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Los fiscales de Alicante piden más personal para poder dirigir las investigaciones penales

Los miembros del Ministerio Público plantean la necesidad de medios para aumentar su autonomía y las garantías de imparcialidad ante la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y reclaman la supresión de trámites para agilizar la Justicia

Imagen de archivo de una reunión de la Junta de Fiscales en la Audiencia de Alicante.

Imagen de archivo de una reunión de la Junta de Fiscales en la Audiencia de Alicante.

Los fiscales de Alicante consideran imprescindible un incremento de la plantilla actual para poder poner en marcha la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo anteproyecto ha sido aprobado ya por el Gobierno y contempla atribuir al Ministerio Fiscal la dirección de las investigaciones penales. La Junta de Fiscales de Alicante ha debatido esta semana el anteproyecto a petición de la Fiscalía General del Estado y una de las conclusiones generales es que el nuevo sistema procesal precisa tanto de un aumento de la plantilla como de la modificación previa o simultánea del Estatuto del Ministerio Fiscal y las leyes del Poder Judicial, Tribunal del Jurado, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la de Protección de Testigos y Peritos.

En términos generales, los fiscales alicantinos valoran que hay aspectos positivos en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al adaptar parte de su normas a los criterios establecidos por la normativa internacional y la jurisprudencia. No obstante, plantean mejoras y consideran que deberían suprimirse trámites para agilizar los procedimientos y favorecer la rapidez en la Administración de Justicia, ya que entiende que se prevén comparecencias innecesarias que causan retrasos innecesarios.

Una de las novedades de la reforma que ya se había planteado en otras reformas sin llegar a aprobarse es la atribución a los fiscales de la dirección de la investigación penal. En este sentido, desde Alicante recuerdan que el Ministerio Fiscal es un órgano constitucional del Estado sujeto a los principios de legalidad e imparcialidad y estiman necesario arbitrar los medios para aumentar su autonomía y las garantías de imparcialidad. Asimismo, entienden que las atribuciones del llamado juez de garantías, previsto en el anteproyecto, «deberían limitarse a las que le son propias en otros sistemas de nuestro entorno».

La Junta de Fiscales de Alicante apuesta asimismo por un modelo similar al que ya se aplica en la jurisdicción de Menores en cuanto a los trámites de la fase de investigación. En Menores el Ministerio Fiscal se encarga de la instrucción desde hace años y el sistema funciona correctamente.

Por otro lado, sostienen que, partiendo del respeto total a la presunción de inocencia, se debe tener en cuenta también el derecho a la tutela judicial efectiva del resto de intervinientes en el proceso penal y piden que todas las partes, como ocurre hasta ahora, tengan las mismas posibilidades de proponer pruebas y recurrir la sentencia en igualdad de condiciones, como ocurría hasta la reforma de 2015 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

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