La paralización de la comisión de investigación sobre el polémico examen de la Diputación de Alicante inquieta a la oposición

Desde el 31 de marzo sólo se han celebrado dos sesiones y tanto el PSOE como Compromís acusan al gobierno provincial de no facilitar la información solicitada

El Palacio Provincial de la Diputación de Alicante / Héctor Fuentes

11 MAY 2025 6:00

Continúa la controversia alrededor del polémico examen convocado en la Diputación de Alicante el pasado 8 de febrero y que tuvo que ser suspendido al ser descubiertas una serie de respuestas aparentemente inducidas. La tensión procede de los intentos que, según los partidos de izquierdas con representación en la institución provincial, estaría llevando a cabo el PP para evitar proporcionar la información requerida.

En concreto, el PSOE y Compromís protestan, en primer lugar, por los retrasos en la celebración de sesiones. Según el decreto de la comisión, creada a instancias de los dos partidos de izquierdas y permitida por el PP, que gobierna con mayoría absoluta en la Diputación, las sesiones deben celebrarse cada lunes a las 13:00. Se da, en cambio, la circunstancia de que desde el 31 de marzo, cuando se celebró la sesión constitutiva, solo han tenido lugar dos reuniones: una la de la fecha citada y otra el 14 de abril.

Desde entonces ha habido acontecimientos que han hecho aplazar estas citas. El 7 de abril, por ejemplo, se celebró el Congreso de Transparencia de la Diputación, en el cual participaron diputados que forman parte de la comisión. El lunes 21 era día festivo, el 28 no se retomó la comisión y este día 5 tuvo lugar el pleno ordinario y una junta general de Proaguas que habría impedido convocar una nueva reunión.

Lo cierto es que el calendario no ha acompañado, pero esta no sería la única razón, según la izquierda, del retraso de las convocatorias. Pilar Díaz, presidenta de la comisión y diputada del PSOE, asegura que la información requerida sobre el examen no está siendo proporcionada al ritmo exigido. “Necesitamos la documentación de los exámenes, saber por qué unas preguntas estaban justificadas de una manera y otras de otra, quien dio la orden para hacer esto y quienes eran, si los había, los favorecidos por esta decisión”.

Díaz se refiere al justificado diferenciado de algunas preguntas del examen, que desde la oposición sospechan que servía para inducir respuestas correctas y fue el motivo por el cual la prueba para incorporar auxiliares administrativos a la institución provincial se tuvo que aplazar al 1 de marzo, cuando se celebró sin incidencias.

Otra queja de la presidenta de la comisión está relacionada con una diputada del PP, en concreto con María del Mar Sáez, vicepresidenta de la Diputación, diputada de Administración General y Hacienda y vocal en la comisión, a quien acusa de “entorpecer el proceso” y de “hacer uso de la comisión para bloquearla” junto a otros diputados del PP. Además, Díaz dice “no tener la seguridad de que la información que proporcionan no esté manipulada”, y apunta que “aunque el PP tiene la mayoría en la comisión”, en referencia a la composición interna, “la presidenta soy yo”. Y señala, a su vez, a los vocales del PP por propiciar aplazamientos de las sesiones de la comisión y por “dosificar” la información facilitada. Por último, Díaz apunta que si no ha vuelto a convocar más sesiones es porque “falta información por proporcionar”.

Desde Compromís redundan en esta crítica. El diputado y portavoz Ximo Perles considera que “el PP está obstaculizando de manera deliberada la investigación sobre la manipulación de los exámenes, agravando así el descrédito y la pérdida de confianza ciudadana que este escándalo provoca en la Diputación de Alicante”. Y añade que en el PP “hay carencia de voluntad para aclarar la verdad”.

Discrepancias

No hace la misma lectura el gobierno provincial, que asegura que la secretaria de la Diputación “está facilitando la información solicitada” y que “el expediente está abierto, al alcance de todo el mundo y en él se va colgando la información que nos piden”. Las mismas fuentes de la institución aportan también que “el equipo jurídico de la Diputación valora si se puede facilitar parte de la información solicitada debido a su especial protección por motivos de confidencialidad”, así como que “los funcionarios trabajan intensamente en reunir y trasladar la documentación” y que la información que falta por proporcionar “se está elaborando”. Respecto a las alusiones a María del Mar Sáez, advierten que no entran a !rebatir o comentar valoraciones de tipo personal”.

En Vox, por último, tampoco hacen la misma interpretación que la izquierda. La diputada Gema Alemán, también vicepresidenta de la comisión, indica que “el proceso de investigación sigue en curso” y que “se está recabando información de manera amplia que clarifique los hechos. En todo caso”, añade, “la transparencia debe marcar el camino y estamos a la espera de la próxima convocatoria”.