El PP y Vox bloquean en las Cortes la fiscalización de la Cámara de Comercio por el caso Baño

El PP y Vox han bloqueado este miércoles en las Cortes la proposición no de ley urgente con la que Compromís trata de ampliar el foco institucional sobre la Cámara de Comercio de Alicante a raíz del caso de Carlos Baño. La iniciativa, defendida por la portavoz adjunta de la coalición Aitana Mas, plantea pedir al Consell de Transparència un informe sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa de la entidad y reclamar a la Sindicatura de Comptes una fiscalización especial de sus cuentas, contratos, publicidad y fondos públicos entre 2022 y 2025. El PSOE ha apoyado la propuesta, pero los populares y la ultraderecha la han tumbando escudándose en que ya existe una investigación judicial abierta y en la necesidad de no anticipar veredictos.

Viendo el currículum y las amistades peligrosas no estaría de más controlar sus cuentas

Aitana Mas

— Portavoz adjunta de Compromís en las Cortes

La PNL supone un paso más en la derivada política del caso Baño. No se limita a señalar la causa penal abierta en torno a los bonos comercio, sino que busca someter a examen el funcionamiento de la Cámara en los últimos cuatro ejercicios y revisar tanto su nivel de transparencia como su gestión económica y operativa. Con ello, Compromís trata de llevar el debate más allá del juzgado y situarlo también en el terreno del control institucional de una corporación de derecho público que recibe fondos públicos y está sujeta, según defiende la coalición, a exigencias de rendición de cuentas.

Mas ha articulado esa tesis con un discurso muy duro en el que ha conectado la detención de Baño con un clima político más amplio. La diputada ha sostenido que, viendo “el currículum, las amistades peligrosas y los hermanos cómplices”, no estaría de más someter a revisión las cuentas de la entidad que dirige. A partir de ahí, ha defendido la necesidad de que la Sindicatura de Comptes audite una Cámara cuya fiscalización, ha subrayado, no se realiza desde 2021. La portavoz adjunta de Compromís ha insistido en que su grupo no está condenando de antemano al presidente de la Cámara, sino pidiendo un análisis que permita “que estemos todos tranquilos, incluido el señor Baño”.

Desde Compromís piden transparencia y fiscalización cuando ya tienen la sentencia escrita

Javier Gutiérrez

— Diputado autonómico del PP

La coalición ha querido además reforzar ese planteamiento con la propia hemeroteca del dirigente alicantino. Mas ha recordado declaraciones de Baño de hace cuatro años, cuando defendía que la Cámara debía diferenciar entre “servir a la institución y servirse de ella”, para oponerlas a la situación actual. También ha vinculado esa ofensiva a otros episodios recientes del caso, como la rapidez con la que la conselleria movió la convocatoria electoral en la Cámara tras la detención del presidente. En su réplica final, Compromís ha deslizado incluso una sospecha política más amplia sobre el rechazo del PP a abrir esa fiscalización y ha llegado a preguntar “qué esconden” y “por qué encubren a Baño”.

Frente a esa tesis, el PP y Vox han cerrado filas en una misma idea: dejar actuar a la Justicia y evitar, a su juicio, convertir las Cortes en un espacio de condena política anticipada. El diputado del PP Javier Gutiérrez ha enmarcado la iniciativa en “otro capítulo mediático más del circo de Compromís”. El parlamentario popular ha negado que existiera una decisión centralizada sobre la gestión de los bonos comercio y ha asegurado que fueron los ayuntamientos los que eligieron cómo tramitarlos, con una veintena de municipios implicados y menos del 10 % de los 58 millones movilizados. Gutiérrez ha reprochado a Compromís que hablara de transparencia y fiscalización “cuando ya tiene la sentencia escrita” y ha afirmado que la coalición no acudía a las Cortes a aclarar nada, sino a “ensuciarlo todo”.

Barcala, Mazón y Baño forman un triángulo donde las responsabilidades desaparecen

José Díaz

— Diputado autonómico del PSOE

La diputada de Vox Teresa Ramírez ha acusado a Compromís de cuestionar “la utilidad” de la Cámara a partir de unos hechos pendientes de resolución judicial y ha defendido que la iniciativa no busca transparencia, sino erosionar un modelo de colaboración público-privada “al que tienen alergia”. A su juicio, el discurso de la coalición daña la confianza en una institución “clave” para el desarrollo económico y responde más a una estrategia de ruido político que a una propuesta técnica de mejora.

El PSOE se ha alineado con la propuesta de Compromís, aunque ha llevado el debate a un plano político más amplio. El diputado José Díaz ha enmarcado el caso Baño en lo que ha definido como un “ecosistema” alicantino en el que, a su juicio, siempre orbitan los mismos nombres. Ha citado expresamente a Luis Barcala, Carlos Mazón y el propio Baño y ha descrito ese triángulo como un espacio “donde lo público y las responsabilidades desaparecen”. En su intervención, los socialistas han enlazado además el escándalo de la Cámara con el de la vivienda protegida de Alicante al sostener que, “da igual que hablemos de vivienda protegida o bonos comercio”, ya que en ambos casos aprencian controles debilitados y una sensación de impunidad instalada.

Compromís no busca transparencia, usan un caso judicial para cuestionar a la Cámara

Teresa Ramírez

— Diputada autonómica de Vox

La votación de este miércoles, por tanto, dejará sin recorrido, al menos por ahora, el intento de trasladar al ámbito parlamentario una fiscalización más intensa de la Cámara mientras la causa judicial sigue su curso. Eso sí, el debate en las Cortes ha vuelto a colocar a Carlos Baño en el centro del foco político y ha retratado con claridad la división entre quienes quieren ampliar el perímetro del control institucional y quienes prefieren ceñirse al trabajo de la Justicia.

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