Alicante, la ciudad que no ve burkas, debate prohibirlos

El pleno de Alicante del próximo jueves se asoma a una escena decisiva: la puerta de un edificio público y la pregunta de siempre en cualquier ventanilla, "¿puede identificarse?". Vox llevará a la sesión una declaración institucional para vetar el burka, el niqab y, en general, prendas que oculten total o parcialmente el rostro, en dependencias municipales, una iniciativa que, más allá del titular, coloca a la ciudad ante un debate incómodo: dónde acaba la gestión cotidiana de los servicios y dónde empieza el pulso político sobre la identidad.

La propuesta registrada por el grupo ultra plantea prohibir el acceso y la permanencia en edificios y servicios dependientes del Ayuntamiento a quienes lleven burka, niqab o cualquier prenda que oculte el rostro, "con independencia del origen, motivación o significado" de esa vestimenta. Vox lo justifica por "seguridad, identificación y normal funcionamiento del servicio público" y sostiene que el velo integral "simboliza la sumisión de la mujer". El texto solo contempla una excepción, para supuestos "debidamente acreditados" por razones médicas o sanitarias.

En la ciudad el uso del velo integral es descrito como un fenómeno excepcional

Con esa redacción sobre la mesa, la pregunta que sobrevuela el debate no es solo si el pleno acabará respaldando a Vox o si el PP acompasará su voto. La cuestión, en realidad, es qué problema pretende resolver Alicante y con qué herramientas. Si se trata de ordenar la identificación en trámites presenciales, algo que ya ocurre en múltiples contextos, o de levantar un veto que, por su formulación general, puede convertirse en un nuevo capítulo de las batallas simbólicas que suelen tensar más el clima político que las ventanillas.

Velo integral

En Alicante, además, ese debate llega sobre una realidad difícil de medir con cifras exactas. No hay un censo municipal del velo integral, pero las fuentes consultadas lo describen como excepcional. En la calle, en el transporte, en los barrios y en las propias dependencias públicas, el burka o el niqab no forman parte del paisaje cotidiano, lo que acentúa el contraste entre la intensidad del debate y la presencia real del fenómeno en la ciudad. De hecho, una abrumadora mayoría de alicantinos nunca habrá visto por las calles de la ciudad a mujeres con este tipo de velos integrales, que en el caso de los burkas tapan hasta los ojos.

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Sin una ley estatal, un ayuntamiento no puede limitar un derecho fundamental

José Ángel Camisón

— Catedrático de Derecho Constitucional (UA)

Fátima Zohra Haouli, vecina de Colonia Requena, introduce matices que rompen la caricatura. Dice que el burka «no le gusta» porque cubre todo el cuerpo y «no sabes si lo lleva una mujer o un hombre», pero al mismo tiempo defiende una idea sencilla: "Cada persona es libre de elegir cómo vestirse". Ella es musulmana, no lleva velo integral y tampoco su hija, de 17 años, y plantea el asunto más como una decisión individual, con historias distintas detrás, que como una bandera política.

En su relato, la discusión sobre el velo queda rápidamente desplazada por lo que ella considera el verdadero termómetro de la convivencia: trabajar, hablar español, hacer vida con normalidad y respetar las leyes y la cultura del país. "Lo importante no es el hiyab", viene a resumir, mientras enumera rutinas corrientes, como el empleo o los amigos y compañeros, para explicar que la integración no se juega en una prenda concreta, sino en una suma de gestos cotidianos. En su caso, cuenta que llevó hiyab durante una etapa y dejó de hacerlo, sin un episodio concreto que lo desencadenara. "Ahora me siento mejor sin llevarlo, más integrada", apunta desde su experiencia personal.

Desde la Comunidad Islámica de Alicante, su presidente, Salah El Antari, insiste en una idea que, en su opinión, se pierde cuando el debate se convierte en trinchera. La ciudad convive desde hace años con una población musulmana asentada y, en el día a día, no perciben conflicto con las instituciones ni con el vecindario. Afirma que mantienen una "muy buena relación" con el Ayuntamiento, con la Subdelegación del Gobierno y con los cuerpos de seguridad y lo presenta como un dato relevante para entender el contexto local en el que llega la iniciativa. "No tenemos ningún problema", resume, antes de advertir del riesgo de convertir el asunto en un foco de tensión.

Si la Administración identifica, la regla debe ser general y no señalar a una minoría

Salah El Antari

— Presidente de la Comunidad Islámica de Alicante

El Antari coloca el acento en un punto que conecta con la discusión de la "identificación". Si una administración necesita comprobar la identidad de quien entra o realiza un trámite, la regla debe ser general y aplicarse a todos, no construida alrededor de una minoría. En su argumentación, el peligro no está solo en el eventual conflicto jurídico, sino en el mensaje social que se transmite cuando se señala a un colectivo concreto. Habla abiertamente de islamofobia y de racismo como efecto colateral de estas campañas y pide separar la convivencia real del ruido político que, asegura, busca «llamar la atención y ganar votos».

