El debate por la inversión de la Diputación de Alicante deriva en una guerra de cifras entre el PP y el PSOE
Los populares vuelven a distanciarse de Vox en inmigración, rechazando la "prioridad nacional" abanderada por los ultras, pese a compartir las críticas a la regularización impulsada por el Gobierno central
La Diputación aprueba la comisión del caso Baño pero el PP aplaza el debate de los nombres / Pilar Cortés
El debate por la inversión en la Diputación de Alicante ha derivado este miércoles en una guerra de cifras entre el PP y el PSOE. La moción socialista sobre la política presupuestaria ha vuelto a enfrentar dos lecturas opuestas sobre la capacidad inversora del gobierno provincial de Toni Pérez. El PSOE ha insistido en la baja ejecución de las inversiones reales y el PP ha respondido con otro cálculo, al sumar inversiones y transferencias de capital. La iniciativa ha decaído con los 15 votos en contra del PP (con mayoría absoluta), el apoyo de PSOE y Compromís y la abstención de Vox.
El pleno ordinario había avanzado hasta entonces a gran velocidad. Antes del turno de mociones, la sesión se ha despachado en menos de diez minutos, con solo dos puntos de gestión en el orden del día, ambos modificaciones de crédito, y seis daciones de cuenta. El diputado popular Antonio Bernabeu ha abandonado el pleno con la sesión ya comenzada, mientras que las diputadas socialistas Yolanda Seva y Pilar Díaz no han acudido.
El portavoz socialista, Vicente Arques, ha utilizado precisamente ese arranque para cargar contra la actividad del gobierno provincial. “Es preocupante que el pleno tenga solo dos puntos en el orden del día y sean dos modificaciones de crédito”, ha manifestado. Una de ellas, según ha recalcado, afecta al Plan Planifica 2020-2023 y traslada actuaciones al Planifica 2024-2027. “Estamos en mayo de 2026 y siguen ejecutando el Planifica de 2023”, ha reprochado.
Cada diputación tiene una casuística determinada que hay que respetar
Arques ha vuelto a situar el foco en la ejecución del capítulo 6, correspondiente a inversiones reales. Según el portavoz socialista, la Diputación se quedó en 2025 en torno al 34 % de ejecución, con 75 millones previstos y solo unos 26 millones ejecutados. “¿Ejecutar el 34 % es culpa de Pedro Sánchez? Porque ya me sé su respuesta”, ha ironizado. “Somos una Diputación que invierte poco, tarde y mal”, ha apostillado.
La vicepresidenta segunda y diputada de Hacienda, Marina Sáez, ha rechazado la comparación planteada por el PSOE y ha defendido que cada diputación tiene una “casuística determinada”. La respuesta del PP no ha pasado tanto por negar el porcentaje de ejecución de las inversiones reales que esgrime la oposición como por cambiar el perímetro del cálculo. Sáez ha sostenido que, si se suman los capítulos 6 y 7, es decir, inversiones reales y transferencias de capital, la Diputación de Alicante alcanza una ejecución del 45 %, frente al 41 % que ha atribuído a Valencia.
Ejecutar el 34 % de las inversiones reales no es culpa de Pedro Sánchez
La diputada popular ha acusado al PSOE de “comparar churras con merinas” y ha añadido que a la Diputación de Valencia se le permitió utilizar remanentes de tesorería por la dana, lo que, según defiende, influye en el cálculo final. También ha asegurado que el Plan +Cerca supone “un alivio” para los ayuntamientos y que el Planifica es un programa plurianual de cuatro años.
El diputado socialista José Ramiro ha replicado que su grupo no habla de “generalidades”, sino de presupuestos, liquidaciones y partidas concretas. Ha vuelto a cuestionar las dotaciones simbólicas de algunas áreas y ha acusado al PP de desvirtuar las cuentas. “Paren, reflexionen y miren los síntomas de la Diputación. No vendan humo, aporten soluciones”, ha reclamado. Pastor ha hablado de una institución “con el piloto automático e hipotecada a futuro” y ha concluido que el gobierno provincial se ha convertido en “una rémora para los ayuntamientos”.
El presupuesto está más destinado a la imagen que a la ejecución real
Sáez ha rechazado las acusaciones de “desidia, incompetencia o mala fe” y ha desplazado de nuevo parte del debate hacia el Gobierno central. La diputada popular ha pedido al PSOE que presente una moción para exigir inversiones estatales en la provincia en materias como agua, educación, sanidad o financiación. Arques ha cerrado el debate insistiendo en que Alicante sufre una “doble rémora”, con menor presupuesto y menor ejecución, y ha lanzado una pulla sobre el caso Baño: “Hay una cosa en la que le ganamos a Valencia y Castellón, en las cámaras de comercio. No es por hacer leña del árbol caído”.
Vox no ha respaldado la moción socialista, a la que ha considerado “parcial” y basada en una comparación “sesgada”, pero tampoco ha acompañado al PP. Su portavoz, Gema Alemán, ha anunciado la abstención tras criticar la “excesiva burocracia” del equipo de gobierno y afirmar que el presupuesto provincial está “más destinado a la imagen que a la ejecución real”.
Sin acuerdo en inmigración
El pleno ha dejado además otra distancia entre el PP y Vox en materia de inmigración. La formación ultra ha llevado una moción sobre regularización y “prioridad nacional”, pero no ha aceptado la enmienda presentada por el PP, que intentaba situar el debate en un marco más institucional, con apoyo al Consell, rechazo al nuevo reparto de menores no acompañados, referencia al pacto europeo de migración y asilo, lucha contra las mafias y refuerzo del control de fronteras. La portavoz popular, Loreto Serrano, ha resaltado que “hablamos de personas” y que hay que ser “muy cuidadosos” con las palabras y las medidas.
Vox ha rechazado la enmienda del PP por considerar que los populares “llegan tarde” y ha defendido su moción con un discurso centrado en la prioridad de los españoles frente a las personas migrantes. Compromís y PSOE han cargado contra la iniciativa. El portavoz valencianista, Ximo Perles, la ha calificado de “racista y abiertamente fascista”, mientras la socialista Raquel Marín ha señalado que la propuesta se apoya en “bulos” y que la llamada “prioridad nacional” es en realidad una discriminación que rompe la convivencia.
El PP, que tampoco ha avalado la iniciativa de Vox como ha sucedido previamente en ayuntamientos como el de Alicante, ha vuelto así a marcar distancia con el discurso más duro de su socio habitual en otras administraciones, pese a compartir el rechazo al proceso de regularización impulsado por el Gobierno. La moción ha quedado rechazada con un único voto a favor, el de Vox, y 27 en contra.
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