El Síndic lamenta que las Cortes le intenten "tapar la boca" y alerta del "deterioro democrático"

Inquietud por la deriva de las instituciones. El Síndic de Greuges, Ángel Luna, ha hecho una valoración general sobre el último informe de 2025 y, sobre todo, ha expresado una preocupación respecto a la relación de la institución que lidera con las Cortes Valencianas. Luna, que concluye el periodo ordinario de su mandato en diciembre de este año, ha lamentado la “pérdida de presencia” del Síndic en sede parlamentaria.

Desde que asumió el cargo en 2019, el diálogo ofrecido por el defensor autonómico para fortalecer la defensa de los derechos “nunca obtuvo respuesta”. Cabe recordar que el Síndic es la institución que se dedica a recoger quejas de ciudadanos que han visto vulnerados sus derechos, que son estudiadas por el órgano para llevar a cabo recomendaciones a la administración que conduzcan a una solución.

En este sentido, según Luna, que ha presentado el informe junto a los adjuntos Concha Bru y Carlos Castillo, la falta de interlocución y pérdida de presencia en sede parlamentaria “reducen la visibilidad y el papel del Síndic como defensor de los derechos y las libertades de la ciudadanía valenciana”. Así, Luna ha recordado que no fue llamado desde las Cortes para informar sobre las quejas y preocupaciones de la ciudadanía recogidas en el informe de 2024, lo que “demuestra una evidente falta de interés institucional de las Cortes para conocer los problemas que los habitantes de la Comunidad trasladaron al defensor”. Según Luna, “cerrar la puerta a la presencia del Síndic en las Cortes supone desairar a los ciudadanos”.

"Cerrar la puerta a la presencia del Síndic en las Cortes supone desairar a los ciudadanos”

Ángel Luna

— Síndic de Greuges

No sólo esta distancia afecta al Síndic, ya que también ha señalado “la aprobación de reformas” en este sentido, con cambios que abren la puerta a intervenir los presupuestos de las instituciones estatutarias, poniendo así “en cuestión el marco de garantías previsto en el Estatuto para estos organismos”. Como ejemplo de esta práctica, en el informe de 2025 se cita el episodio que el año pasado afectó a la Acadèmia Valenciana de la Llengua, cuyo presupuesto fue reducido “hasta comprometer su funcionamiento y anular en la práctica su autonomía orgánica y presupuestaria”. Una decisión que, según el Síndic, “vulnera el equilibrio institucional previsto en el Estatut, que exige mayorías reforzadas para proteger la autonomía de los organismos que garantizan derechos y libertades”.

En este aspecto, Luna se refiere también al nuevo Reglamento de las Cortes, que “no se acomoda a lo dispuesto por la Ley del Síndic sobre la exposición de contenidos del informe anual”. Desde la institución recuerdan que la ley distingue entre la presentación formal del informe, que es lo que se ha llevado a cabo este martes; y su exposición pública, “que es lo que garantiza que el pleno de la cámara conozca de forma directa los problemas que la ciudadanía traslada al Síndic”. El nuevo reglamento suprime esta comparecencia ante el pleno y la traslada a la comisión, lo que “supondría una evidente reducción del papel institucional del Síndic”.

Luna ha denunciado la "deriva" que se está llevando a cabo y que ha indicado que se empieza "por no respetar los derechos de las instituciones y se termina por no respetar los derechos no ciudadanos". "La deriva es hacia eso, tapar la boca a las instituciones para tapar la boca a los ciudadanos", ha añadido, una advertencia sobre la que ha incidido: "Esto nos lleva a una situación de deterioro democrático tal que va a ser muy difícil recomponer unos usos y costumbres que han dado buenos resultados".

Datos territorializados

Un año más, la provincia de Alicante vuelve a ser la que más quejas emite al Síndic de Greuges. Así lo ha calculado el defensor autonómico, que este martes ha entregado su informe de 2025 a las Cortes Valencianas y lo ha presentado ante los medios de comunicación. En total, desde la provincia se han emitido 2.154 quejas en un territorio que cuenta con 2.033.566 habitantes.

