El empresario Enrique Ortiz formalizó ayer en la Audiencia el acuerdo con las acusaciones por el que admite que entregó dádivas y regalos a los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo para amañar el Plan General. Una confesión por la que será a condenado a dos años de prisión por los delitos de cohecho y tráfico de influencias frente a los ocho años que le reclamaba la Fiscalía Anticorrupción antes de esta conformidad. También el hermano del empresario y uno de sus empleados se conformaron con tres meses de cárcel tras admitir que realizaron entregas de dinero a Alperi.
En virtud de este acuerdo, la pena solicitada se le reduce al aplicarle atenuantes por los retrasos en la tramitación de la causa, por la confesión tardía y por la reparación del daño tras las cantidades desembolsadas para compensar al Ayuntamiento por el perjuicio económico. El promotor ya ha ingresado 400.000 euros en la cuenta del juzgado y aportó en su día como fianza una finca en Monforte del Cid valorada en 1,4 millones de euros.
En el aire está la posibilidad de que se puedan producir nuevas conformidades. El abogado que ha negociado los acuerdos tanto de Ortiz como del promotor Ramón Salvador se acaba de incorporar a la defensa de Alperi. La defensa del exprimer edil sigue en manos de quien ha sido su abogado desde el principio de la causa, Vicente Grima, pero ya se ha formalizado ante la sala que el letrado Miguel Torres compartirá con él la estrategia legal en este juicio. Torres fue la persona que puso en contacto hace cinco años a Enrique Ortiz con la Policía cuando se mantuvieron reuniones que entonces fueron infructuosas para explorar un acuerdo. Ahora ha negociado la conformidad firmada ayer por Ortiz, así como la de Ramón Salvador en febrero.
Ortiz llegaba a la Audiencia al filo del mediodía de ayer para firmar ante el letrado de la Administración de Justicia y las acusaciones (Fiscalía, Esquerra Unida y el Ayuntamiento de Alicante) el acuerdo cerrado. Media hora más tarde, salió del edificil sin hacer declaraciób alguna. La rúbrica en la práctica supone el reconocimiento de que dio dádivas a los dos representantes municipales encausados para amañar el Plan General de Alicante. El planeamiento bajo sospecha nunca llegó a estar vigente. En el acuerdo, Ortiz sólo asume los hechos que se le imputan a él y no al resto de los acusados.
Viajes y casas
En el caso de Alperi, las dádivas presuntamente recibidas consistirían en un viaje a Creta en jet privado por 36.000 euros, los pisos destinados a los hijos del exprimer edil por importe de 324.000 euros, un palco en el Estadio Rico Pérez valorado en 3.150 euros, así como entregas en metálico de 60.000 euros en su domicilio y otros 30.000 euros para una empresa del hijo del exprimer edil.
En cuanto a Sonia Castedo, los regalos por los que se ha formulado acusación y admitidos ahora por el promotor consistirían en dos viajes a Andorra en las navidades de 2008 y 2009 (4.612 euros), otros dos viajes a Ibiza en embarcaciones de Ortiz durante los veranos de esos años (241.887 euros), un vehículo (13.400 euros) que recibió una persona próxima a la exalcaldesa, así como otras no cuantificadas como colocar a conocidos en las empresas de Ortiz y tarjetas de aparcamiento.
En el escrito de acusación ayer ratificado por el promotor se aseguraba que las dádivas de Ortiz a los dos representantes municipales «no se materializaban en actos puntuales por cada trato de favor urbanístico recibido, sino en un ofrecimiento permanente en cuanto pensara que sería del agrado de aquéllos o dando satisfacción a los intereses conforme le fueron demandados».
