Señora castigo o señora castillo para referirse a la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo. Preguntas que se hacen «hídricamente» (?). Párrafos y párrafos de frases inconexas y de palabras sin sentido. Es parte de lo que recogen las transcripciones de las declaraciones que durante la investigación por los supuestos amaños del PGOU de Alicante se prestaron ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dada la condición de aforados de Castedo y del también regidor Luis Díaz Alperi, en aquellos momentos diputados autonómicos.
Los dos exregidores junto al empresario Enrique Ortiz, entre otros, están acusados de amañar la revisión del planeamiento urbano de Alicante, un documento del que se desistió por las sospechas que pesaban sobre él pero cuya redacción se calcula que tuvo un coste de más de 1,3 millones al erario público. Los políticos habrían facilitado datos reservados del PGOU a cambio de regalos.
Pese al cúmulo de errores que presentan las transcripciones, son las que se han facilitado a acusaciones y defensas de este proceso cuyas sesiones de vista oral se retoman el próximo día 23 después de que en julio quedaran resueltas las cuestiones previas.
Ante la dificultad para trabajar con ese material, los fiscales Anticorrupción Felipe Briones y Pablo Romero reclamaron a mitad de agosto al tribunal que está juzgando el caso una correcta transcripción de los testimonios con la que poder preparar los interrogatorios. Una petición a la que la sala, que preside la magistrada Monserrat Navarro, se ha opuesto al entender que «los errores detectados por la transcripción automática utilizada quedan solventados por la existencia en las actuaciones de los soportes audiovisuales de tales manifestaciones», según recoge una providencia notificada a principios de esta semana.
Una resolución contra la que los acusadores públicos han interpuesto un recurso de súplica en el que vuelven a reclamar que el tribunal ordene una «nueva y correcta» transcripción de todo lo declarado tanto ante el TSJ como ante al juzgado de Alicante que también instruyó el caso «a fin de que puedan cumplir su función procesal» durante el juicio.
Los fiscales entienden que «si la sala ordenó hace muchos meses la transcripción de las declaraciones fue para facilitar en una causa muy compleja su manejo para el juicio oral. Si la orden ha sido mal cumplida, la solución debe ser el correcto cumplimiento de lo acordado, no dejar sin efecto la orden».
Añaden que el problema afecta por igual a acusaciones y defensas «respecto, sobre todo, a las declaraciones de todos los testigos, esto es, al derecho de las partes a acudir a esas declaraciones durante las instrucción para sustentar o rebatir lo manifestado en el juicio». Y en cuando a la existencia del soporte audiovisual explican que a menos de dos semana de reinicio del juicio «no resulta posible concretar el minutaje de las declaraciones dentro de los archivos, con lo que se produciría una mayor duración del juicio».
Este mismo problema se produjo en el proceso por el asesinato de la viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala y hasta la misma consellera de Justicia, Gabriela Bravo, tuvo que intervenir para que se realizaran las transcripciones correctamente. Los fiscales plantean que se transmita una queja a la Generalitat por el deficiente servicio de la empresa que se encarga de esta tarea.
