El PP y Vox endurecen las condiciones para que los municipios sean considerados como “turísticos”

Los acuerdos entre el PP y Vox en los presupuestos autonómicos, que se aprobaron el pasado miércoles, también afectan ámbitos como el del turismo, señalado como prioridad por parte del Consell que preside Juanfran Pérez Llorca.

A través de una enmienda transaccional a las cuentas, pactada entre los dos partidos de la derecha, se acuerda que los municipios turísticos tendrán la “obligación” de “colaborar con medios locales en las actuaciones contra el intrusismo y la competencia desleal que desarrolle la Generalitat”.

Esta obligación no figura en el Estatuto del Municipio Turístico de la Comunidad Valenciana, cuya versión vigente es del 10 de diciembre de 2024 y en la que se fijan las condiciones para que los municipios que lo deseen pasen a ser considerados como “turísticos” para acceder a ayudas como las que proceden del Fondo de Cooperación Municipal Para Municipios Turísticos, creado para compensar los gastos extraordinarios que asumen las localidades turísticas por dar servicios a la población no residente.

En la enmienda transaccional, la nueva obligación indica que la “colaboración interadministrativa se formaliza mediante el instrumento correspondiente”, que no se especifica, “y establece el procedimiento para recabar, de forma coordinada con los servicios territoriales de turismo, la información obtenida por los municipios necesaria para combatir el intrusismo en el sector turístico”. Esta disposición ya figuraba en el decreto, aunque con la diferencia de que anteriormente se obligaba a los municipios a "colaborar en los planes de inspección", mientras que ahora se exige que "colabore en las actuaciones contra el intrusismo".

Con intrusismo se hace referencia al uso de viviendas como alojamiento turístico de vivienda ilegal, un fenómeno generalizado en muchas localidades turísticas y que el Consell con el Decreto Ley 9/2024, aunque según el PSPV sus efectos no habrían tenido resultado. Prueba de ella sería esta obligación, con el que según el diputado autonómico Mario Villar “reconoce la política fracasada contra el intrusismo teniendo que cambiar el Estatuto del Municipio Turístico y obligando a que colaboren porque hasta ahora ni sus alcaldes ni alcaldesas han colaborado para que no haya viviendas turísticas ilegales”.

Además, según el mismo diputado, “los ayuntamientos no siempre cuentan con personal laboral, con funcionarios o con fondos para cumplir estas funciones”, por lo que la nueva obligación para convertirse en municipio turístico podría ser “contraproducente” en las aspiraciones de algunas localidades.

Desde la Conselleria de Turismo, presidida por Marián Cano, justifican esta medida porque consideran que “los ayuntamientos tienen información útil para ejercer ese control” y les piden que “colaboren a la hora de perseguir esas prácticas” para “aumentar el control sobre la economía sumergida en el turismo”. A su vez, aseguran que el nuevo texto se ha introducido a petición de la propia conselleria para "dar desarrollo jurídico a una actuación que ya se estaba aplicando", por lo que "no es un criterio nuevo", sino "un elemento de aclaración", en tanto que "la colaboración contra el intrusismo ya existe y se está aplicando, y de hecho ya se firma con los ayuntamientos turísticos".

Además, inciden en que la medida "estaba en el decreto ley de simplificación, pero como se tramitó como ley en las Cortes se integró mal cuando se presentaron por las enmiendas", hecho que habría motivado a "volverlo a meter porque en la Ley de Simplificación no estaba todo lo que incluía el Decreto Ley".

La otra obligación incorporada en la enmienda transaccional para que los municipios puedan acceder a la condición de “turísticos” es “poner en marcha estrategias que refuercen la calidad en destino de acuerdo con la categoría del municipio y lo establecido en las especificaciones del anexo al presente decreto”.

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