El problema de la vivienda a debate en la UA: estas son las recetas de los partidos

El acceso a la vivienda, convertido ya en uno de los principales factores de desigualdad entre generaciones, protagonizó este miércoles el debate en la Universidad de Alicante. El Salón de Actos del Aulario 2 de la UA reunió a los representantes del PP, PSOE, Compromís y Vox para confrontar propuestas en torno a un problema que condiciona la vida académica y profesional de miles de jóvenes en la Comunidad Valenciana.

Convocados por el Consejo de Estudiantes (CEUA), y bajo la moderación de Juan Vizuete, Sandra Pascual, diputada nacional del Partido Popular; Bruno Radermecker, concejal del PSOE en San Vicente del Raspeig; David Muñoz, diputado autonómico de Vox; y Àgueda Micó, diputada nacional de Compromís, expusieron su diagnóstico acerca de la situación. Todos los representantes coincidieron en la gravedad del problema, pero cada uno expuso una forma diferente de abordarlo. La falta de oferta, la regulación del mercado del alquiler, el papel de los pisos turísticos o la coordinación entre administraciones centraron gran parte del encuentro.

Diagnósticos con matices

La representante del Partido Popular, Sandra Pascual, situó el origen de la crisis en la "escasez estructural de vivienda disponible" y en un marco normativo que, a su juicio, disuade a los propietarios de sacar inmuebles al mercado. Pascual explicó que, según los cálculos del Banco de España, "faltan alrededor de 700.000 viviendas" y subrayó que el proceso para transformar suelo en vivienda terminada "se prolonga más de una década". Pascual defendió que la Generalitat ha elevado la vivienda a rango de vicepresidencia y sostuvo que su partido apuesta por "reducir trabas, reforzar la seguridad jurídica y permitir que la oferta crezca de verdad", gracias a medidas como el Plan Vive.

Cuando obtener una licencia de obra puede tardar meses y urbanizar un suelo años, la juventud no puede esperar

Sandra Pascual

— Diputada nacional del Partido Popular

Por su parte, Bruno Radermecker, concejal del PSOE en San Vicente, tachó la situación de "dramática" y lamentó que la juventud se vea obligada a condicionar decisiones vitales, desde elegir estudios hasta aceptar un empleo, por culpa de unos precios de la vivienda. Defendió que el mercado "no se regula solo" y que, en contextos como el de Alicante, es necesaria una intervención decidida. "Tenemos herramientas legales para declarar zonas tensionadas y ajustar los precios del alquiler; la Comunidad Valenciana debería activarlas", apuntó Radermecker, que intervino en lugar de Víctor Camino, diputado socialista en el Congreso y secretario general de las Juventudes Socialistas, que no pudo acudir por cuestiones de agenda.

Desde Compromís, Àgueda Micó planteó un diagnóstico más estructural. Aseguró que el problema no se resolverá mientras la vivienda se trate como "un activo especulativo". Consideró imprescindible limitar precios, intensificar la fiscalidad sobre grandes tenedores y recuperar vivienda destinada actualmente a usos turísticos o financieros. "No es que no haya vivienda, es que está en manos que no priorizan su función social", sostuvo Micó.

La vivienda se trata como un activo especulativo. No es que no haya vivienda, es que está en manos que no priorizan su función social

Águeda Micó

— Diputada nacional de Compromís

El diputado autonómico David Muñoz, de Vox, centró su intervención en la necesidad de "una respuesta rápida y coordinada", pero rechazó cualquier política que implique intervenir precios o restringir el mercado. Para Muñoz, la prioridad debe ser restaurar la seguridad jurídica y agilizar los planes de vivienda. "Si los propietarios no sienten garantías, la oferta disponible seguirá reduciéndose", afirmó Muñoz.

Aumentar la oferta, pero con modelos contrapuestos

La discusión sobre cómo aumentar la oferta de vivienda marcó buena parte del encuentro. Pascual defendió que la principal palanca es la construcción, con medidas que aceleren trámites y reduzcan costes. Señaló que su partido propone rebajas fiscales, como la reducción del IVA para vivienda nueva, y citó los plazos administrativos como una barrera clave. "Cuando obtener una licencia de obra puede tardar meses y urbanizar un suelo años, la juventud no puede esperar", apuntó Pascual.

Radermecker coincidió en la necesidad de generar más vivienda, pero insistió en que debe ser pública o estar protegida para evitar que vuelva al circuito especulativo. Recordó que el Plan Vive prometió miles de viviendas, "pero no se ha entregado ninguna", y denunció que algunas promociones públicas proyectadas tengan precios equiparables a los de la obra privada.

Tenemos herramientas legales para declarar zonas tensionadas y ajustar los precios del alquiler; la Comunidad debería activarlas

Bruno Radermecker

— Concejal del PSOE en San Vicente del Raspeig

Micó replicó que confiar en nuevas promociones no resuelve la urgencia del problema, dado que "una vivienda tarda años en construirse". La diputada de Compromís pidió priorizar la recuperación de inmuebles ya construidos, intervenir los pisos turísticos y reforzar el tanteo y retracto para ampliar el parque público de forma inmediata.

Para Muñoz, construir es esencial y debe combinarse con colaboración privada. Criticó que "el suelo municipal quede bloqueado durante años" y defendió que los ayuntamientos deben ponerlo en circulación mediante concursos claros y rápidos.

Regular o no los precios del alquiler

El control del precio del alquiler fue el punto donde las diferencias quedaron más marcadas. El PSOE sostuvo que la ley estatal permite activar zonas tensionadas en municipios con precios disparados y que es "una herramienta necesaria" para contener la escalada. Compromís fue más allá y consideró imprescindible limitar precios y acompañarlos de mayor presión fiscal sobre grandes tenedores. Micó insistió en que las ayudas directas al alquiler "son insuficientes si no se actúa sobre el origen del problema".

Ningún propietario pondrá en el mercado una vivienda si percibe inseguridad jurídica o un control rígido sobre los precios

David Muñoz

— Diputado autonómico de Vox

En el extremo opuesto, PP y Vox rechazaron cualquier intervención de este tipo. Pascual afirmó que los topes "expulsan vivienda del mercado" y generan más incertidumbre en los propietarios que quieren poner su vivienda en alquiler. Muñoz advirtió de que, sin seguridad jurídica, "ningún propietario está dispuesto a alquilar a precios regulados".

Responsabilidades autonómicas y municipales

Las discrepancias se ampliaron al hablar del papel de la Generalitat y los ayuntamientos. El PSOE criticó que la Generalitat no haya desarrollado vivienda pública ni activado zonas tensionadas, mientras Compromís señaló que el Ayuntamiento de Alicante mantiene paralizados proyectos en materia de vivienda pública anunciados y exigió frenar los pisos turísticos ilegales.

El PP defendió que el Consell sí ha puesto en marcha medidas y pidió que el Gobierno central "no bloquee leyes aprobadas en el Senado" que, según aseguró, podrían agilizar la construcción y ampliar el parque disponible. Vox reclamó una coordinación efectiva entre Estado, Generalitat y ayuntamientos para "evitar duplicidades y acelerar los procedimientos".

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