El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Elche ha anulado la adjudicación del contrato de autorización de ocupación del dominio público marítimo y terrestre para la explotación de los servicios de temporada de playas del Ayuntamiento de Orihuela, que incluye la explotación de chiringuitos, hamacas y artefactos náuticos. El tribunal considera que se perjudicó en las valoraciones técnicas a la UTE «Especialistas en Mercados S.L. y Gestión y Restauración Punta Prima S.L.», que quedó en segundo lugar y que presentó la demanda, y declara no ajustado a derecho el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 2 de agosto de 2018 en el cual se acordó que el servicio se adjudicara a la empresa Chiringuitos del Sol por un canon de 891.178 euros por cuatro años, que lo explota desde entonces.
La sentencia, a la que ha tenido acceso este diario y que ha sido ya recurrida al Tribunal Superior de Justicia tanto por el Ayuntamiento como por la adjudicataria, que es codemandada, ordena volver al momento anterior a la valoración de las ofertas presentadas por los seis licitadores y a hacer, por parte de los técnicos, una nueva evaluación atendiendo a los criterios del pliego y a los razonamientos que da el propio fallo en cuanto a los puntos que considera que se perjudicó a la UTE que quedó en segundo lugar. La resolución judicial, que está fechada en abril de 2020, no se había conocido hasta ahora, ni el equipo de gobierno local, de PP y Cs, ha hecho mención a ella. Entró por registro en el Consistorio en diciembre.
El juez da la razón a la UTE demandante en cuanto a que, en varios de los puntos que los técnicos valoraron, tendría que haber obtenido más puntuación que la mercantil que finalmente se llevó la adjudicación. El servicio lo sigue prestando Chiringuitos del Sol hasta que no haya otra resolución. Sin embargo, si no prospera el recurso, el Ayuntamiento deberá iniciar de nuevo el proceso de valoración de las ofertas que se presentaron en 2018 y si resultara adjudicataria la UTE que ha demandado, deberá continuar con la explotación del servicio y restituirle los perjuicios causados mediante el pago del lucro cesante, el 6% del beneficio industrial por el tiempo que habría dejado de ejecutarlo, calculado sobre la oferta que presentó que era un canon de 875.222 euros, por lo que el Consistorio debería pagarle 52.513,35 euros por cada anualidad, hasta un máximo de cuatro que es lo que estipula el contrato. Por tanto, la administración local se enfrenta a un abono de hasta 210.053 €, más costas.
Las mercantiles demandantes ponen en duda la valoración de su oferta efectuada por la administración en la licitación y consideran que fue «arbitraria e irrazonable por no guiarse por criterios objetivos y habiendo vulnerado el principio de igualdad entre los licitadores». Esta UTE obtuvo la misma puntuación, en cuanto a los criterios evaluables, que la adjudicataria, y el desempate se produjo por la mejor oferta económica de Chiringuitos del Sol. Sin embargo, el tribunal señala que algunos de esos criterios fueron excesivamente puntuados a la mercantil ganadora y que se vulneró el principio de igualdad de trato entre los licitadores. Así, reprocha que Chiringuitos del Sol no presentó un plan de igualdad y de conciliación de vida laboral, que no hizo una explicación detallada del funcionamiento y desarrollo de los distintos servicios, como marca el pliego, que aportó bastantes menos soluciones tecnológicas que la UTE que quedó en segundo lugar, y que hay una «diferencia notable» entre la oferta de desarrollo y organización de actividades deportivas en la playa presentada por la ganadora y la que obtuvo la segunda posición. Sin embargo, en todos esos aspectos, los técnicos puntuaron igual a ambas.
De nuevo, en entredicho
Vuelve a estar en entredicho la adjudicación realizada a la empresa Chiringuitos del Sol, envuelta de nuevo en polémica. Fue la ganadora del contrato en 2014 por 363.000 euros, una oferta bastante inferior a la que presentó en 2005 de 720.000 euros. Esa adjudicación está judicializada y a la espera de que se celebre el juicio en el que están acusados de presunto amaño la exedil de Playas Martina Scheurer de Los Verdes, que se enfrenta hasta a 6 años de prisión por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude y revelación de información privilegiada, y el gerente de Chiringuitos del Sol Thomas Herteux, al que le piden hasta 9 años de prisión e inhabilitación para contratar con administraciones. El fiscal mantiene que ambos se concertaron para que en los pliegos se introdujera la exigencia de disponer de la «Q de calidad turística», algo que solo tenía esa mercantil al haberla obtenido poco tiempo antes de la licitación.
A pesar de ello, obtuvo de nuevo la adjudicación en agosto de 2018. La entonces edil de Playas, Luisa Boné (Cs), que ahora también ejerce esas competencias, dijo entonces que el proceso fue «impecable» y defendió que era la oferta «más ventajosa». Sobre este nuevo revés judicial a la contrata de chiringuitos, la concejala confirmó el recurso a la sentencia y dijo que el Consistorio considera que el juez entra a valorar aspectos «que son subjetivos» y que dependen del criterio técnico.
Cambiemos pedirá explicaciones al gobierno local
Cambiemos Orihuela pedirá explicaciones al gobierno de PP y Cs sobre la sentencia que anula el contrato de servicios en las playas, entre ellos los chiringuitos. La formación ha revisado la documentación sobre la sentencia y «salvo error nuestro, no figura como notificada en actas de la Junta de Gobierno», indicó el edil Javier Gracia tras ser preguntado por este diario. Gracia dice que le «extraña» que, al parecer, las empresas demandantes buscan que se les indemnice más que prestar el servicio. Y lamenta «el perjuicio» para las arcas municipales si el Consistorio tiene que pagar el lucro cesante.
