Barcala modula su posición sobre la tasa turística en Alicante: del “rechazo frontal” al “ahora no toca”

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha rebajado su posición pública sobre la tasa turística y ha pasado del “rechazo frontal” que expresó cuando el debate estaba en uno de sus momentos más intensos a limitarse ahora a señalar que se trata de una discusión que “no toca”. Preguntado este lunes por esa cuestión, el regidor del PP ha respondido de forma escueta: “Es un debate que ahora mismo no toca y, por tanto, en el que yo no voy a entrar”.

La respuesta contrasta con el tono que mantuvo en los años en los que la tasa turística centró buena parte del choque político e institucional en la Comunidad Valenciana. Entonces, Barcala llegó a exigir al entonces presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que no cayera en la “tentación” de implantarla al considerar que sería “muy perjudicial” para la autonomía y especialmente para la provincia de Alicante. En aquellos tiempos, el dirigente popular insistía en el “rechazo frontal” a esa figura y defendía “el actual modelo turístico de Alicante” frente a una propuesta que calificaba de “irresponsable” y “arbitraria”.

Ese desplazamiento de tono se produce ahora en un escenario distinto, con el debate reabierto no desde la izquierda, sino desde el propio PP. La alcaldesa de València, María José Catalá, afirmó la pasada semana que puede ser “interesante” abordar una fórmula de gravamen ligada a las pernoctaciones, siempre desde el consenso con el sector y en el marco de una posible reforma de la ley de Haciendas Locales. Después se sumó el empresario Juan Roig, que defendió la necesidad de obtener más recursos de los visitantes que llegan a las Fallas. A partir de ahí, la controversia ha vuelto al primer plano político e institucional.

En Alicante, sin embargo, el equipo de gobierno municipal trata ahora de mantenerse al margen. Fuentes del Patronato de Turismo ya habían señalado en los últimos días que esa cuestión “no está en la agenda” y que no se valora en este momento. Esa falta de posición oficial choca con el hecho de que varios dirigentes del propio PP sí se han pronunciado sobre el asunto, desde la propia Catalá hasta el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, pasando por el alcalde de Benidorm y presidente provincial del partido, Toni Pérez, o el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón.

Toni Pérez ha cargado contra la recuperación del debate y ha sostenido que el PSPV pretende “rescatar” esa figura “como una cortina de humo para tapar la infrafinanciación que sufren los municipios y eximir al Gobierno de Pedro Sánchez de su responsabilidad”. El alcalde de Benidorm insiste en que no se trata de una tasa, sino de “otro impuesto”, y defiende que la salida para los destinos turísticos pasa por recibir una parte del IVA que genera la actividad turística en su territorio. En una línea parecida, Dolón rechaza también abrir la puerta a un nuevo gravamen sobre el alojamiento y sitúa la discusión en la falta de reforma de la financiación local y autonómica.

Es un debate que ahora mismo no toca y, por tanto, en el que yo no voy a entrar

Luis Barcala

— Alcalde de Alicante (PP)

Frente a ese rechazo en los referentes turísticos del PP consultados en la provincia, en la izquierda aparecen posturas más abiertas o con más matices. En Dénia, su alcalde, el socialista Vicent Grimalt, ve la tasa como una posible fuente de ingresos útil para los municipios, aunque advierte de que su aplicación no resulta sencilla en un destino con pocas plazas hoteleras y fuerte peso de la segunda residencia. En Altea, donde gobierna Compromís, el respaldo sigue siendo claro. Su alcalde, Diego Zaragozí, la vincula al aumento de gastos que asume el municipio durante la temporada alta, especialmente en servicios como la limpieza viaria y la recogida de residuos.

La discusión se ha extendido además más allá del plano estrictamente municipal. En el mundo de la fiesta también han aparecido voces que reclaman algún tipo de retorno económico ligado a la afluencia de visitantes. El presidente de la Federació de Fogueres de Sant Joan, David Olivares, no plantea expresamente una tasa en esos términos, pero sí pide abrir una vía para que las Hogueras reciban más apoyo económico en función del volumen de actividad que generan. También el maestro mayor del Gremio de Artistas de Hogueras, Joaquín Rubio, se muestra favorable a esa posibilidad si cualquier recaudación repercute de forma real en los monumentos y en el trabajo artístico.

La tasa turística fue aprobada en noviembre de 2022 en las Cortes dentro del último tramo del Botànic, con un diseño voluntario y municipal que dejaba en manos de cada ayuntamiento la decisión de aplicarla. La medida generó una fuerte controversia política y sectorial y el PSPV la asumió con visibles reservas. Con el cambio de gobierno en la Generalitat, el PP y Vox culminaron en noviembre de 2023 su derogación en las Cortes, después de que Carlos Mazón hubiera hecho de su eliminación una de sus banderas políticas. El gravamen quedó así derogado sin haber llegado a entrar en vigor.

En ese contexto, la posición actual de Barcala introduce un matiz respecto a su discurso de los años anteriores. Donde antes hablaba de “rechazo frontal”, ahora evita pronunciarse sobre el fondo y sitúa el debate en un tiempo posterior. Todo ello, además, mientras la discusión ha vuelto a abrirse desde el propio espacio político al que pertenece.

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