La Diputación de Alicante aplaza a 2027 obras del Plan Planifica y desata las críticas por el retraso
El equipo de gobierno defiende que se trata de un ajuste técnico de anualidades mientras PSOE y Compromís denuncian la lentitud y la falta de planificación en la ejecución del proyecto
Una de las obras en la provincia que son financiadas por la Diputación de Alicante / INFORMACIÓN
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La Diputación de Alicante ha aprobado un nuevo reajuste financiero del Plan Planifica, el programa provincial de cooperación en infraestructuras municipales, que mueve parte de las inversiones previstas para 2025 y 2026 al ejercicio de 2027, marcado por las elecciones municipales y, salvo novedad, por las autonómicas. En total, el decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia, firmado por el presidente, el popular Toni Pérez, afecta a 38 obras repartidas por distintos municipios, sin alterar la cuantía total de las ayudas ni el porcentaje de subvención provincial.
Según el documento, se trata de adaptar la financiación “a la ejecución real de cada obra”, reduciendo las partidas de 2025 y 2026 en 682.000 y 14 millones de euros, respectivamente, y aumentando en 14,7 millones el presupuesto asignado para 2027. La modificación, que ahora se somete a información pública durante diez días, no incorpora obras nuevas ni supone más gasto, sino una redistribución del calendario de pagos en función del avance de los proyectos. Entre los municipios incluidos figuran Alicante, Torrevieja, El Campello, Santa Pola, l’Alfàs del Pi o San Vicente del Raspeig, junto a varios de menor tamaño en todas las comarcas.
Desde el gobierno de Toni Pérez aseguran que "se ajusta la financiación de las obras pendientes a la previsión de ejecución real"
Fuentes del equipo de gobierno provincial explican que el Planifica es un plan plurianual y que el ajuste responde a un criterio estrictamente técnico y de planificación presupuestaria. “Lo que se hace es ajustar la financiación de las obras pendientes a la previsión de ejecución real. Antes de aprobar el presupuesto de 2026, se revisa qué proyectos van a poder ejecutarse y cuánto se va a gastar realmente. No tiene sentido presupuestar más dinero del que luego no se va a utilizar”, señalan desde el equipo de gobierno, que insisten en que el movimiento de fondos “no afecta al ritmo de ejecución ni reduce la inversión comprometida con los ayuntamientos”.
Críticas
Desde el grupo socialista, la diputada Isabel López considera que la medida “es la prueba de que la gestión del PP no funciona”. “Esta es la herencia que Mazón ha dejado a la provincia de Alicante y un ejemplo de gestión del PP que no funciona. La Diputación tiene pendiente ejecutar el 33 % de las obras que se comprometió a hacer directamente, de su plan estrella, que a día de hoy debería estar finiquitado. Pierden los pueblos y pierden las empresas”, denuncia.
“Estas obras deberían haberse ejecutado ya pero en lugar de hacerlo se aplazan hasta 2027”
López califica la modificación de crédito como “un suma y sigue de todos los despropósitos en la manera de actuar de la Diputación”. “Estas obras deberían haberse ejecutado ya, pero en lugar de hacerlo, se aplazan hasta 2027, demostrando una falta total de planificación, previsión y compromiso con los municipios”, añade la diputada socialista, que reprocha además al equipo de gobierno que haya tomado la decisión “por decreto, sin contar con la opinión ni la participación del resto de grupos políticos”.
En la misma línea, el portavoz de Compromís en la Diputación, Ximo Perles, afirma que “esto básicamente es lo que hemos denunciado millones de veces, que el Plan Planifica está muy encallado y se van haciendo modificaciones cada dos por tres para poder adaptarse al retraso que llevan”. “Es una vergüenza que casi en 2026 un plan que debería estar terminado en 2023 siga teniendo tantas obras pendientes y que su ejecución total roce el 60 %, que todavía falte un 40 %. No hay ninguna otra diputación con esos parámetros de ejecución”, critica el portavoz valencianista.
Varias prórrogas
El Plan Planifica, aprobado en 2020 y concebido inicialmente para el periodo 2020-2023, es el principal programa de inversiones de la Diputación de Alicante para financiar infraestructuras municipales de competencia local. Dotado con más de 160 millones de euros, fue presentado como la gran herramienta de cooperación con los ayuntamientos y como el motor de modernización de los equipamientos básicos en los municipios alicantinos.
“Es una vergüenza que un plan que debía acabar en 2023 siga pendiente casi en 2026”
Su ejecución, sin embargo, se ha prolongado en varias ocasiones, achacándolo a la complejidad administrativa de los proyectos y a la subida de costes en los últimos años. A las prórrogas se han sumado reajustes financieros como el ahora aprobado para adaptar los pagos al ritmo real de las obras y a las nuevas previsiones presupuestarias. En algunos municipios, las actuaciones se encuentran ya terminadas y pendientes solo de liquidación o de revisiones de precios, mientras otras continúan en fase de ejecución o de licitación.
El Consejo Económico y Social reúne a los sectores productivos
El Consejo Económico y Social de la Provincia de Alicante ha celebrado este jueves una nueva sesión ordinaria en la que se ha continuado dando voz a los principales colectivos y sectores del territorio con el objetivo de avanzar en un diagnóstico común que permita impulsar acciones para el desarrollo socioeconómico y cultural de la provincia.
La reunión, presidida por la vicepresidenta primera de la Diputación, Ana Serna, ha contado con la participación de representantes de Concapa, la Autoridad Portuaria de Alicante, los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen, Asaja y la Federación de Cofradías de Pesca.
Durante el encuentro se han abordado cuestiones como la salud mental en la infancia y la adolescencia, las previsiones de crecimiento del Puerto de Alicante, los retos del campo alicantino ante los recortes del trasvase Tajo-Segura, el peso económico y cultural de las siete Denominaciones de Origen de la provincia o las demandas del sector pesquero, afectado por la reducción de días de faena y la falta de ayudas.
Tras las intervenciones de los distintos colectivos, los miembros del Consejo han expuesto sus valoraciones y aportaciones, que deberán presentar también por escrito en las próximas semanas, dentro del calendario de trabajo previsto.
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