Los ayuntamientos de la provincia de Alicante recibirán 254 millones de euros del Gobierno si aceptan entregar más de 800 millones ahorrados desde hace años, y guardados en los bancos, sin que los puedan utilizar debido a la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Las entidades locales alicantinas son las que disponen de más remanentes acumulados y, por tanto, las que más pueden aportar de toda la Comunidad Valenciana a la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez de ceder la «hucha municipal». Sobre un montante de 1.619 millones de euros ahorrados por los ayuntamientos de la Comunidad, según los datos aportados por los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), los de la provincia de Valencia disponen de 655, los de Castellón 161 y los de Alicante 801.
La adhesión a este sistema de traspaso de recursos entre administraciones es «voluntaria». Si aceptas la propuesta de Hacienda, el Estado se compromete a devolver íntegramente los remanentes en un plazo de hasta 15 años y, además, permite a los municipios que no estén endeudados participar de un fondo de 5.000 millones, de los que 2.000 se abonarían en 2020 y 3.000 en 2021. De esa cifra, a las entidades locales de la Comunidad le corresponden algo más del 10% del total, unos 519 millones, de los que 254 son para municipios alicantinos, 209 para valencianos y 54 para castellonenses. Pero todo este dinero que aliviaría la liquidez de las asfixiadas entidades locales, está condicionado a aceptar una propuesta que el Ejecutivo considera que es «la única posible» para no saltarse la Constitución ni la Ley de Estabilidad. El ayuntamiento que no acepte «voluntariamente» el decreto ley presentado en el Congreso, no entregará sus remanentes, que seguirá sin poder utilizar, y no recibirá a cambio ni un euro del fondo extra lanzado por el Gobierno, ni de otra bolsa de ayuda de 400 millones para compensar las pérdidas del transporte público.
Los ayuntamientos tiene hasta el 15 de septiembre para manifestar que se adhieren al plan. Hasta ahora, en la provincia de Alicante ese paso lo han dado, escasamente, un par de municipios con alcalde socialista, como son Elche y Elda. Otros consistorios con gobiernos del PSPV han rechazado la medida por motivos diversos, como Alcoy o Dénia. Y donde no hay dudas es en los ayuntamientos con alcalde del PP. Nadie apoya la propuesta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como tampoco lo hacen los consistorios gobernados por Compromís. Con este panorama, y ante la cerrazón del Montero a renegociar su propuesta -en su comparecencia de la Comisión de Hacienda en el Congreso se encontró con la oposición de todos los grupos, incluidos Unidas Podemos-, las entidades locales siguen firmes en su rechazo.
Alcaldes rebeldes
El grupo de alcaldes «rebeldes» ya es más que mayoritario, con reuniones constates como a la que ayer asistió el primer edil de Alicante, Luis Barcala. Alcaldes de 31 ciudades españolas, de partidos de todos los signos políticos salvo el PSOE, incluidas las seis capitales más pobladas, mantuvieron un encuentro telemático donde exigieron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que presente un decreto «exprés» que permita repartir otro fondo de 5.000 millones entre los ayuntamientos, tengan o no superávit.
Para el alcalde de Alicante, Luis Barcala, «lo mejor que puede hacer el Gobierno es reconocer cuanto antes que no cuenta con el respaldo de la mayoría de los ayuntamientos y grupos políticos para sacar adelante un decreto injusto , que maniata la gestión municipal».
Barcala insistió en que «la mejor medida» que puede tomar el Ejecutivo es «dotar de recursos a los ayuntamientos». De no ser así, «no se puede explicar que el decreto del Gobierno no nos permita gastar ni un solo euros a favor de nuestro comercio y nuestra hostelería, y para apoyar a tantas personas que pasan necesidades», recalcó Luis Barcala.
Mazón reúne a los alcaldes para crear un frente común y oponerse a entregar su hucha
El presidente provincial del PP pide que los ahorros se queden en la provincia para invertir en las necesidades de los municipios
Alcaldes y portavoces populares de la provincia constituyeron ayer su consejo, presidido por Luis Barcala, a través de una reunión telemática en la que participaron el presidente provincial, Carlos Mazón; el vicesecretario nacional de Política Territorial, Antonio González Terol; y la presidenta del PPCV, Isabel Bonig. Los alcaldes se negaron a entregar los remanentes de sus municipios al Gobierno y pidieron al resto de partidos unidad de acción contra la incautación de los ahorros. También hicieron referencia a la falta del consenso con la que cuenta este decreto para su aplicación y pidieron a Pedro Sánchez «que no dilapide el esfuerzo de los alicantinos» y que sus ahorros se queden en sus municipios.
El presidente provincial, Carlos Mazón, aseguró que «la idea de Pedro Sánchez es el peor ataque en democracia a la autonomía municipal y provincial» por lo que amenazó con una postura firme del PP: «Tendrá al Partido Popular en el lado de los alicantinos». Mazón recordó que «queremos que los ahorros municipales se queden en la provincia y sean los ayuntamientos y la Diputación quienes inviertan en las necesidades de los vecinos porque son quienes más conocen el daño que ha provocado el coronavirus en la economía alicantina». Según instistió el también presidente de la Diputación, los municipios llevan ahorrando ocho años «y este Gobierno ahora quiere requisarlo solo para mantenerse en el poder». El presidente popular aseguró que el PP «será firme en la defensa de los intereses de los alicantinos» y pidió al resto de formaciones que «pongan por delante a sus vecinos antes que a sus partidos».
El Partido Popular ya ha presentado varias declaraciones institucionales tanto en la Diputación como en diversos ayuntamientos contra la intención del Gobierno central de «apropiarse» de unos 5.000 millones de euros pertenecientes a diputaciones y ayuntamientos. «El PSOE siempre ha obviado el interés de los alicantinos, pero el resto de fuerzas políticas no pueden caer en esto», remarcó Mazón, considerando fundamental que el Congreso rechace la incautación de los ahorros.
La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, lamentó que «el PSOE quite recursos a quienes han estado en primera línea como son los ayuntamientos y diputaciones» y el vicesecretario de Política Territorial, Antonio González Terol, se comprometió a «seguir haciendo una defensa férrea» de los intereses de los municipios en el Congreso de los Diputados.
