¿Qué se juega Alicante en la reforma de la financiación? Servicios públicos, deuda y la pelea por la inversión

Alicante no aparece en los cuadros de Hacienda cuando se habla de financiación autonómica, pero el resultado de la reforma se medirá, en la práctica, en un termómetro muy local: cuánto margen tiene la Generalitat para sostener y mejorar la sanidad, la educación y la atención a la dependencia en la provincia. La discusión no es solo un reparto de dinero entre territorios, es la capacidad real de sostener los servicios públicos que más pesan en la vida cotidiana.

El profesor de la Universidad de Alicante (UA) y miembro del Instituto de Economía Internacional Julián López MIlla lo resume con una idea central: “Alicante, como parte de la Comunidad Valenciana, se juega la columna vertebral de los recursos de los que depende la administración autonómica para la prestación de sanidad, educación o atención a la dependencia”. López insiste en que la aspiración mínima es clara. “Al menos alcanzar la media por habitante”, porque ahora la Comunidad recibe “recursos muy por debajo” de ese umbral. En su lectura, la reforma no debería quedarse en una contabilidad fría: “No es solo un reparto de dinero, es la financiación de los principales servicios públicos”.

La financiación autonómica sostiene sanidad, educación y dependencia, es la columna vertebral de Alicante

Julián López Milla

— Profesor de la UA y miembro del Instituto de Economía Internacional

El planteamiento conecta con el diagnóstico más repetido. El actual modelo, que el Gobierno pretende actualizar pese al rechazo inicial de todas las comunidades salvo Cataluña, ha dejado a la autonomía en la parte baja de los ingresos por habitante, condicionando la prestación de servicios. Para Alicante, el efecto se filtra a través del presupuesto autonómico. Más o menos recursos en la Comunidad se traducen en más o menos capacidad para sostener plantillas, infraestructuras educativas o políticas de dependencia.

López añade un matiz que empuja el debate más allá del “flujo” anual de financiación, la huella acumulada. “Lo primero es resolver el problema del modelo, porque del modelo depende el flujo anual” para los recursos públicos, pero la infrafinanciación ha dejado dos consecuencias: “Los peores servicios públicos porque recibíamos menos dinero” y “la acumulación de deuda para compensar esa falta de recursos”. Hoy, admite, el contexto de tipos bajos y el aval del Estado puede amortiguar el debate, pero advierte de que la deuda “existe” y que una subida de tipos “generaría un coste muy elevado” en el balance autonómico.

Empantanar la situación dos o tres años perpetuaría la discriminación y debilitaría los servicios

Ángel Sánchez

— Catedrático de Economía Aplicada de la UA

El catedrático de Economía Aplicada de la UA Ángel Sánchez sitúa el termómetro en el mismo sitio: “Indirectamente se juega mucho, en la medida en la que la mejora de la financiación en la Comunidad repercutiría en la prestación de los servicios públicos que se prestan en Alicante”. En su respuesta aparecen, además, los dos carriles que suelen mezclarse en el debate, los servicios esenciales y la inversión.

“Los servicios públicos de sanidad, educación, incluso la inversión en infraestructuras, vienen del gobierno autonómico”, recuerda, y dependen de la financiación que obtenga la Comunidad. Sobre el riesgo de que el debate se alargue, Sánchez lo plantea como una consecuencia automática. Si se empantana, “se perpetúa” un modelo que “condiciona enormemente” los servicios públicos y alarga una situación que considera “discriminatoria”.

Si llegan más recursos, el impacto en Alicante dependerá de cómo los distribuya la Generalitat

Martín Sevilla

— Catedrático de Política Económica de la UA

Aunque el nuevo modelo mejore los recursos de la Comunidad, el “cómo” llega a Alicante no está garantizado. El catedrático de Política Económica de la UA Martín Sevilla recuerda que “el dinero, si finalmente llega, lo repartirá la Generalitat entre territorios y servicios.”. En sanidad y educación, añade, “no hay financiación vinculada”. El efecto final depende de la distribución interna que haga el Consell. De ahí que el cambio genere expectativas con interrogantes. Si llega el dinero, cuánto llega y si el sistema es coherente con el resto de comunidades.

En el debate sobre un sistema “voluntario” o negociaciones bilaterales, Sevilla se muestra tajante: “Esto es un asunto de Estado y eso significa que lo tienen que negociar los partidos mayoritarios, si no, no se sostiene”. Su advertencia mira al precedente del modelo de 2009, que se ha prolongado con sucesivos parches y fondos. “Se negoció muy mal” y, con el tiempo, algunos mecanismos “fueron modificándose en detrimento” de la financiación de la Comunidad y de otras autonomías como Murcia. Su conclusión es que todas las comunidades “van a mirarse en el espejo” y que hace falta “un esfuerzo” para que el acuerdo no se bloquee por motivos políticos.

La reforma afecta al gasto corriente pero no garantiza inversiones del Estado en Alicante

Nacho Amirola

— Presidente de Ineca

El contrapunto llega desde Ineca, donde su presidente, Nacho Amirola, advierte de entrada de la falta de detalles: “A día de hoy, se desconocen los detalles concretos del nuevo modelo, el cual no ha sido presentado formalmente ni sometido a los correspondientes procesos de aprobación. En este contexto, desde un punto de vista estrictamente económico resulta imposible realizar una valoración rigurosa y fundamentada sobre su impacto real”.

Añade una preocupación específica de Alicante: “El modelo planteado afectaría exclusivamente a la financiación del gasto corriente de la Comunidad, sin que ello suponga una mejora de las inversiones en la provincia de Alicante, que continúan dependiendo de los Presupuestos Generales del Estado y que continúan en permanente déficit”.

Amirola completa el aviso con dos condiciones: que la propuesta no incorpora “ningún mecanismo orientado a la reducción de la deuda histórica acumulada con la provincia” y que una reforma de este calibre exige “consenso, transparencia y una visión de Estado” en un escenario marcado por la ausencia de Presupuestos en los últimos años. Entre el termómetro de los servicios y la factura de la inversión, Alicante mira a la reforma con una pregunta: cuándo, cuánto y con qué garantías.

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