Resistencias entre los empresarios ante la batalla política de Mazón contra el Gobierno por el FLA

Cunde el malestar, cuando no directamente el hastío, entre los empresarios ante la perspectiva de verse envueltos en una nueva jugada política del Consell de la Generalitat contra el Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo que preside Carlos Mazón ha convocado para mañana a un grupo todavía no determinado de empresarios que son proveedores de la administración autonómica para un acto que tiene mucho de presión, de carácter político, al Gobierno central, en este caso por la campaña en la que está inmersa el Consell desde hace días a cuenta del dinero que exige al Estado por el denominado extra FLA.

Se trata de un fondo que compensa el déficit del año anterior (de 2.500 millones en el caso valenciano) y que alivia a la Generalitat en el pago de sus deudas con las empresas que les suministran servicios y productos y que este año no ha sido activado todavía por el Ministerio de Hacienda. Los empresarios se resisten a ser utilizados, según las diferentes fuentes consultadas por este diario en ese colectivo.

Invitados

A la espera de que la Generalitat comunique a quién ha invitado este jueves al Palau, a estas horas hay muchas dudas entre los empresarios sobre quiénes asistirán a la cita, bien porque no han sido llamados o porque, aún siéndolo, no podrán acudir. Obra pública, formación, residencias de la tercera edad, transporte, autónomos son algunas actividades que han recibido la llamada. Pero desde el mundo empresarial aseguran que no quieren "entrar en estas cuestiones". Es decir, verse atrapados en una jugada política, de la que, no obstante, sí comparten el fondo, porque la infrafinanciación autonómica, muy unida a ese déficit que anualmente registra la Generalitat, es una de las más longevas reivindicaciones de los patronos valencianos.

En todo caso, como afirmaba a este diario el dirigente de una importante federación sectorial, "la impresión es que nos quieren utilizar, que no pagan a los proveedores por culpa del Gobierno central". Lo cierto es que el Consell, con su vicepresidenta Susana Camarero en cabeza ha salido al ataque contra Sánchez para exigir el libramiento de esos pagos y denunciar una "asfixia" financiera y económica intencionada del Ejecutivo central que va más allá del extra FLA.

Aun así, incluso aunque se hubiera aprobado en los plazos habituales, las comunidades autónomas no pueden echar mano del extra FLA hasta el 30 de junio, por lo que las tensiones actuales de tesorería que denuncia la Generalitat serían las mismas a estas alturas del ejercicio. Conviene recordar que el año pasado, con el extra FLA aprobado en tiempo y forma, el Consell también admitió serios problemas de tesorería para pagar a sus proveedores y ya hablaba de "asfixia".

En aquella ocasión achacó las tensiones a la no actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación, que implicaba recibir unos 90 millones menos al mes, mientras omitía dos adelantos autorizados por el ministerio por valor de 1.400 millones de euros.

El Consell viene reprochando, además de que no se abra el melón de la reforma del sistema de financiación o la negativa a impulsar mientras tanto el fondo de nivelación, la falta de apoyo del Gobierno con la dana. Sobre todo, que no se hayan activado ayudas a fondo perdido como a los ayuntamientos sino sólo autorizaciones al endeudamiento (que no computan a efectos de regla de gasto).

Los efectos de la riada y las ayudas desplegadas por el Consell de Mazón, que ha hecho del ritmo de pago otro frente político contra Pedro Sánchez, pueden haber influido en la delicada situación de la caja, pues estas subvenciones deben pagarse con 'cash', según señalan fuentes conocedoras de la situación.

Meses sin cobrar

Pero los patronos creen que la Generalitat "debe hacer sus reivindicaciones de forma autónoma como políticos, pero no utilizando a la sociedad". Otro de los empresarios consultados añade que a la par que pide pagos del FLA al Ejecutivo central, el Consell de Mazón reduce su capacidad de ingresos como hizo recientemente con la supresión de la ecotasa a la central nuclear de Confrentes, en beneficio de Iberdrola, que supondrá 14 millones menos al año para las arcas públicas.

En este sentido, la citada fuente explica que hay sectores de actividad que trabajan para la Generalitat que llevan meses sin cobrar y sin que el Consell quiera reunirse con ellos para tratar de esa deuda. "Les pedimos reuniones y las rechazan todas y van ahora y nos piden que vayamos a un acto político para obtener la foto de la sociedad valenciana arropando al Consell contra el Gobierno".

Desde la izquierda también se viene criticando esta doble faceta del Consell. Denuncian que las rebajas fiscales "a los más ricos" detraen recursos propios mientras se "victimizan" ante el Gobierno central. La propia Camarero defendió este martes que "nada tiene que ver la liquidez con la fiscalidad", ya que mientras "una permite pagar a proveedores, la otra permite ahorro a los ciudadanos".