Análisis
El Tribunal de Cuentas concluye que Casa Mediterráneo de Alicante sufre “carencias” en su control económico interno
El director de la entidad adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores acusa al órgano fiscalizador de “deshonestidad” por no haber hecho referencia a sus alegaciones y anuncia una queja formal por "trato sesgado"
Rafa Arjones
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“Debilidades”, “carencias” o “falta de dirección” son algunos de los problemas que el Tribunal de Cuentas, el órgano supremo fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, ha detectado en la gestión de Casa Mediterráneo tras fiscalizar los ejercicios de 2024 y 2025 de la entidad, con sede en Alicante y adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores.
El documento advierte “falta de dirección, asistencia técnica y supervisión” por parte del Ministerio que dirige José Manuel Albares como para “construir un instrumento eficaz en el que se apoye para el desarrollo” de las funciones de la entidad, entre las que está estrechar lazos entre los países de las riberas de la región euromediterránea, así como contribuir a potenciar la imagen de España en el área.
El tribunal subraya que la entidad con sede en Alicante ha celebrado el 93,8 % de las actividades en España, lo que limita su impacto en los países que constituyen su ámbito de actuación
Por otra parte, el Tribunal de Cuentas destaca también una planificación “deficiente”, hecho que impediría conocer el grado de consecución de sus objetivos estratégicos. También señala que el 93,8 % de las actividades organizadas tuvieron lugar en España, principalmente en Alicante, lo que limitaría su impacto en los países en los que la entidad pretende desarrollar sus actuaciones.
Por otra parte, el estudio apunta que la situación financiera de Casa Mediterráneo empeora año a año, con resultados negativos desde 2017, y considera que su remanente de tesorería, al que se está recurriendo, puede durar cinco años más en caso de mantenerse la tendencia actual, o incluso dos o tres si se llevan a cabo las obras de ampliación previstas de la sede.
El estudio apunta que la situación financiera de Casa Mediterráneo empeora año a año, con resultados negativos desde 2017
La entidad, además, "no cuenta con un plan de contratación", según el informe, y ha aumentado los gastos de personal en un 58 % entre 2023 y 2025. El informe, eso sí, señala aspectos positivos como la mejora en el cumplimiento de recomendaciones formuladas en años previos, y reconoce un “esfuerzo” para corregir algunas de las deficiencias señaladas.
Una de las fórmulas que Casa Mediterráneo contempla para aumentar ingresos es alquilar su sede, ubicada en la antigua Estación de Benalúa, para eventos y otras actividades, con los que prevé ingresar hasta 100.000 euros al año. En septiembre comenzará la acogida de estos actos externos en las instalaciones después de haber incorporado una cláusula que permite cesiones temporales en el nuevo contrato con Adif, entidad que depende del Ministerio de Transportes y que es propietaria de los terrenos en los que se halla la sede de la entidad.
Casa Mediterráneo es una entidad pública adscrita a Exteriores y en la que participan otras administraciones como la Generalitat, la Diputación de Alicante y los ayuntamientos de Alicante, Benidorm y Xàbia.
"Deshonestidad"
Desde Casa Mediterráneo rechazan los argumentos del informe. Andrés Perelló, director de la entidad, señala que dicho estudio “no está completo, es preliminar” y considera “un acto de deshonestidad” por el hecho de no haber incorporado las 78 páginas de alegaciones que entregó Casa Mediterráneo.
Que tengan la honestidad de decir que todas las observaciones están alegadas y que el Tribunal aún no se ha dignado en dar respuesta a las alegaciones
Entre las críticas realizadas por Perelló está el hecho de que el Tribunal de Cuentas no considere como “internacionales” actos hechos en Alicante. “Es un desprecio a la casa, a la ciudad y a la provincia”, afirma, y se pregunta si “no es internacional un acto al que asisten nueve jefes de gobierno a Alicante, veinte embajadores o ministros, como ocurrirá en octubre”, dice en referencia a las tres conferencias iberoamericanas centradas en Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación que tendrán lugar en dicho mes.
Además, recuerda que la plantilla de la entidad está autorizada por el Ministerio de Hacienda desde 2023, afirma que los salarios no se han incrementado un 58 % y que esta institución cumple la paridad. "La Casa tiene diez personas en plantilla y el director general. Cinco de las diez personas en plantilla son hombres y las otras cinco, mujeres", ha expuesto. Por último, Perelló afirma que este miércoles enviará una queja a la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, “alegando deshonestidad” y "trato sesgado". "Que tengan la honestidad de decir que todas las observaciones están alegadas y que el Tribunal aún no se ha dignado en dar respuesta a las alegaciones", ha concluido
Alicante, entre los ayuntamientos en el foco
El Pleno del Tribunal de Cuentas ha advertido de la existencia de "significativas carencias de control interno" en la gestión de las retribuciones de los miembros de los gobiernos locales de seis grandes ayuntamientos españoles.
Según ha informado el propio Tribunal de Cuentas, la fiscalización del ejercicio 2024 en los consistorios de Alicante, Bilbao, Córdoba, Murcia, Palma y Las Palmas de Gran Canaria concluye que, si bien existe un "nivel aceptable de cumplimiento legal", se identifican "amplios márgenes de mejora" en la regulación, integridad y transparencia de estas percepciones.
Según el informe, los alcaldes y concejales de estos municipios percibieron un total de 9,3 millones de euros en retribuciones, además de 363.357 euros en asistencias y 134.245 euros en indemnizaciones por razón del servicio. Aunque los ayuntamientos respetaron los límites máximos legales, el Tribunal de Cuentas subraya deficiencias en el control del "régimen de incompatibilidades o acumulación de cargos en las entidades instrumentales".
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