Pérez Llorca aparta a Rovira de Educación y le encomienda Hacienda

Cambio de competencias, y no cualquiera. Aunque se había especulado con su posible salida del Consell, José Antonio Rovira (San Vicente del Raspeig, 1962) se mantendrá en el ejecutivo autonómico dejando atrás su etapa al frente de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, que arrancó con la llegada de Mazón a la Generalitat a mediados de 2023, y situándose a partir de ahora, con Pérez Llorca a los mandos del Consell, al frente de Hacienda, Economía y Administración Pública. Esta última competencia la incorpora de la Conselleria de Justicia, liderada por Nuria Martínez, que se mantendrá en el cargo. No lo hará la hasta ahora titular de Hacienda y Economía, Ruth Merino, la única consellera que deja el gobierno tras la reestructuración de Pérez Llorca, que da lugar al quinto Consell del mandato.

Con estas competencias, Rovira tiene el reto ahora de ejecutar las rebajas fiscales que el presidente Juanfran Pérez Llorca anunció en el debate de investidura del pasado jueves. El entonces candidato propuso la ampliación de un 50 % de todas las deducciones autonómicas aprobadas desde 2023 para el IRPF en la Comunidad por ir al dentista, comprar gafas o pagar cuota de gimnasio.

Además, anunció una segunda ley de simplificación administrativa, que según explicó se presentará en un plazo de 30 días. El nuevo presidente también se comprometió con Vox, partido que garantizó su investidura, a bajar el impuesto de patrimonio, el de la vivienda, y subir a mayores rentas las deducciones por gastos sociosanitarios.

A falta de concretar cantidades, Rovira será ahora el encargado de diseñar estas políticas como responsable de Hacienda y Economía. Medidas que ya se llevaron a cabo en la etapa presidencial de Mazón y que ahora, con Llorca al frente del Consell, Rovira tendrá que profundizar.

También será el representante del Consell en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde las comunidades y el Gobierno central debaten asuntos como la renovación del sistema de financiación y la posible condonación de la deuda.

Así, con el cambio, Rovira pasa de gestión una conselleria con unos 7.500 millones de euros de presupuesto a un área con 771,8 millones de euros de presupuesto, incluyendo una partida de 320 millones para efectos de la dana.

Una nueva etapa

El nuevo conseller de Hacienda deja atrás su controvertida etapa al frente de Educación, Cultura, Universidades y Trabajo, donde su trabajo destacó, precisamente, por la falta de consenso con el sector. Su medida más trascendente fue la consulta lingüística establecida en colegios e institutos para que los padres eligieran castellano o valenciano como “lengua base” en la que sus hijos debían recibir las clases.

La propuesta no gustó a las entidades defensoras del valenciano ni contó con el respaldo pedagógico esperado, provocando una movilización que desembocó en un más votos a favor del valenciano (en el conjunto de la Comunidad) por parte de las familias que participaron en este referéndum.

También en materia lingüística, Rovira se desmarcó públicamente de los criterios de la Acadèmia Valenciana de la Lengua, órgano estatutario que vela por la normativización de la lengua cooficial, que discrepó de las políticas del Consell y al que el nuevo presidente ha dado su respaldo.

En el ámbito educativo, Rovira también se encargó de anular el acuerdo de plantillas que aprobó el Botànic y que preveía reforzar el profesorado con la incorporación de nuevos profesores. Una medida que fue recurrida ante la justicia y que el Tribunal Superior de Justicia tumbó, obligando a la conselleria a través de una sentencia a contratar a 1.900 profesionales y que, según los sindicatos de la enseñanza, el Consell ha intentado “dejar sin efecto”.

Más polémicas

También en cuanto a recortes, las Escuelas Oficiales de Idiomas protestaron por la rebaja de docentes en sus centros, medida que acabaron rectificando parcialmente (con menos recortes de los esperados) tras diversas protestas en estas instalaciones.

Otra de las polémicas relacionadas con la educación se dio tras la dana de la provincia de Valencia, ocurrida el 29 de octubre de 2024, que provocó 230 muertos y que acabó costando la presidencia a Carlos Mazón un año después de los hechos. Procede del protocolo de emergencias en centros educativos ante fenómenos como la dana, que contempla a que los centros confinen a los alumnos en caso de alerta roja y que genera rechazo entre el profesorado, ya que consideran que estas medidas deben ir a cargo de la administración local y de servicios especializados.

Esta semana, Rovira ha sido protagonista por su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana. "No tenemos competencias en Emergencias". "No teníamos la información adecuada". Son los dos relatos a los que se abonó el aún conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, protagonizando un ejercicio de equilibrio político donde admitió errores como paraguas para una negación de la responsabilidad y un descargo de la misma a ayuntamientos y Delegación del Gobierno.

Rovira reconoció en la comisión que no fue acertado irse a su casa en Alicante la tarde de la dana. Según consta en el registro de su coche oficial, a las 12:53 tomó la decisión de irse a Sant Vicente del Raspeig ya que tenía "compromisos personales". “Fue errónea [la decisión de irse a casa]. Pero si hubiera tenido la información que debería, aseguro que no me habría marchado”. Esta frase, aunque implica un reconocimiento, viene con un descargo inmediato, pues sitúa la raíz del problema no en su criterio, sino en: el "apagón informativo" del Gobierno.

Y Medicina

En clave alicantina, Rovira destacó por el respaldo de la Generalitat ante el recurso que la Universidad Miguel Hernández (UMH) presentó contra la decisión del Consell en 2022 (en la etapa del Botànic) para autorizar la implantación del grado de Medicina en la Universidad de Alicante (UA). Finalmente, tras meses de tensión, hubo acuerdo entre las tres partes.

Esta decisión fue rechazada incluso por los ayuntamientos de Alicante y de San Vicente del Raspeig, ambos con el PP en la alcaldía, y el TSJ acabó acreditando que la UA pudiera recuperar los estudios de Medicina.

Mari Carmen Ortí Ferre, inspectora de Educación y directora de la Universidad Popular de la Universidad de Valencia, tomará el relevo de Rovira en sus anteriores funciones.

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