La tasa turística revive en Alicante: del rechazo del PP a los matices de la izquierda
La alcaldesa de València, María José Catalá, ha reabierto el debate del gravamen y ha devuelto al primer plano una discusión que parecía cerrada tras su derogación por el gobierno de Mazón
La Generalitat Valenciana descarta una tasa turística y señala que Sánchez "llega tarde" con sus medidas / Áxel Álvarez
La alcaldesa de València, María José Catalá, ha reabierto esta semana el debate sobre la tasa turística al plantear que puede ser "interesante" abordar una fórmula de gravamen ligada a las pernoctaciones, una discusión que había quedado enterrada en la Comunidad Valenciana tras la derogación en 2023 de la ley aprobada por el Botànic. A ese debate reabierto se sumó después el empresario Juan Roig, que defendió la necesidad de obtener más recursos de los visitantes que llegan a las Fallas, pese al "no" rotundo que mantiene la patronal alicantina, con lo que una controversia que parecía cerrada ha vuelto al primer plano político e institucional.
Ese movimiento ha vuelto a situar la cuestión en una provincia como Alicante, donde el turismo tiene un peso central y donde la tasa ya generó una fuerte controversia cuando se aprobó en 2022 y se derogó un año después. El nuevo escenario deja ahora un mapa de posiciones desigual entre los municipios consultados, con rechazo en los referentes gobernados por el PP, posturas más abiertas en ayuntamientos de la izquierda y una reclamación de mayor retorno económico también desde el ámbito de la fiesta.
No es una tasa, es otro impuesto que no resuelve el problema de la financiación municipal
En Benidorm, su alcalde y presidente provincial del PP, Toni Pérez, mantiene el rechazo frontal a esa figura y la define como "otro impuesto" que, a su juicio, solo gravaría la oferta legal y no resolvería el problema de fondo. El dirigente popular, pese a la postura de Catalá, sostiene que la cuestión principal sigue siendo la financiación de los municipios turísticos y defiende, en lugar de una tasa, un sistema que permita a las ciudades recibir una parte del IVA que genera la actividad turística en su territorio.
Destinos gobernados por los populares reclaman reformar la financiación municipal vacacional
En la misma línea se pronuncia el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón (PP), que rechaza también la tasa turística y sitúa el debate en la falta de reforma de la financiación autonómica y local. El regidor sostiene que los grandes destinos de la provincia no están bien reconocidos en la normativa actual, insiste en que el visitante ya paga impuestos como el IVA y considera que abrir ahora la puerta a un nuevo gravamen sobre el alojamiento supondría cargar de nuevo sobre una de las actividades con más peso en la economía.
La tasa turística es un nuevo impuesto y el usuario de los alojamientos ya paga el IVA
Desde el Patronato de Turismo de Alicante se señala, por su parte, que esa cuestión «no está en la agenda» y que el equipo de gobierno de Luis Barcala no la valora en este momento. Esa ausencia de posición oficial se produce, no obstante, en pleno cruce de posturas dentro del propio PP, después de que sobre este debate se hayan pronunciado en los últimos días desde Catalá hasta el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, pasando por Toni Pérez o el propio Dolón.
Bañistas disfrutan del sol y el mar en la playa de Levante de Benidorm, capital turística de la Costa Blanca / Alex Domínguez
Frente al rechazo expresado por los principales ayuntamientos turísticos, en manos del PP, en los municipios gobernados por fuerzas de la izquierda el debate aparece con más matices y menos cierre previo. Las posiciones ya no se mueven solo entre el sí o el no, sino también en torno a qué utilidad tendría una medida de este tipo, si sería aplicable en todos los modelos turísticos por igual y de qué manera podría servir para aliviar gastos vinculados a servicios, como la limpieza, mantenimiento o refuerzo de prestaciones en épocas de mayor afluencia de visitantes.
Puede ser una fuente de ingresos útil, aunque en Dénia no resulte sencilla de aplicar por su modelo
En Dénia, su alcalde, el socialista Vicent Grimalt, ve la tasa turística como una posible fuente de ingresos útil para los municipios, aunque advierte de que su aplicación no resulta sencilla en un destino con pocas plazas hoteleras y mucho peso de la segunda residencia. El regidor señala que esos recursos podrían ayudar a sufragar gastos ligados a servicios, incluida la propia limpieza, pero añade que el debate debe analizarse con el sector y que, en cualquier caso, los municipios turísticos necesitan un mayor retorno económico por la presión que soportan.
Municipios progresistas estudian fórmulas que compensen el coste de servicios
La posición sigue siendo claramente favorable en un municipio como Altea, donde gobierna Compromís y donde el respaldo a la tasa turística se ha mantenido desde que se abrió este debate. Su alcalde, Diego Zaragozí, la vincula al aumento de gastos que asume la localidad durante la temporada alta, especialmente en servicios como la limpieza viaria y la recogida de residuos. Desde esa óptica, defiende que una parte de ese sobrecoste pueda recaer también sobre los visitantes y no solo sobre los residentes.