Esta cifra convierte a la provincia de Alicante en la que más quejas registra por habitante, 105,92 por cada 100.000, datos que superan los de las otras dos provincias y la media de la Comunidad, que es de 89,62 quejas por cada 100.000 habitantes. En cuanto a la colaboración desde los ayuntamientos, el que más recibe en la provincia es el de Alicante, con 198 y más de un 70 % de colaboración con el Síndic, según calcula la institución.

Este porcentaje es de los más altos si se tiene en cuenta el elevado número de quejas tramitadas. Un porcentaje similar tiene el de la Vila Joiosa, con más del 72 % de colaboración; y Mutxamel, con casi el 71 %. En el caso opuesto estaría Ibi, con el 23 %; o Santa Pola, que no alcanza el 20 % tras haber recibido 46 quejas y haber colaborado solo en nueve.

Quejas concretas

El ámbito sobre el que más quejas se presentaron en 2025 fue el de servicios sociales, competencia que actualmente ostenta la consellera Elena Albalat, desde diciembre, tras la reforma que llevó a cabo el entonces recién nombrado presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Hasta entonces, este ámbito se había integrado en la Vicepresidencia Primera que lidera Susana Camarero.

Precisamente en este sector el Síndic de Greuges presentó, el año pasado, dos quejas de oficio por la "situación generada" en los municipios de Alicante y Xàbia, "donde la plantilla de profesionales se redujo en torno al 50 %, lo que comprometió la adecuada atención de las personas dependientes, con discapacidad, con enfermedades mentales o de los menores".

En el caso de Alicante, "el Ayuntamiento no manifestó de manera clara, tal como exige la ley, la aceptación de las recomendaciones efectuadas", y el defensor concluyó que se había producido una "falta de colaboración", mientras que en el caso de Xàbia, también gobernado por el PP, el defensor concluyó que "había incumplido su obligación de garantizar la prestación de los servicios sociales de atención primaria básica, generando además listas de espera e interrupción de servicios básicos".

También en materia de servicios sociales, el Síndic se hace eco de la queja interpuesta por el cierre del Centro de Día de plaza América, en el barrio alicantino de Altozano, ante el que el defensor instó a la Conselleria de Servicios Sociales y al Ayuntamiento a colaborar para "ofrecer una respuesta adecuada y ágil a las necesidades" de las personas mayores afectadas, aunque la institución queda a la espera de "recibir las respuestas finales de ambas administraciones".

Más duro se muestra el Síndic en el caso la queja por situación de riego prenatal de una mujer embarazada de ocho meses que sufría agresiones físicas por parte de hombres con los que convivía en un solar ocupado en San Antón, según la queja. El defensor cerró la queja de oficio "ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Alicante".

Tampoco se cerró de manera positiva la queja por el mal estado de conservación de edificaciones en Gran Vía Sur. Uno de los tejados de estas casas se derrumbó parcialmente la semana pasada, y antes de este suceso el Síndic concluyó que el Ayuntamiento "no aceptó las recomendaciones ni explicó las medidas que pensaba adoptar para garantizar" el cumplimiento de sus obligaciones para mantener estas construcciones.

En el informe también se menciona el problema de la vivienda como un fenómeno “creciente”, y el Síndic hace referencia en su informe anual a la “desagradable sorpresa que supuso advertir que la Ley de Presupuestos de la Generalitat, correspondiente a 2025, eliminó el procedimiento para conceder ayudas ante la inexistencia de viviendas disponibles para adjudicar”.

Actividad

Pese a este “deterioro”, el Síndic ha experimentado un incremento “muy significativo” de su actividad, con más de 28.100 actuaciones entre consultas y quejas. Las 23.137 consultas del año pasado suponen un aumento del 25 % respecto a 2024. También se tramitaron 5.006 quejas, un 5 % más que en 2024, y se iniciaron 12 investigaciones de oficio, tres de ellas para supervisar actuaciones de las administraciones públicas posteriores a la dana de 2024.

Respecto a este episodio, el de la dana, el Síndic señala la “nula colaboración entre el Gobierno central y el Consell en la reconstrucción”, sin que haya existido “una mínima interlocución en clave colaborativa”, en palabras de Luna. El propio Síndic instó, conjuntamente con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a poner en marcha una Comisión Mixta de reconstrucció, que se creó este 4 de febrero. El Síndic, además, ha presentado un "informe especial dana" junto al informe general de 2025.

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