La Diputación de Alicante recupera el bono comercio dos años después en plena investigación por el caso Baño

La Diputación de Alicante recuperará dos años después el bono comercio, uno de los programas estrella de la etapa de Carlos Mazón al frente de la institución provincial y hoy situado bajo el foco de la investigación judicial del caso Baño. El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, anunciará este miércoles una nueva edición en una comparecencia convocada por sorpresa este martes, sin que los grupos de la oposición tuvieran conocimiento previo de la iniciativa.

Pérez presentará el programa junto a las vicepresidentas Ana Serna y Marina Sáez, dentro del anuncio de la segunda fase del Plan + Cerca 2026. La convocatoria no adelanta la cuantía, los plazos ni la fórmula de gestión que tendrá la nueva campaña, cuyos detalles se conocerán durante el acto previsto en la mañana de este miércoles en el Palacio Provincial. Este diario ha intentado conocer cómo se articulará la gestión del bono comercio, aunque desde el equipo de gobierno se han remitido a la comparecencia de este miércoles.

La última edición se celebró en 2024, ya con Pérez al frente de la institución. Fuentes del equipo de gobierno explican que en 2025 no pudo repetirse porque las reglas fiscales impedían recurrir a los remanentes de tesorería con los que se financiaba el programa. Este año, según las mismas fuentes, la Diputación sí podrá utilizar una parte de esos ahorros, aunque la institución no ha concretado todavía cuánto dinero destinará al regreso de los bonos.

Cambio de discurso

La decisión supone además un giro respecto al discurso que el propio PP mantuvo hace apenas ocho meses. Durante el pleno de noviembre del año pasado, Marina Sáez puso en duda la eficacia de una herramienta que hasta entonces su partido había presentado como un éxito. La vicepresidenta aseguró que el bono “no alivia como debería”, genera un impacto “corto y muy concentrado en el tiempo” y había provocado, según alcaldes consultados por el equipo de gobierno sin concretar de qué municipios, “más perjuicios que beneficios” por las dificultades de gestión.

Sáez será ahora una de las responsables que acompañará a Toni Pérez en la recuperación del programa. En aquel debate, la Diputación combinó las críticas al funcionamiento del bono con el argumento de que el Gobierno central no permitía emplear los remanentes. Compromís y el PSOE acusaron entonces al PP de abandonar una iniciativa que había abanderado durante años y de utilizar las limitaciones presupuestarias como excusa para no mantenerla.

La última campaña movilizó 19,7 millones y alcanzó a 130 municipios de la provincia

La campaña de 2024 estuvo dotada inicialmente con 20 millones de euros y acabó distribuyendo 19,7 millones entre 130 municipios. Las ayudas permitían aplicar descuentos del 50 % en las compras y cada ayuntamiento decidía el calendario, los beneficiarios, los establecimientos adheridos y la posibilidad de aportar fondos propios. La convocatoria estaba abierta a los 141 municipios de la provincia y sus tres entidades locales menores.

Aquella fue la cuarta edición en tres años. La Diputación cifró entonces en 58 millones la inversión acumulada en bonos desde su puesta en marcha. Mazón llegó a presentar el programa como “la mayor ayuda al comercio y a las familias alicantinas de la historia”, dentro de una política que convirtió los descuentos al consumo en una de las principales banderas económicas de su presidencia.

La recuperación llega, sin embargo, en un contexto completamente distinto. La gestión de las campañas de 2022 y 2023 en más de una veintena de municipios se encuentra bajo investigación judicial dentro del caso Baño, que afecta al presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme, Carlos Baño. Ambas entidades colaboraron con la Diputación y los ayuntamientos en el desarrollo de las ediciones anteriores.

Comisión de investigación

La comisión de investigación abierta en la Diputación para analizar el caso terminó cerrándose en falso, entre acusaciones de la oposición de que el órgano había servido para que Baño intentara limpiar su imagen y construir su propia defensa pública. El PP y Vox aprobaron las conclusiones, mientras el PSOE votó en contra y Compromís se abstuvo. Los grupos cuestionaron que quedaran documentación, responsabilidades y comparecencias relevantes por aclarar.

La investigación judicial está dirigida por el magistrado Francisco Javier de la Torre y se centra en la gestión de los bonos comercio de 2022 y 2023. Baño fue detenido el 13 de marzo y quedó después en libertad con cargos tras negarse a declarar. La UDEF registró la sede de Facpyme y su defensa indicó entonces que se le atribuyen presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad.

El anuncio de este miércoles obligará ahora a la Diputación a explicar no solo la cuantía y las condiciones de la nueva campaña, sino también qué modelo de gestión aplicará tras el caso Baño y cómo justifica el PP la recuperación de una herramienta cuya eficacia cuestionó públicamente hace menos de un año.

Suscríbete para seguir leyendo