El Consell aprobó la subvención a la Cámara de Comercio de Alicante afirmando que era la dueña de la sede del puerto cuando la tiene arrendada pero el convenio sí que habla de alquiler

La partida de 1,5 millones de los presupuestos de la Generalitat destinada a la nueva sede que la Cámara de Comercio de Alicante ha venido construyendo sin licencia el edificio Panoramis ha contado con protagonismo en el pleno de las Cortes celebrado este jueves. Ello se ha debido a la denuncia del diputado alicantino del PSPV-PSOE José Díaz, que ha llevado al parlamento autonómico el acuerdo del Consell del 7 de mayo de 2024 en el que se autoriza la subvención para las obras de la entidad que preside Carlos Baño partiendo del hecho de que los locales de su nueva sede en Panoramis son de su propiedad cuando en realidad los tiene alquilados por 40.000 euros al meses a Digital Corner S.L, concesionaria del inmueble hasta septiembre de 2043. 

Aunque en el acuerdo del Consell del 7 de mayo de 2024 se dice textualmente que la finalidad es "financiar parte de los gastos de las obras de adecuación de locales de su propiedad", desde la Conselleria de Hacienda y Economía se matiza que en el convenio sí que se habla de "apoyar a la Cámara de Comercio de Alicante en la financiación de las obras de adecuación de los locales arrendados", por los que la entidad acordó abonar cerca de medio millón de euros al año.

“¿Qué medidas de control ha implementado la conselleria para asegurar la legalidad y transparencia en la concesión y ejecución de la subvención de la Cámara de Comercio de Alicante, considerando las irregularidades detectadas y los posibles conflictos de intereses?”, es la pregunta textual que el diputado socialista ha trasladado a la consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino. 

La Cámara de Comercio de Alicante se aviene a no utilizar la planta que construyó de más

Sin mencionar siquiera la falta de la preceptiva de licencia de obras ni el hecho de que la Cámara haya edificado una planta fuera de ordenación, que el Ayuntamiento le ha comunicado que se tiene que eliminar, la representante del Consell ha dedicado su intervención en las Cortes a justificar el convenio, basándose para ello en que cumple con todos los informes preceptivos.

El núcleo de la denuncia de Díaz ha girado en torno a que el Consell otorgó una subvención de 1,5 millones para las obras en unos locales que decía que eran de su propiedad, cuando es obvio que no lo son al tratarse de un suelo de dominio público.

Ayuda directa

Este hecho ha llevado al socialista a acusar al equipo de gobierno de Carlos Mazón, en excedencia como director gerente de la Cámara, de mentir conscientemente para camuflar una ayuda directa e interesada como una subvención institucional. “Esto no es un desliz, es una falsedad administrativa consciente. Sabían perfectamente que los locales no son propiedad de la Cámara”, ha manifestado el diputado alicantino.

Esto no es un desliz, es una falsedad administrativa. Sabían que los locales no son propiedad de la Cámara

José Díaz

— Diputado del PSPV-PSOE en las Cortes

El objetivo de la subvención, según su denuncia, busca revalorizar el inmueble con dinero público. También ha criticado que se realizara una “tramitación exprés”, ya que ha relatado que “la petición, los informes y la firma del convenio se hicieron en solo siete días”, antes de apuntar que la “Modificación del Plan Estratégico de Subvenciones se aprobó el día anterior al acuerdo del Consell”. Otra irregularidad que ha señalado Díaz es que se pretende mantener en vigor un convenio “caducado e improrrogable”, al tiempo que ha recordado que “el local transformado cuenta con una planta ilegal, sin licencia” que “el Ayuntamiento ha ordenado su demolición”.

Baño construye la nueva sede de la Cámara de Comercio de Alicante sin licencia y con dinero público

La denuncia del diputado Díaz ha dado paso a las acusaciones de carácter político, apartado en el que ha señalado a Mazón por incurrir en un conflicto de intereses, ya que “tiene su despacho profesional en excedencia en ese local”, lo que ha llevado al PSOE a pedir de nuevo la dimisión del presidente de la Generalitat. “Esto es un fraude de ley, una potencial malversación. Esta forma de gobernar no es nueva, da igual que sea Mazón, Camps o Zaplana. Si Mazón tuviera un mínimo de ética no firmaría subvenciones, firmaría su dimisión”, ha finalizado el alicantino su intervención desde la tribuna de las Cortes, antes de dar turno de réplica a la consellera Merino.

Informes preceptivos

Como ha venido haciendo en las últimas semanas, la titular de Hacienda ha defendido que el convenio con la entidad que preside Carlos Baño cumple con todos los informes preceptivos, como el informe del centro director, el del centro de convenios, el de la Abogacía General, la memoria económica o la fiscalización de la Intervención, que también audita los fondos europeos. En cuanto al retraso que sufrieron las obras, Merino lo ha achacado a demoras con los proveedores a consecuencia de la dana que asoló la provincia de Valencia el pasado octubre, citando en este contexto a una empresa de Massanassa.

En la época del Botànic no había tanto control porque el dinero acababa en manos del entonces presidente

Ruth Merino

— Consellera de Hacienda y Economía

A lo largo de su intervención, la consellera ha mostrado su extrañeza con el hecho de que el PSOE “quiera generar ahora tanta alarma” cuando la primera línea presupuestaria “apareció el 30 de octubre de 2023” y ha finalizado su discurso retrotrayéndose a la etapa del Botànic, en la que, según Merino, “no había tanta preocupación ni control porque el dinero acababa en familiares del entonces presidente”, en alusión a Ximo Puig.

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