Así será la comisión que investigará el caso Baño en la Diputación de Alicante

La comisión de investigación que analizará en la Diputación de Alicante el caso de Carlos Baño y la gestión del bono comercio echará a andar con una composición de trece miembros, mayoría clara del PP, un plazo máximo de seis meses y con Toni Pérez como presidente nato, aunque con la posibilidad de delegar la presidencia efectiva en otro diputado. Así lo recoge la moción de creación del órgano, que se someterá a formalización en el pleno ordinario de abril, previsto para este miércoles, y que permitirá ya activar la designación de los integrantes titulares y suplentes por parte de cada grupo.

La propuesta registrada por la vicepresidenta primera, la popular Ana Serna, fija que la comisión estará integrada por siete diputados populares, cuatro del PSOE, uno de Vox y uno de Compromís, respetando la proporcionalidad del pleno. Esa distribución otorga al equipo de gobierno una mayoría suficiente para pilotar el desarrollo de un órgano que nace con el objetivo formal de “esclarecer los hechos acontecidos sobre la gestión del programa bono comercio, su desarrollo administrativo y los mecanismos de control aplicados durante su ejecución”.

La novedad no está ya solo en que la Diputación vaya a tener finalmente una comisión de investigación sobre el caso Baño, sino en cómo quedará configurada. El diseño deja en manos del PP el control de la mayoría de sus asientos y, por tanto, un margen amplio para marcar el ritmo político e institucional de la investigación durante los próximos meses. El acuerdo fija además que la comisión contará con asistencia técnica y que los distintos grupos deberán adscribir a sus representantes una vez el órgano quede formalmente convocado.

Uno de los puntos más relevantes de la convocatoria es el relativo a la presidencia. El texto establece que el presidente de la Diputación será el presidente nato de la comisión, aunque añade que podrá delegar la presidencia efectiva en uno de sus miembros. Ese matiz abre una posibilidad política que ahora mismo no está cerrada. En la otra comisión de investigación que se ha celebrado en este mandato en la institución provincial, la constituida por el polémico examen de auxiliares administrativos con presuntas irregularidades, la presidencia recayó en la diputada socialista Pilar Díaz.

Por ahora, la convocatoria no concreta los nombres del PP ni del PSOE que se sentarán en ese órgano, algo que se conocerá a partir de su activación formal. En Vox y Compromís, en cambio, la incógnita es inexistente, ya que sus únicos representantes en la Diputación son sus portavoces, Gema Alemán y Ximo Perles. En el PSOE sí hay margen para el ajuste final, aunque en el grupo dan por seguro que uno de sus cuatro asientos será para Raúl Ruiz, el diputado que ha venido llevando directamente este asunto en nombre de los socialistas. Entre los nombres que se barajan también figuran Isabel López y José Ramiro, alcaldes de Xixona y Ondara, respectivamente.

La comisión se crea después del giro que dio el PP en el pleno extraordinario celebrado el pasado miércoles. Ese día, los populares evitaron la comparecencia de Toni Pérez para dar explicaciones sobre el caso, pero acabaron aceptando la apertura de una comisión de investigación. El movimiento supuso un cambio de posición relevante después de que, apenas unos días antes, el diputado de Desarrollo Económico, Carlos Pastor, hubiera sostenido que esa vía no procedía. La convocatoria conocida ahora permite ver ya con detalle el modelo por el que ha optado el grupo de gobierno: sí a la comisión, pero con mayoría propia, presidencia vinculada a Toni Pérez y un plazo tasado de medio año.

Todo ello se produce en pleno estallido político y judicial del caso que tiene como protagonista central a Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme, detenido el 13 de marzo y puesto posteriormente en libertad con cargos. La investigación, dirigida por la Fiscalía Anticorrupción, se centra en la gestión de los bonos comercio de 2022 y 2023 en más de una veintena de municipios de la provincia. La UDEF registró la sede de Facpyme y la defensa de Baño indicó entonces que se le atribuyen presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad.

En ese contexto, la Diputación trata de ordenar su respuesta institucional con un órgano que examinará la gestión del programa, su desarrollo administrativo y los mecanismos de control aplicados durante su ejecución. La comisión no entra en el procedimiento judicial ni prejuzga sus conclusiones, pero sí se convierte desde ya en una pieza central de la batalla política en torno a uno de los asuntos más delicados que ha afrontado en los últimos años la institución provincial.

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