». El abogado considera que «no hay suficiente producto en el mercado para satisfacer la demanda». Ros, por su parte, reclama el reglamento de vivienda protegida que anunció Mazón, ya que piensa que su aprobación permitiría el desbloqueo de unas 700 viviendas en la provincia. Otras de sus «soluciones» pasan por la financiación del Instituto Valenciano de Finanzas o la reducción de los costes asociados a la construcción, entre los que incluye los retrasos para obtener una licencia de obra. 

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Al respecto de todo esto, ¿cuál es la visión de los partidos políticos? Empezando por el Partido Popular, desde el Consell, la vicepresidenta, Susana Camarero, que cuenta con las competencias de Vivienda, pone en valor el «Plan Vive», con el que el gobierno de Mazón pretende impulsar la construcción de 10.000 viviendas en la actual legislatura. Para ello ya se cuenta con la participación de 260 ayuntamientos de la Comunidad Valenciana. Según ha anunciado Camarero esta misma semana, el Consell se compromete a que antes de que acabe el presente año estén licitadas las primeras 1.500 viviendas del total de 10.000.

Desde Vox, que hasta el pasado julio fue socio del PP en el gobierno autonómico, se reclaman medidas transversales para aumentar el poder adquisitivo, ya que en la formación ultra se considera que la «desaparición de la clase media» es uno de los factores que acentúan la crisis de la vivienda. Su diputado autonómico Miguel Pascual señala que desde Vox se oponen a poner topes a los precios y prohibiciones a los alquileres y hace un llamamiento a reducir la presión fiscal a las familias.

En el PSPV-PSOE la responsable del área de Vivienda en el grupo de las Cortes es María José Salvador. La exconsellera reclama «medidas contundentes» para favorecer la vivienda pública y garantías para asegurar los alquileres asequibles. En este sentido, habla de bonificaciones para los propietarios que limiten los precios. Salvador hace un llamamiento a movilizar el parque de viviendas vacías. «Muchas de ellas están en manos de los bancos y se pueden destinar a alquileres sociales», apunta la diputada socialista.

En cuanto a Compromís, se señala la vivienda turística como uno de los factores que acentúan la crisis. En esta línea, la diputada autonómica Maria José Calabuig cree que el decreto aprobado por el Consell es un simple «lavado de cara» y aboga por revertir los apartamentos turísticos a mínimos y limitar los precios del alquiler.