El PP de Barcala aplaza una comida con militantes en plena polémica por las viviendas protegidas de Alicante

El PP de la ciudad de Alicante ha decidido aplazar la comida de militantes que tenía prevista para este viernes, 6 de febrero, en un movimiento que se produce en pleno foco político y mediático por el caso de las viviendas de protección adjudicadas en la cooperativa Les Naus. La convocatoria, fijada para las 14 horas en el Restaurante Juan XXIII, se comunicó como “comida de convivencia”, con un precio de 30 euros por asistente, y este lunes se trasladó a los militantes que el encuentro “queda pospuesto”.

A la comida, impulsada desde la dirección que lidera Luis Barcala, tenían previsto que asistieran el presidente de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, y el presidente provincial y de la Diputación, Toni Pérez, entre otros. Incluso, en círculos del PP de la ciudad se especulaba con la posible asistencia del presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo.

Desde el PP, fuentes consultadas en el partido desvinculan la decisión del escándalo de las viviendas y ofrecen una explicación de agenda. El aplazamiento se enmarca, sostienen, en la preparación del encuentro interparlamentario que se celebrará la próxima semana en la Marina Alta, con una cita el día 13 en Dénia que reunirá a diputados provinciales, autonómicos y nacionales, además de senadores, con un formato que incluye una primera parte para cargos por la mañana y una comida y una tarde abierta a militantes. Según esas fuentes, la previsión de asistencia a la comida aplazada este viernes rondaba los 400 participantes.

En la misma línea, en el PP señalan que “no son tiempos” para movilizar a la militancia con la intensidad de una campaña electoral y defienden que el aplazamiento responde a la reorganización de actos del partido. Esa lectura se ofrece en paralelo al incremento de presión sobre el presidente local del PP y alcalde, Luis Barcala, por las adjudicaciones en Les Naus y por la reacción política que ha generado el caso en cascada, con trascendencia a nivel nacional.

Frente a esa versión, desde el entorno del PP se aporta una interpretación distinta sobre el trasfondo del aplazamiento. La comida estaba enfocada a proyectar respaldo interno y “ensalzar” públicamente a Barcala, con una escenificación pensada para reforzar su figura ante el partido, y se habría optado por frenar el acto para evitar un escenario con presencia de prensa en el que las preguntas giraran en torno a la polémica de las viviendas. Al margen de las cuestiones de los periodistas, el discurso estaría mirando con lupa, hiciera referencia o no a la controversia por los pisos asignados. Esas mismas fuentes sostienen que el argumento de la interparlamentaria funciona como explicación formal pero no como motivo de fondo, al tratarse de dos eventos de naturaleza distinta.

Momento sensible

El aplazamiento llega en un momento especialmente sensible para el gobierno local. El caso de Les Naus estalló tras desvelar este diario que entre los adjudicatarios figuran personas vinculadas al Ayuntamiento, entre ellas la edil de Urbanismo, Rocío Gómez, el arquitecto municipal Francisco Nieto y familiares directos de la directora general María Pérez-Hickman. La controversia ha derivado en la apertura de un expediente municipal de averiguación de hechos y en un pulso político que ha ido acumulando anuncios de acciones y peticiones de información por parte de diferentes grupos.

En los últimos días, Barcala ha comparecido para derivar parte del foco hacia el ámbito autonómico, pidiendo al Consell una modificación urgente de la normativa de vivienda protegida para reforzar la transparencia de los procesos y garantizar que estas viviendas se asignen a quienes realmente se encuentran en situación de vulnerabilidad. En una conferencia que ofreció el pasado viernes, sin preguntas, el alcalde defendió que la investigación interna se tramitaría con “máxima celeridad”, insistió en que acudirá a la Fiscalía ante “la menor sospecha” y llamó a otros municipios a reclamar cambios en la regulación.

El episodio de la comida aplazada se suma, así, a una semana de alta intensidad en la agenda del PP local, con el partido intentando fijar un marco de explicación institucional y, a la vez, gestionando el impacto público de un caso con eco más allá del ámbito municipal. Mientras fuentes del PP lo presentan como un ajuste de calendario ligado a la interparlamentaria de la próxima semana, voces del entorno popular lo leen como un intento de evitar un acto de exhibición interna en un momento en el que cualquier fotografía o discurso quedaría inevitablemente atravesado por la polémica de las viviendas protegidas.

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