La Cámara de Comercio de Alicante protagoniza el debate de la nueva Ley de Simplificación Administrativa

Casos que se prolongan en el debate político. Este martes se han tenido lugar, en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de las Cortes Valencianas, las comparecencias en la fase de “participación ciudadana” del procedimiento para elaborar el Proyecto de Ley que elabora la Generalitat la segunda “simplificación administrativa” de esta legislatura. El Consell, durante la etapa presidencial de Carlos Mazón, aprobó la primera ley en este sentido a finales de 2024. Un hecho que hace dudar a la oposición sobre el efecto del primer decreto ley. Entre todo este debate, centrado en aspectos técnicos y en conceptos relacionados con la eficacia de la administración, se ha vuelto a colar la Cámara de Comercio de Alicante, presidida por Carlos Baño, a propósito de los dos casos que le afectan.

El primero, que se hizo público hace ahora un año después de que lo destapara INFORMACIÓN, era el de las obras sin licencia en la sede de la Cámara situada en Panoramis, en los cines que se ubicaban en el antiguo complejo comercial, donde se realizaron las reformas, incluyendo la habilitación de una nueva planta, sin la licencia de obra pertinente y se intentaron justificar con una declaración responsable que resultó inviable.

Contradicciones

Precisamente, la "declaración responsable" es una de las herramientas propuestas para llevar a cabo la simplificación administrativa por ley. Aitana Mas, de Compromís, tras escuchar la comparecencia de José Vicente Morata, que ha defendido la ley representando a las cámaras de comercio de la comunidad, ha preguntado al dirigente cameral si cree que la administración está “preparada” para desarrollar la agilización administrativa.

No soy el presidente de la Cámara de Alicante, no conozco las circunstancias y no me corresponde a mí contestar sobre este tema

José Vicente Morata

— Presidente de la Cámara de Comercio de Valencia

La pregunta la ha hecho poniendo “un ejemplo que tiene dentro de su organización”, le ha dicho a Morata, refiriéndose “al nuevo edificio de la Cámara de Comercio de Alicante”, donde realizaron obras “con una declaración responsable que, precisamente ha generado problemas”, discutiendo así la afirmación de que “menos burocracia significa menos coste”. “Que se lo digan a la Cámara de Comercio de Alicante, que lleva un año con las obras paradas por la falta de entendimiento entre una declaración responsable y una licencia de obra mayor”.

En la Cámara de Comercio de Alicante se realizaron obras con una declaración responsable que ha generado problemas

Aitana Mas

— Diputada de Compromís

La diputada valencianista, que fue vicepresidenta del Consell durante el último año de la anterior legislatura, ha hecho referencia también “a la subvención que el señor Mazón”, expresidente de la Generalitat, “preparó a su hermano, el señor Baño”, en referencia a las palabras del presidente de la Cámara de Comercio, que expresó con dicho término familiar su cercanía con el entonces jefe del Consell, quien a su vez conserva la plaza de director gerente de la Cámara en excedencia. Por otra parte, Mas también ha recordado que esta situación ha desembocado en que “el Ayuntamiento de Alicante ha tenido” que sacar dependencias “del edificio que le tenía alquilado a la Cámara”, en referencia al antiguo hotel Palas.

“Ha habido un maremágnum de cambios que ha generado sobrecostes a la Cámara de Comercio y, por muy ágil que quieran hacer creer que es una declaración responsable, hay unas obligaciones administrativas que a veces entran en conflicto”, hecho que desembocaría en una “inseguridad jurídica”, según la diputada.

Ante estos argumentos, Morata no ha querido pronunciarse sobre el caso de la Cámara. “No soy el presidente, no conozco las circunstancias y no me corresponde a mí contestar sobre este tema”, aunque el dirigente de la Cámara de Valencia ha aclarado en el inicio de su respuesta que “la norma está para que se cumpla, para que se haga bien, y si no, se sanciona”. También ha justificado la ley considerando que “hace falta rapidez agilidad”.

Insistencia

La diputada de Compromís ha insistido en el ejemplo de las declaraciones responsables como posibles medidas para “agilizar” trámites y sus posibles contradicciones en sus preguntas a otro de los comparecientes, Juan José Enríquez, presidente del Colegio de Economistas de Valencia. Y lo ha hecho volviendo a poner en duda la preparación de la administración, que “actualmente no cuenta con todo el personal necesario para poder hacer una fiscalización real y efectiva posteriormente a las declaraciones responsables”. Enríquez, que ha defendido los controles "a posteriori" de la declaración responsable, ha sido respondido por Mas con el argumento de la falta de funcionarios.

Las declaraciones tributarias las hacen los ciudadanos por su cuenta y luego hay un control y si hay una actuación incorrecta se sanciona: la declaración responsable debe ser así

Juan José Enríquez

— Presidente del Colegio de Economistas de Valencia

Enríquez ha insistido en su argumento defendiendo que "las declaraciones tributarias" las hacen los ciudadanos "por su cuenta y luego hay un control y si hay una actuación incorrecta se sanciona: la declaración responsable debe ser así". A su vez, ha propuesto la participación de "entidades certificadoras" para validar las actuaciones que requieren de permisos públicos.

Otro diputado que ha sacado a colación esta cuestión es el socialista José Díaz, criticando también la prevalencia de las declaraciones responsables. "Eliminar el control previo es trasladar el riesgo a futuro: que se lo pregunten a la Cámara de Comercio de Alicante", le ha dicho a Vicente Lafuente, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), que también ha acudido como compareciente.

Por otra parte, el diputado socialista ha aludido a la detención del presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, arrestado y puesto en libertad el mismo día 13 de marzo y a quien se le investiga por presuntos delitos como fraude de subvenciones por los Bono Comercio. "¿Alguien cree que la respuesta a esto es reducir controles?", se ha preguntado.

Lafuente no ha respondido a la cuestión concreta de la Cámara de Comercio y ha defendido la "colaboración publicoprivada con reglas públicas muy claras", ya que "no hay estructura pública para llegar a todo".

El proyecto legal cuenta con el apoyo garantizado el PP y de Vox. Desde la izquierda, pese a no mostrarse tan hostiles como con otras medidas, se han mostrado escépticos más con la forma que con el fondo de la medida.

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