Encaje legal

Pero el debate del jueves no se resolverá solo en el terreno de las percepciones. La declaración que Vox quiere someter al pleno promete una medida con efectos inmediatos y eso obliga a mirar el encaje legal con lupa. En cuanto una norma municipal toca un derecho fundamental, la discusión deja de ser meramente política y se convierte en una cuestión de competencias, de límites y de proporcionalidad, con antecedentes judiciales que ya han frenado intentos similares en otros ayuntamientos.

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante José Ángel Camisón resume el punto de partida: una prohibición general como la que plantea Vox se mueve en el terreno de los derechos fundamentales, en particular, la libertad religiosa y, por tanto, exige un marco legal estatal. Sin una ley orgánica que habilite esa restricción y fije sus límites, sostiene, los ayuntamientos carecen de competencia para convertirla en regla propia mediante ordenanzas o protocolos. Un consistorio puede organizar sus servicios y establecer condiciones de funcionamiento, pero cuando lo que está en juego es limitar un derecho de este rango, la llave no está en la plaza del Ayuntamiento, sino en las Cortes.

La integración se juega en el trabajo, el idioma y la vida cotidiana, no en una prenda concreta

Fátima Zohra Haouli

— Vecina musulmana de Colonia Requena

La profesora de Constitucional de la UA María Concepción Torres coincide en que una prohibición general entra en un terreno sensible, pero introduce el matiz de la zona gris. El Ayuntamiento puede fijar condiciones de acceso por razones de organización y seguridad, aunque el problema aparece cuando esas condiciones rozan el núcleo de un derecho fundamental y pueden ser discutidas ante los tribunales. "Hay muchos intereses en conflicto", apunta, y por eso cree decisivo leer la letra pequeña. No es lo mismo un protocolo estrictamente ligado a identificación puntual en un trámite que un veto formulado como regla general. En ese filo, advierte, una medida así puede acabar impugnada.

En esa discusión aparece una palabra que se repite en el derecho y rara vez en los plenos: proporcionalidad. Camisón destaca que, si la razón es la seguridad o la identificación, las restricciones que han logrado sostenerse en otros países suelen formularse de manera genérica —rostro cubierto, sin apuntar a una religión concreta— y se justifican como una regla de orden público. Cuando la norma se redacta con un objetivo demasiado reconocible, centrado en dos prendas asociadas al islam, pierde neutralidad y se expone a ser leída como una limitación dirigida, más cercana al gesto político que a la necesidad acreditada.

Protocolos claros

En lugar de un veto general, Camisón apunta a una vía más fina en términos jurídicos y más viable en la práctica, la "acomodación razonable", es decir, compatibilizar la identificación cuando sea necesaria con el respeto al derecho a vestir una prenda, mediante protocolos claros y soluciones como la verificación puntual en un espacio reservado y, si procede, con personal femenino.

Los testimonios y el análisis académico dibujan un terreno menos simple que el de los de Abascal

Esa salida, en todo caso, choca con el enfoque de máximos que suele acompañar a estas iniciativas. En la Comunidad Valenciana, Vox ya ha impulsado otras batallas simbólicas vinculadas a costumbres y presencia musulmana, como la petición en las Cortes para rechazar la celebración pública de la fiesta del cordero y frenar la expansión de sellos como el halal.

La clave está en la letra pequeña, la identificación puntual no es lo mismo que un veto general

María Concepción Torres

— Profesora de Derecho Constitucional (UA)

El debate no viaja solo. Esta semana, por ejemplo, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid) ha aprobado una moción de Vox, con el apoyo del PP, para impedir la entrada y permanencia en dependencias municipales de quienes lleven el rostro cubierto por prendas como el burka o el niqab y ha anunciado después su desarrollo mediante un reglamento interno. Ese movimiento refuerza la idea de un "laboratorio" local. Allí donde la prohibición general en el espacio público se atasca en el Congreso, el pulso se traslada a los consistorios.

De hecho, la Cámara Baja rechazó esta semana la proposición de ley de Vox para prohibir el uso del nicab y el burka en el espacio público, tras un debate en el que los portavoces de los grupos reconocieron sus reticencias al uso de estas prendas. Esa votación fue rechazada con 177 votos en contra (de PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV Podemos, BNG y Compromís), frente a 170 votos a favor, pues al apoyo de Vox se han sumado el PP y UPN.

Dos días después de esa votación, los populares registraron una iniciativa propia que ahora plantea una prohibición genérica de "cualquier tipo de vestimenta, prenda, accesorio u otros elementos que oculten total o parcialmente el rostro" en "espacios públicos o de acceso público", con multas que irían de los 100 a los 600 euros.

Este próximo jueves, el pleno de Alicante fijará posición sobre una medida que, por su redacción, puede acabar siendo más declaración que norma eficaz, pero que ya ha logrado lo que buscaba. En un extremo, la exigencia legítima de identificarse cuando un trámite lo requiere; en el otro, el riesgo de convertir el acceso a un servicio público en una frontera simbólica que señale a una minoría.

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