La Diputación de Alicante aprueba por unanimidad la comisión del caso Baño pero el PP aplaza el debate sobre a quién citará

La comisión del caso Baño ya es oficial en la Diputación de Alicante pero el PP sigue aplazando la decisión más incómoda. La institución provincial ha aprobado este miércoles por unanimidad el órgano de investigación sobre la gestión del bono comercio. Los populares han aceptado parte de las exigencias planteadas por el PSOE para ordenar el funcionamiento de la comisión —un plazo máximo de seis meses y un mínimo de seis sesiones—, mientras han aplazado el debate clave sobre las comparecencias, entre ellas las que los socialistas reclaman del propio Baño, del expresidente de la institución Carlos Mazón y del actual mandatario, Toni Pérez.

La votación, en realidad, no encerraba demasiada incertidumbre. La apertura de la comisión ya había sido asumida por el equipo de gobierno en el pleno extraordinario celebrado hace una semana, en pleno estallido político del caso. Lo relevante en esta sesión ordinaria no ha sido tanto si el órgano saldría adelante, como ha ocurrido, sino en qué condiciones y con qué margen nace. El PSOE ha intentado evitar que la comisión arranque como una mera formalidad y el PP ha optado por aceptar el calendario, pero diferir a más adelante la batalla sobre los nombres.

No es competencia del pleno determinar quién comparece en la comisión de investigación

Ana Serna

— Vicepresidenta primera de la Diputación de Alicante (PP)

El diputado socialista Raúl Ruiz ha reclamado que la comisión sirva “para investigar, no para pasar página” y ha advertido de que, sin un mínimo de sesiones y sin las comparecencias de quienes considera piezas clave del caso, todo quedaría reducido a una “comisión estética”. El grupo socialista había planteado precisamente esas dos condiciones en forma de enmiendas: seis sesiones dentro del plazo máximo de seis meses y la comparecencia de Baño, Mazón y Toni Pérez. En el pleno, Ruiz ha sostenido que el objetivo no es “tapar síntomas”, sino “conocer la verdad”.

La vicepresidenta primera y portavoz del PP en este punto, Ana Serna, ha aceptado la parte relativa al funcionamiento temporal del órgano. Pero ha levantado una barrera clara cuando ha entrado en el debate sobre los comparecientes. Según ha defendido, esa cuestión no corresponde decidirla en el pleno, sino en el seno de la propia comisión una vez quede constituida. Esa ha sido la línea de defensa que el equipo de gobierno ha mantenido de principio a fin: sí a la comisión y sí a dotarla de una cierta estructura temporal, sin retratarse ya sobre los nombres que más incomodan políticamente.

Si no citan a quienes tienen respuestas, la comisión será solo una operación estética

Raúl Ruiz

— Diputado provincial del PSOE

Ese aplazamiento ha sido precisamente lo que el PSOE ha tratado de convertir en la verdadera noticia política del debate. Ruiz ha insistido en que la Diputación no puede limitarse a presentarse como una mera repartidora de fondos desligada de lo ocurrido después con un programa que movilizó decenas de millones de euros. “Entregar 58 millones de euros y no supervisar cómo se gestionó, ¿no le parece negligente?”, le ha planteado a Serna. Y ha ido más allá al recordar las manifestaciones recientes de Baño sobre el origen de estas ayudas y su relación con Mazón. A juicio de los socialistas, si la Diputación no tiene nada que ocultar debería aceptar desde el primer momento la comparecencia de quienes, según defienden, tienen respuestas que dar.

Serna ha respondido tratando de descargar el foco sobre los ayuntamientos y sobre el funcionamiento ordinario de la administración. Ha recordado que las bases fueron aprobadas por todos los grupos, que cada municipio decidió desde su autonomía local cómo gestionaba el bono comercio y que existe un departamento de Intervención encargado de fiscalizar los procedimientos. Desde esa tesis, ha rechazado que el pleno tenga que fijar ahora las comparecencias y ha deslizado incluso que, cuando la comisión eche a andar, quizá haya más nombres sobre la mesa. También ha replicado al PSOE que, si quiere explicaciones, las pida a alcaldes de municipios que trabajaron con la empresa investigada, incluidos algunos socialistas.

Hay que investigar el caso Baño y extenderlo también a Alicante Gastronómica

Ximo Perles

— Portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante

Vox ha mantenido una posición alineada con la ya exhibida en otros debates vinculados al caso. Su portavoz, Gema Alemán, ha reiterado el apoyo de su grupo a la apertura de la comisión, pero ha advertido de que la corporación “no es un espacio para condenas políticas anticipadas” y ha rechazado que se utilice este asunto para “montar un circo mediático” o erosionar la colaboración público-privada. Compromís, por su parte, no ha intervenido en el pleno sobre este punto, aunque a la salida su portavoz, Ximo Perles, ha defendido que “hay que investigar el caso Baño y extenderlo a Alicante Gastronómica”.

La comisión del caso Baño ya queda formalmente aprobada y lo hace, además, sin votos en contra, pero nace con un primer elemento de fricción sobre el alcance real de la investigación y, sobre todo, el listado de comparecientes. El PP evita por ahora comprometerse con la presencia de Baño, Mazón o Toni Pérez y remite esa decisión al momento en que la comisión se constituya y empiece a caminar. El PSOE, por su parte, intenta explotar esa cautela como prueba de que el equipo de gobierno quiere controlar los daños antes que despejar todas las incógnitas del caso.

La corporación no puede convertirse en un espacio para condenas políticas anticipadas

Gema Alemán

— Portavoz de Vox en la Diputación de Alicante

La votación de este miércoles supone, en todo caso, un nuevo paso en una secuencia que ha ido estrechando el cerco político alrededor del escándalo. Primero fue el pleno extraordinario en el que el PP evitó la comparecencia de Toni Pérez, aunque aceptó abrir la comisión. Después llegó el diseño del órgano, con mayoría clara del equipo de gobierno. Más tarde, la presión del PSOE para citar a Baño, Mazón y al propio presidente de la Diputación. Y, en paralelo, el bloqueo en las Cortes por parte del PP y Vox a la iniciativa de Compromís para pedir una fiscalización extra de la Cámara de Comercio por parte de la Sindicatura de Comptes.

El pleno ordinario dejó además otro frente abierto entre el equipo de gobierno y la izquierda por el Plan +Cerca. El programa ha sido aprobado por unanimidad, aunque el PSOE y Compromís han vuelto a reprochar al PP su recorte y la falta de información previa. El gobierno provincial, por su parte, ha vuelto a cargar contra Pedro Sánchez y las reglas fiscales. Pero el debate más sensible de la Diputación sigue girando en torno al caso Baño.

Suscríbete para seguir leyendo