La Diputación de Alicante niega que el bono comercio usara fondos europeos y Sumar exige la salida de Baño de la Cámara

La Diputación de Alicante niega que las campañas de bono comercio investigadas en el caso Baño se financiaran con fondos europeos. La institución provincial ha respondido a una pregunta registrada por Sumar en el Congreso de los Diputados y sostiene que las subvenciones a ayuntamientos y entidades locales menores para campañas de fomento del consumo entre 2022 y 2024 se pagaron con fondos propios de la Diputación.

La contestación llega después de que el diputado de Sumar por Alicante, Txema Guijarro, solicitara información sobre todos los fondos europeos recibidos por la Diputación entre 2020 y 2023 y pidiera que se aclarara expresamente si alguno de esos recursos se destinó, total o parcialmente, al programa del bono comercio gestionado en la provincia. La pregunta se formuló en el contexto de la investigación judicial sobre las campañas vinculadas a Facpyme.

En su respuesta, la Diputación afirma que ninguno de los fondos europeos recibidos entre 2020 y 2023 dentro del marco plurianual 2020-2027 está relacionado con la temática del comercio. Sí identifica un único proyecto vinculado al comercio financiado con fondos europeos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los fondos Next Generation, el programa Alicante Rural-COM, orientado a la potenciación del comercio rural en la provincia.

Ese proyecto, según detalla la Diputación, fue subvencionado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo dentro del programa de ayudas para el apoyo de la actividad comercial en zonas rurales, convocatoria de 2022. Su presupuesto era de 625.000 euros, con una subvención estatal de 500.000 euros y una cofinanciación provincial de 125.000 euros. Las actuaciones fueron realizadas directamente por la Diputación en municipios de la provincia e incluían aplicaciones omnicanal para la oferta comercial, promoción digital, reducción del consumo de insumos de un solo uso, formación tecnológica para el comercio e implantación de redes wifi.

La institución provincial señala que Alicante Rural-COM fue concedido en 2022, ejecutado y finalizado a finales de 2024, justificado en tiempo y forma en 2025 y verificado y fiscalizado por el Ministerio entre finales de 2025 y principios de 2026. En esa misma contestación, la Diputación reconoce un reintegro al Ministerio de 122.129 euros en relación con este proyecto.

Mantener a Baño al frente de la Cámara proyecta una falta de ejemplaridad que Alicante no puede permitirse

Xavier López

— Cocoordinador de Sumar en la Comunidad Valenciana

Sobre la pregunta central de Sumar, la respuesta provincial remite a la Base Nacional de Datos de Subvenciones y sostiene que las campañas de fomento del consumo del bono comercio en los municipios de 2022, 2023 y 2024 fueron subvencionadas con fondos propios de la Diputación de Alicante. También apunta que las líneas de ayudas a municipios para la redacción y presentación de proyectos europeos en esos años se financiaron igualmente con fondos provinciales.

La investigación judicial, dirigida por la Fiscalía Anticorrupción, se centra en la gestión de los bonos comercio de 2022 y 2023 en más de una veintena de municipios. Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme, fue detenido el 13 de marzo y puesto después en libertad con cargos. La UDEF registró la sede de Facpyme y su defensa indicó entonces que se le atribuyen presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad.

La respuesta de la Diputación no ha rebajado el tono político de Sumar sobre la continuidad de Baño al frente de la Cámara de Comercio de Alicante. El cocoordinador de la formación en la Comunidad Valenciana, Xavier López, sostiene que la situación del presidente cameral es “ya insostenible” y que no se trata solo de una investigación en curso, sino de “un problema grave de credibilidad” que, a su juicio, está dañando la imagen de Alicante.

“Mantenerle al frente de la Cámara de Comercio de Alicante proyecta una falta de ejemplaridad que la ciudad no puede permitirse”, afirma López, que reclama la salida inmediata de Baño, la puesta en marcha de auditorías independientes y un compromiso claro con la transparencia. Sumar sitúa así el foco no solo en la financiación de las campañas, sino en la responsabilidad institucional y política derivada del caso.

López sostiene además que lo ocurrido “no es una cuestión técnica, sino política” y vincula a Baño con “un entorno” relacionado con el PP. “Eso explica que, pese a la situación, se le siga protegiendo y amparando”, señala el dirigente de Sumar, que acusa al PP de buscar “argumentos y atajos” para evitar una decisión que, según defiende, sería lógica en cualquier institución.

Para Sumar, la prioridad debe ser recuperar la reputación de Alicante y despejar cualquier duda sobre el uso de fondos públicos en las campañas investigadas. “Alicante necesita recuperar su reputación y eso solo será posible si se antepone el interés general a cualquier red de intereses partidistas”, concluye López.

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