La Diputación de Alicante se desliga de la gestión del nuevo bono comercio pese a la investigación por el caso Baño

La Diputación de Alicante ha vuelto a desligarse de la gestión concreta del bono comercio que se encuentra bajo investigación judicial en el caso Baño. El presidente provincial, Toni Pérez, ha defendido este miércoles que la institución se limita a transferir el dinero a los ayuntamientos y que corresponde a cada consistorio decidir cómo desarrolla las campañas, al anunciar una nueva edición dotada con 25 millones de euros, la cifra anual más alta desde la puesta en marcha del programa.

Pérez ha mantenido así la misma tesis defendida por el equipo de gobierno durante la comisión de investigación de la Diputación. Preguntado por las medidas previstas para evitar que se repitan situaciones como las investigadas en las campañas de 2022 y 2023, ha remitido directamente a los consistorios. “Eso hay que preguntárselo a los ayuntamientos”, ha respondido antes de insistir en que cada corporación gestiona las ayudas “con autonomía” y dentro de la legalidad.

El presidente ha confirmado además que la nueva edición mantendrá el modelo anterior y no incorporará condiciones provinciales específicas ligadas a la gestión. La Diputación aprobará la dotación económica, la repartirá entre los municipios y exigirá que los bonos financien el 50 % de las compras, mientras los consistorios podrán decidir si participan, qué requisitos establecen y cómo organizan la ejecución.

En esta ocasión, Pérez ha presentado el bono comercio acompañado por las vicepresidentas Ana Serna y Marina Sáez. La imagen contrasta con las ediciones de 2022, 2023 y 2024, en cuyas presentaciones participó Carlos Baño tanto durante la presidencia de Carlos Mazón como ya con Pérez al frente de la Diputación.

La Diputación aporta los fondos y cada ayuntamiento decide cómo gestionar sus campañas

Toni Pérez

— Presidente de la Diputación de Alicante (PP)

La recuperación del programa supone también un giro respecto al discurso sostenido por el PP hace ocho meses. En el pleno de noviembre, la vicepresidenta segunda y diputada de Hacienda, Marina Sáez, cuestionó su eficacia al señalar que tenía un impacto “corto y muy concentrado en el tiempo” y que algunos alcaldes consideraban que les generaba “más perjuicios que beneficios”.

Pérez ha tratado de matizar ahora aquellas palabras con un ejemplo de Benidorm. Según ha explicado, los 66.000 beneficiarios de la última edición recibieron 30 euros, mientras la tasa de basura pasó de 112 a 190 euros. Su argumento es que el bono no podía compensar por sí solo el incremento del coste de la vida y de otros tributos. “Lo importante no es si se puede paliar todo, es paliar lo que se pueda”, ha afirmado.

La explicación no aclara, sin embargo, las dificultades de gestión municipal invocadas por Sáez en noviembre. El PP combina ahora la defensa del programa con el reproche al Gobierno central por no permitir a las administraciones locales utilizar la totalidad de sus remanentes. La Diputación dispone de 341 millones de euros acumulados y un plan económico-financiero le permitirá liberar una parte para financiar las nuevas ayudas.

Junto al bono comercio, Pérez ha presentado la segunda fase del Plan +Cerca, dotada con 31 millones. Esta cantidad se suma a los 8,8 millones de la primera convocatoria y eleva el programa hasta cerca de 40 millones en 2026, la segunda cifra más alta de su historia. En conjunto, ambas líneas movilizarán más de 56 millones para los municipios y la economía local.

La Diputación puede movilizar estos recursos gracias a las medidas impulsadas por el Gobierno

Raúl Ruiz

— Diputado provincial del PSOE

Los fondos del +Cerca podrán destinarse a gasto corriente, mantenimiento de instalaciones, suministros energéticos y otras necesidades ordinarias. El reparto tendrá en cuenta la población, la superficie, la densidad y el riesgo de despoblación, con mayor peso relativo para las localidades pequeñas. Cada ayuntamiento podrá decidir libremente el destino de la cantidad asignada.

La primera fase había sido objeto de críticas por parte de la oposición, que reprochó al PP una dotación reducida y falta de planificación después de que rechazara en marzo una propuesta para adelantar el programa. Toni Pérez atribuye la diferencia entre ambas fases a la posibilidad de utilizar ahora alrededor de una sexta parte de los remanentes mediante el plan económico-financiero aprobado por la institución.

La reivindicación de haber defendido durante los últimos años tanto el Plan +Cerca como el bono comercio ha llegado desde el PSOE, que ha atribuido la capacidad actual de la Diputación para movilizar recursos a las medidas del Gobierno central. El diputado Raúl Ruiz ha señalado que ambas líneas son “políticas útiles para los municipios” y ha destacado que la flexibilización del uso de remanentes permite destinar ahora 56 millones a los dos programas.

El PP distribuye los recursos según el calendario electoral, no por las necesidades municipales

Ximo Perles

— Portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante

Compromís ha interpretado el anuncio del bono comercio como una decisión vinculada al calendario electoral. Su portavoz, Ximo Perles, ha acusado al PP de utilizar los recursos públicos con fines partidistas y ha recordado que hace pocos meses cuestionaba su utilidad. También ha censurado las contradicciones del gobierno de Pérez sobre las limitaciones para emplear remanentes y ha asegurado que la distribución de fondos responde a la estrategia política, no a una planificación estable.

También Vox ha respaldado la ampliación del +Cerca y la nueva campaña del bono comercio, aunque ha reprochado al equipo de gobierno que los fondos no estuvieran previstos en el presupuesto ordinario ni en el Plan Estratégico de Subvenciones. El grupo ultra ha cuestionado que casi 65 millones —sumando el conjunto anual del +Cerca y los bonos— se tramiten en julio con urgencia y ha reclamado una planificación previa menos dependiente de los remanentes.

La recuperación del bono se produce después del cierre en falso de la comisión de investigación provincial. PP y Vox aprobaron sus conclusiones, el PSOE votó en contra y Compromís se abstuvo. La oposición reprochó que quedaran documentación, responsabilidades y comparecencias por aclarar y acusó al equipo de gobierno de haber convertido el órgano en una vía para que Carlos Baño intentara limpiar su imagen y construir su defensa pública.

No es serio tramitar casi 65 millones en julio sin previsión presupuestaria ni planificación suficiente

Gema Alemán

— Portavoz de Vox en la Diputación de Alicante

La investigación judicial, dirigida por el magistrado Francisco Javier de la Torre, se centra en la gestión de los bonos comercio de 2022 y 2023 en más de una veintena de municipios. Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme, fue detenido el 13 de marzo y quedó después en libertad con cargos tras negarse a declarar. La UDEF registró la sede de Facpyme y su defensa indicó entonces que se le atribuyen presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad.

Los anuncios deberán pasar este jueves por comisión informativa y llegarán al pleno previsto para el próximo martes. Después comenzará la modificación presupuestaria y los ayuntamientos podrán solicitar el anticipo de las cantidades que les correspondan.

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