La Sindicatura de Comptes afea al Ayuntamiento de Alicante fallos de control en el contrato de atención a personas migradas
El órgano fiscalizador señala que no constan relaciones nominales de trabajadores ni boletines de cotización exigidos en el servicio Pangea, objeto además de denuncias de una empleada de la adjudicataria
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La Sindicatura de Comptes pone el foco en el control municipal del contrato de las oficinas Pangea de atención a personas migradas de Alicante. El órgano fiscalizador ha revisado la ejecución del servicio de información, mediación y orientación durante los ejercicios 2023 y 2024 y señala varias deficiencias documentales en el seguimiento del contrato, además de recomendar al Ayuntamiento que incorpore al expediente los informes derivados de la investigación de unas presuntas irregularidades denunciadas por una trabajadora de la empresa adjudicataria.
El informe no entra a resolver el fondo de esas denuncias laborales, que según la documentación municipal se encontraban en sede judicial, pero sí advierte de que el expediente debe recoger los informes pertinentes vinculados a esa investigación. La recomendación concreta a Alicante es que el Consistorio “debería analizar y hacer constar en el expediente de contratación los informes pertinentes derivados de la investigación de las presuntas irregularidades denunciadas”.
El contrato analizado es el expediente 26/22, correspondiente a las oficinas de atención a las personas migradas Pangea. La licitación se dividió en dos lotes: uno para el servicio de información, mediación y orientación y otro para asesoramiento jurídico. La Sindicatura ha revisado la ejecución del lote 1, formalizado el 15 de julio de 2022 por importe de 373.402 euros, IVA exento, y con una duración inicial de dos años. El servicio comenzó el 25 de julio de 2022 y fue prorrogado por un año más, hasta julio de 2025, por 186.701 euros.
La fiscalización detecta puntos débiles en el control de la ejecución. Uno de ellos afecta al personal que prestaba el servicio. El pliego establecía que las certificaciones mensuales debían ir acompañadas de fotocopias autentificadas de los boletines de cotización TC1 y TC2 de la Seguridad Social correspondientes a los trabajadores que hubieran intervenido en el contrato. Sin embargo, la Sindicatura señala que en las certificaciones revisadas no consta la relación de trabajadores que participaron en la prestación ni se acompañan esos boletines de cotización.
Órgano fiscalizador
El órgano fiscalizador también indica que el adjudicatario debía presentar, antes del inicio del servicio, una relación nominal de las personas destinadas al contrato para que el Ayuntamiento pudiera identificar en todo momento a quienes ejecutaban los trabajos planificados. Según el informe, no consta en el expediente que se presentara dicha relación nominal. El Ayuntamiento alegó después que sí había aportado documentación, pero la Sindicatura mantiene la incidencia al considerar que lo remitido recogía una relación genérica de puestos y no una identificación nominal de trabajadores.
Otra de las observaciones afecta al control de las facturas. El informe señala que el pliego no precisó qué órgano era el encargado de revisar la facturación presentada por la adjudicataria. La Sindicatura afirma que las certificaciones fueron validadas por diversos órganos del Ayuntamiento y considera que los pliegos deberían haber concretado con exactitud el departamento responsable de esa revisión. Además, en cinco de las diez certificaciones analizadas, el informe del órgano gestor sobre la ejecución del servicio no contenía la firma de la persona responsable de su elaboración.
El Ayuntamiento defendió en sus alegaciones que las certificaciones mensuales se tramitaron conforme a los parámetros de cumplimiento del servicio y al modelo fijado por la Intervención Municipal. También sostuvo que la adjudicataria cumplió con el objeto del contrato, con los plazos, la calidad exigida y las obligaciones previstas y que cuando se le requirió información actuó con colaboración y transparencia. La Sindicatura aceptó parte de las alegaciones municipales y eliminó una salvedad inicial sobre la falta de documentación justificativa de los pagos, después de que el Consistorio aportara documentación correcta.
Sin embargo, el órgano fiscalizador mantuvo las incidencias principales sobre la ausencia de boletines de cotización, la falta de relación nominal de trabajadores y la necesidad de precisar mejor en los pliegos quién debía validar las certificaciones.
Ejecución del contrato
La ejecución del contrato quedó además marcada por las denuncias de una trabajadora de la empresa adjudicataria. El acta de finalización del servicio recoge que se pusieron en conocimiento del área municipal actuaciones de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Alicante sobre las cuestiones planteadas por la empleada. El Ayuntamiento sostuvo que, al estar el asunto en sede judicial, carecía de competencia para determinar el alcance de esas denuncias y defendió que no tenía responsabilidad alguna, sin perjuicio de las resoluciones que pudieran recaer.
El informe de la Sindicatura no se limita al Ayuntamiento de Alicante. La fiscalización analiza la contratación del conjunto del sector público local valenciano en 2023 y 2024 e incluye referencias a otras administraciones de la provincia, entre ellas la Diputación de Alicante y distintos ayuntamientos, aunque la revisión específica desarrollada en detalle se centra en los consistorios de Alicante, Serra y Xirivella.
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