La oposición en las Cortes critica que se aplique la urgencia para modificar Fira Alacant

El PSPV, Compromís y Vox cuestionan que el Consell de Mazón plantee el decreto-ley en un periodo de sesiones dedicado a atender el daño de la dana

El jefe del Consell, Carlos Mazón, visitó este miércoles Fira Valencia

El jefe del Consell, Carlos Mazón, visitó este miércoles Fira Valencia / EP

Borja Campoy

Borja Campoy

El Consell ha llevado al pleno de las Cortes Valencianas el decreto-ley a través del que se modificarán y ampliarán los usos tanto de Fira Alacant como de Fira Valencia. El objetivo de esta iniciativa es el de que ambas instituciones feriales puedan acoger en sus instalaciones eventos relacionados con el ocio y la cultura, principalmente conciertos y festivales que en los meses de invierno sea necesario realizar bajo techo. Todo ello con el objetivo de contribuir a las sostenibilidad económica de las ferias y aportar al sector turístico de la Comunidad Valenciana, según la consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, encargada de plantear este miércoles el decreto-ley en sede parlamentaria. Tanto el PSPV-PSOE como Compromís criticaron fuertemente que el Consell plantee la modificación de las ferias por la vía de la urgencia, ya que sostienen que se ha acordado que este mes de enero la actividad de las Cortes se siga destinando exclusivamente a atender a las víctimas que dejó la dana que el pasado 29 de octubre asoló la provincia de Valencia. Vox negó este extremo, que se haya acordado dedicar enero únicamente a la atención de la riada pero, ahora en la oposición, también se mostró crítico con las prisas para aprobar el decreto-ley que afecta a las funciones que se le dan a Fira Alacant.

Merino defendió la modificación normativa para ampliar el uso de las instituciones feriales por su importancia para el tejido económico y social autonómico y por los desafíos que tiene que afrontar este sector, entre los que citó retos como la globalización y la transformación tecnológica y cultural y también hizo referencia a la pandemia. La consellera cargó contra le herencia recibida de manos del Botànic, al hablar de «deudas ocultas» y recintos en un estado precario de mantenimiento. Por todo ello, y sobre todo en busca de la rentabilidad, abogó por la diversificación en los usos de las ferias y su vinculación con el turismo, el ocio y la cultura. En cuanto al recurso del decreto-ley, justificó que permite acelerar el proceso de transformación de las ferias.

Rechazo en bloque

Expuestos los argumentos de la consellera, llegó el turno de la oposición, que criticó en bloque la urgencia con la que el equipo de gobierno aborda este asunto. El primero en hablar, en representación del PSPV-PSOE, fue el diputado alicantino José Díaz. El socialista acusó al Consell de hacer uso de esta herramienta para «evitar un debate político real», que considera que se encuentra en la continuidad del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Díaz criticó que el texto normativo no hace ni una sola mención a la dana, por lo que consideró que responde al «oportunismo político» y reclamó la retirada del decreto-ley para que se abra «un proceso de diálogo transparente y participativo». 

El hecho de que no haya menciones a la dana también fue uno de los argumentos de los que tiró el diputado de Compromís Vicent Granel para cuestionar la medida. El representante de la coalición valencianista denunció que el Consell se centre ahora en la búsqueda de espacios cerrados para la celebración de conciertos y festivales mientras las entidades culturales autonómicas se encuentran, a su juicio, abandonadas. Por último, planteó sus dudas sobre si se busca promover polos turísticos o «hacer negocio».

En cuanto a Vox la palabra la tomó el diputado Jesús Albiol. Aunque señaló que enero también se ha habilitado para continuar con el proceso legislativa, al margen de abordar los asuntos relacionadas con la dana, también se sumó a las críticas por la urgencia del decreto-ley. Por tanto, cuestionó que no se abordará en estrategias previas, como el Plan de Reindustrialización o la ley de Simplificación Administativa.

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