Una parte del sobrecoste en temporada alta puede recaer también sobre los visitantes
Con ese cuadro, la provincia no ofrece una posición única ante la reapertura del debate sobre la tasa turística. Mientras referentes turísticos del PP mantienen el rechazo y desplazan la discusión hacia la reforma de la financiación local y el reparto de recursos, en los municipios gobernados por la izquierda aparecen más matices sobre su utilidad, su encaje según el modelo de destino y la necesidad de que el aumento de visitantes tenga algún tipo de retorno en los servicios que asumen las localidades.
La discusión se extiende además en Alicante más allá del plano estrictamente municipal y político y alcanza también al mundo de las fiestas, en un contexto en el que el debate se ha reabierto precisamente al calor de las Fallas de València. En ese terreno, la llegada masiva de visitantes, el peso económico que generan las celebraciones y el esfuerzo organizativo y material que sostienen las entidades festeras vuelven a situar sobre la mesa la pregunta de cómo debe traducirse ese impacto en apoyo, financiación o retorno para las fiestas.
Hay que encontrar una fórmula para que las Hogueras reciban más apoyo económico
En esa línea se sitúa el presidente de la Federació de Fogueres de Sant Joan, David Olivares, que no plantea de forma expresa una tasa turística en esos términos, pero sí reclama que se abra una vía para que las Hogueras reciban más apoyo económico ante el retorno que generan en la ciudad. Su planteamiento pasa por que se tenga en cuenta el volumen de visitantes y de actividad que movilizan las fiestas y por abrir una reflexión sobre fórmulas que permitan un mayor retorno hacia una celebración que, sostiene, no quiere "morir de éxito".
También el maestro mayor del Gremio de Artistas de Hogueras, Joaquín Rubio, se muestra favorable a esa posibilidad, aunque con una condición clara: que cualquier recaudación tenga un destino concreto y repercuta de forma real en los monumentos y en el trabajo artístico. Desde su punto de vista, la utilidad de una medida así no pasaría por engrosar partidas genéricas, sino por contribuir a dignificar el oficio, mejorar las condiciones del sector y reforzar la calidad de un elemento central de las fiestas.
La recaudación debe repercutir de forma real en los monumentos y en el trabajo de los artistas
Con València como punto de partida de la reapertura y con la provincia de Alicante como uno de los territorios donde más peso tiene la actividad turística, el debate vuelve así a primer plano con respuestas distintas según el municipio y el ámbito consultado. A la espera de que esa discusión avance o vuelva a enfriarse, las declaraciones recogidas combinan una sensación de en los grandes destinos gobernados por el PP, posiciones más abiertas en ayuntamientos de la izquierda y una demanda de mayor retorno económico también desde el mundo de la fiesta.
Por ahora, ya está en marcha la tasa turística, o se está trabajando en ese sentido, en comunidades como Cataluña, Baleares, Euskadi y Asturias, además de en municipios de Galicia, sumándose así a grandes capitales turísticas como París, Roma, Berlín, Ámsterdam, Lisboa, Praga, Atenas, Viena...
El gravamen que aprobó el Botànic y derogaron Mazón y Vox sin estrenarse
La tasa turística fue aprobada en noviembre de 2022 en las Cortes dentro del último tramo del Botànic, tras años de discusión y con un diseño voluntario y municipal que dejaba en manos de cada ayuntamiento la decisión de aplicarla. La ley establecía un gravamen sobre las pernoctaciones con una moratoria antes de su entrada en vigor y nació ya rodeada de división política y de recelos dentro del propio bloque que la sacó adelante.
La medida provocó una fuerte controversia política, institucional y sectorial. Mientras Compromís y Unides Podem la defendían como una herramienta para que el turismo ayudara a sostener servicios públicos, el PSPV la asumió con visibles reservas y con voces críticas dentro de su propio espacio, al tiempo que patronales, alcaldes de distintos signos y buena parte del sector turístico cuestionaban tanto su oportunidad como su efecto sobre la competitividad de los destinos.
Con el cambio de gobierno en la Generalitat, el PP y Vox culminaron en noviembre de 2023 la derogación de la ley en las Cortes, después de que Carlos Mazón hubiera convertido su eliminación en una de sus banderas políticas. La supresión del gravamen se presentó entonces como una defensa de la competitividad turística y como un mensaje contrario a cualquier nuevo impuesto sobre uno de los principales motores económicos de la Comunidad Valenciana.
De ese modo, la tasa turística valenciana quedó derogada sin haber llegado a entrar en vigor ni a aplicarse en ningún municipio, ya que la propia ley aprobada en 2022 incluía una moratoria que aplazaba su puesta en marcha. La discusión quedó entonces políticamente cerrada, pero no del todo resuelta, y ha vuelto ahora al primer plano después de que la alcaldesa de València, María José Catalá, haya reabierto una controversia que parecía enterrada. Ese regreso del debate devuelve además a la escena una de las discusiones más sensibles de los últimos años en torno al turismo, la financiación local y el reparto de los costes que asumen los destinos.
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