El caso Baño agudiza el choque en la Diputación de Alicante sobre cómo se articuló el bono comercio

El caso Baño ha avivado un nuevo choque político en la Diputación de Alicante sobre el modo en que se articuló el bono comercio y, en concreto, sobre el papel que desempeñaron Facpyme y la Cámara de Comercio en la campaña de 2024, ya con Toni Pérez al frente de la institución. El PSOE sostiene que la colaboración de ambas entidades se daba ya por hecha antes de la aprobación formal de la modificación de crédito, mientras el equipo de gobierno del PP rechaza esa lectura, defiende que los ayuntamientos actuaron con plena autonomía y acusa a los socialistas de intentar manchar la imagen de la Diputación.

La fricción llega, además, en vísperas de una cita clave en la comisión de investigación abierta en la Diputación sobre este asunto. El próximo lunes está previsto que comparezca Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme, en la primera sesión de comparecencias del órgano constituido esta semana con un plan de trabajo impulsado por el PP.

La ofensiva la ha abierto este miércoles el grupo socialista, que ha tratado de reforzar la idea de que la gestión del bono comercio con Facpyme estaba encarrilada de antemano. Los socialistas ponen el foco en que tanto la Diputación como la propia organización empresarial hablaban públicamente en mayo de 2024 de la colaboración de esta última en el desarrollo de la campaña antes del pleno extraordinario que debía aprobar la modificación de crédito correspondiente.

En la comunicación difundida entonces por la Diputación tras la presentación del programa, la institución aludía a la Cámara de Comercio y a Facpyme como entidades que colaboraban en el desarrollo de la iniciativa. En paralelo, una publicación de Facpyme afirmaba que la campaña de bono consumo dotada con 20 millones de euros la desarrollarían la Cámara de Comercio y la propia patronal. Para el PSOE, esa secuencia revela que el esquema estaba orientado de antemano y que el papel de ambas entidades se daba por hecho antes del trámite formal.

El diputado socialista Raúl Ruiz ha manifestado que “el problema no es solo lo que se hizo, sino cómo se hizo” y ha afirmado que “se diseñó todo un sistema en el que ya estaba decidido quién iba a gestionar los fondos antes incluso de que el programa echara a andar”. El grupo provincial enlaza además esa lectura con la cronología de 2022: recuerda que las bases del bono comercio se aprobaron el 10 de mayo de ese año, que Baño fue elegido presidente de la Cámara el 29 de junio y que apenas dos semanas después, el 13 de julio, se constituyó Nexo Retail Alicante SL, la mercantil que acabaría vinculada a la gestión de este tipo de campañas.

Se diseñó un sistema en el que ya estaba decidido quién iba a gestionar los fondos

Raúl Ruiz

— Diputado provincial del PSOE

La réplica del PP ha llegado de la mano de la vicepresidenta primera y portavoz del equipo de gobierno, Ana Serna, que ha negado que la Diputación ofreciera a los municipios la gestión del bono comercio a través de Facpyme y ha rechazado que existiera una planificación dirigida para beneficiar a esa entidad o a la Cámara de Comercio. Serna mantiene que “es absolutamente falso” que la institución incluyera a Facpyme como entidad colaboradora de la gestión en ninguna campaña de promoción y defiende que ni las bases de la convocatoria ni la difusión institucional de la misma contenían referencias a Facpyme o a la Cámara como entidades gestoras.

La dirigente popular ha insistido en que la Diputación se limitó a aprobar las bases y a resolver la convocatoria conforme a la Ley de Subvenciones, mientras que fueron los ayuntamientos quienes, “con total autonomía local y libertad”, eligieron los mecanismos que consideraron oportunos para desarrollar sus campañas. En ese punto, Serna ha tratado de desmontar la interpretación del PSOE con un argumento adicional. Si la tesis socialista fuera cierta, ha dicho, los municipios habrían gestionado de forma generalizada la campaña con alguna de esas dos entidades, cuando, según señala, “la mayoría no lo hizo”.

Además, la vicepresidenta encuadra la relación con Facpyme y la Cámara en su papel como representantes del sector comercial y ha negado que eso equivalga a atribuirles de antemano una función gestora. A su juicio, la implicación de ambas se limitó a trasladar a la Diputación las necesidades del comercio provincial en un contexto marcado primero por la pandemia y después por el impacto económico de la guerra de Ucrania sobre el consumo.

Serna ha elevado también el tono político al acusar al grupo socialista de “querer manchar la imagen de esta Diputación a sabiendas de que detrás de esta cuestión no hay nada irregular”. Esa respuesta convierte el episodio en un nuevo cruce de acusaciones en torno al caso Baño, con el PSOE tratando de llevar el foco hacia el diseño previo del sistema y el PP intentando encapsular el asunto en la autonomía municipal con la que, según su versión, cada ayuntamiento decidió cómo ejecutar el bono comercio.

Es falso que esta Diputación incluyera a Facpyme como entidad gestora del bono consumo

Ana Serna

— Vicepresidenta primera de la Diputación de Alicante (PP)

La investigación judicial, dirigida por la Fiscalía Anticorrupción, se centra en la gestión de los bonos comercio de 2022 y 2023 en más de una veintena de municipios. Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme, fue detenido el 13 de marzo y puesto después en libertad con cargos. La UDEF registró la sede de Facpyme y su defensa indicó entonces que se le atribuyen presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad.

Con ese telón de fondo, el nuevo cruce entre PSOE y PP llega justo antes de la comparecencia de Baño en la comisión de investigación de la Diputación, donde volverá a ponerse a prueba la pugna entre quienes intentan situar el centro del caso en la institución provincial y quienes tratan de desplazarlo hacia la forma en que los municipios ejecutaron las campañas. Quien no comparecerá será Carlos Mazón, exjefe del Consell y de la Diputación, tras bloquear el PP su participación en la comisión.

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