Un expresidente de Mercasa, entre los 25 nuevos imputados por el “caso Leire”

El alicantino José Ramón Sempere, expresidente de Mercasa, es uno de los más de veinte nuevos investigados en el llamado “caso Leire Díaz” por su presunta participación en una permuta irregular que pretendía beneficiar a la trama mediante el traslado de la sede de la empresa pública. Paralelamente, la investigación rastrea si desde la cúpula de la empresa pública se valieron de la fórmula del contrato menor para adjudicar directamente informes técnicos a esta misma mercantil con el fin de justificar el traslado de sede.

A instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a 25 personas, entre cargos públicos y directivos, para aclarar las adjudicaciones a las mercantiles Servinabar y Mediaciones Martínez. Las imputaciones alcanzan también al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, por las labores realizadas cuando ya había salido del organismo, así como a su actual presidenta, Belén Gualda.

Sempere, exconcejal socialista del Ayuntamiento de Alicante, fue director general de Mercalicante entre 2008 y 2015 y estuvo al frente de Mercasa entre 2018 y 2024 antes de pasar a dirigir la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. La investigación le apunta a él y a su número dos, María Teresa Castillo. Según la UCO, la red criminal diseñó una operativa para «aprovechar el interés existente (...) en trasladar la sede física» de Mercasa mediante «contrataciones irregulares o la simulación de servicios de intermediación» para obtener un beneficio ilícito. Aunque no existen llamadas ni mensajes directos del alicantino, los investigadores se apoyan en comunicaciones de terceros que aluden a él, como un chat del propio Vicente Fernández con los cabecillas. La tesis policial sostiene que la trama planeaba inflar de forma ficticia el presupuesto de rehabilitación del edificio original hasta los 2,8 millones de euros para declararlo "antieconómico" y forzar la mudanza.

Una permuta que no se produjo

Frente a esta acusación, fuentes cercanas al caso precisaron que el informe a Servinabar se encargó de forma totalmente legal ante el "lamentable" estado de la sede de Mercasa en Madrid. Según esta versión, los presupuestos planteados originalmente por los técnicos internos de la casa eran desorbitados, lo que empujó a la dirección, a cuyo frente se encontraba Sempere, a buscar una contravaloración externa, por lo que se recurrió a Servinabar, una de las dos mercantiles de la trama.

Sugerencia del expresidente de la SEPI

Fue el propio Vicente Fernández quien, según estas fuentes, sugirió la contratación de la citada mercantil sirviéndose de que seguía ejerciendo una suerte de jefatura "en la sombra" en el holding público mientras el Ministerio de Hacienda retrasaba el nombramiento de un nuevo presidente de la SEPI.

Las mismas fuentes inciden en que, ante la valoración de 2,8 millones, Mercasa descartó por completo cualquier mudanza o permuta y optó por integrar esos costes en un plan director para ir ejecutando las obras por fases y de manera plurianual y progresiva (ventanas, climatización, ascensores…) De hecho, recalcan que Servinabar, que aseguran que ni siquiera poseía activos inmobiliarios, no recibió ningún contrato más en la entidad pública ni llegó a presentarse a las licitaciones posteriores.

Desde el entorno del expresidente se desvinculan firmemente de los mensajes interceptados por la UCO y sugieren que los cabecillas de la red pudieron "inventarse la mitad" de los resúmenes de sus reuniones para justificar ante terceros la supuesta eficacia de sus gestiones y el cobro de sus contraprestaciones, introduciendo el nombre de Sempere en conversaciones en las que él jamás participó.

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