La Diputación de Alicante asume competencias sobre las depuradoras de la provincia

Delegación de competencias. La Diputación de Alicante y la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Medio Ambiente que preside Vicente Martínez Mus, han firmado un convenio junto con la Epsar (Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana) para que la institución provincial asuma el control y la inspección de las depuradoras en la demarcación.

El acuerdo se traduce en una delegación de competencias por parte de la institución alicantina y tiene validez hasta 2030. El convenio tendrá vigencia hasta 2030 y los gastos por la prestación del servicio serán sufragados por la Epsar con 11,2 millones de euros repartidos entre las cinco anualidades, tal como ya se anunció en diciembre.

El convenio se ha firmado este martes en el Palacio Provincial de la Diputación de Alicante con la presencia de su presidente, Toni Pérez; del conseller Martínez Mus y del vicepresidente de la Epsar, Javier Sendra, quien a su vez es el secretario autonómico de Infraestructuras, cargo que también cuelga de la conselleria que dirige Martínez Mus.

Toni Pérez ha calificado el convenio como “histórico”, porque según él “pone de manifiesto la capacidad que tiene la Diputación de Alicante para atender, como ya ha venido haciendo en los últimos 30 años, el control e inspección de las instalaciones públicas de saneamiento y depuración que existen en la provincia”.

En total, la Diputación se encargará de atender 188 instalaciones con la financiación de la Generalitat, un hecho que según el conseller “mejorará el funcionamiento de la entidad de saneamiento de aguas”, Proaguas, y que “responde a criterios de eficiencia en la gestión pública”, en tanto que la delegación supondría, afirman, un menor coste y generaría ahorro.

El servicio incluirá, entre otras actuaciones, el control analítico de las instalaciones, la monitorización de la calidad del agua tratada, la supervisión de equipos, el control de fangos, labores de vigilancia ambiental y la supervisión de los trabajos realizados por las empresas que explotan las instalaciones, según indican desde la Diputación.

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