C uarenta y dos años han pasado desde que a la «huerta de Europa» llegara la primera gota del río Tajo, gracias al trasvase, y 88 años ya desde que Lorenzo Pardo, insigne ingeniero aragonés y autor en 1933, en los convulsos tiempos de la República, de I Plan de Obras Hidráulicas de España ,planteara la necesidad de construir el Tajo-Segura, para traer agua a Alicante, Murcia y Almería. Hoy, el trasvase está amenazado. Amenazado por la insolidaridad nacional, la de la España de las autonomías, la dejadez de los sucesivos gobiernos, sea del color que sea, que han pasado por Madrid, y por la obsesión de un Ministerio para la Transición Ecológica que, apoyado en el cambio climático, se empeña en recortar año tras año el agua que se envía a Alicante y Murcia para sustituirla por desalada, mucho más cara.
Esta es la realidad que el Club INFORMACIÓN debate hoy, consciente de la importancia de una infraestructura hidráulica sin la que sería imposible explicar el progreso alcanzado por la provincia de Alicante, donde el sol está por bandera, pero deficitaria en recursos hídricos. ¿La diferencia? El agua, como la luz, se puede mover, mientras el sol no. Lorenzo Pardo sostenía, precisamente, en 1933, que el agua era un bien que debía aprovecharse en beneficio de todos los españoles y apelaba a la cuestión de Estado en los años 30 de la España republicana.
El problema es serio y, de momento, nadie se ha preocupado por ponerle una solución real , más allá de que éste, además, sirva para los intereses electorales de unos y otros. Que se lo pregunten a Ximo Puig cuando se pone al frente la defensa del Tajo-Segura o al presidente de la Diputación, Carlos Mazón, que no ha perdido ni un minuto para sumarse a una reivindicación de justicia. Bienvenidos ambos.
El futuro de la provincia es insostenible si no se garantizan los recursos hídricos y el debate no puede ser ya, tampoco, si desalación o trasvases. Agua desalada, por otro lado, que, aunque se produce en Torrevieja, se va toda al Campo de Cartagena. Allí hay dinero para pagarla y sigue sin poder utilizarse en la provincia porque, pásmense, no hay conexiones con las explotaciones agrícolas de más de 20.000 agricultores del sur. Mientras, el Gobierno (Acuamed) sigue con sus planes para ampliar la capacidad de producción en Torrevieja hasta los 180 hm3 pero sin resolver lo básico, su distribución en Alicante, por lo que si nadie lo impide el caudal será para la rica huerta murciana.
Mientras, el cerco al trasvase del Tajo se estrecha tanto en Madrid como en Toledo, y también continúa el bloqueo del Júcar-Vinalopó tras haberse invertido más de 400 millones de euros de dinero público, la provincia tampoco ha hecho nada por trabajar en soluciones en el propio territorio como sería el aprovechamiento de las aguas residuales que se van al mar hoy con una depuración mínima, y que podrían utilizarse sin problemas en la agricultura siempre que el caudal fuera de calidad.
Por supuesto, no para el consumo humano. Un asunto cuyas competencias son del Consell, que nunca ha hecho los deberes en este tema del que el PP fuera el primer culpable, pero para el que ahora hay que exigir soluciones al equipo de Puig en su sexto año ya de mandato. Lo que sí parece ya claro es que reclamar trasvases del Ebro y del Tajo Medio, aunque técnicamente sean posibles, es un brindis al sol viendo por donde va la política estatal y europea en materia hídrica. No se hicieron en su momento y no se harán jamás.
Mientras todo se complica. El golpe dado por el Tribunal Supremo al futuro del Tajo-Segura, anulando los artículos que hacían referencia a los caudales ecológicos del río en Aranjuez y Talavera, que ahora deben ser revisados, que no necesariamente aumentados, parece formar parte del guión marcado por el Gobierno de Pedro Sánchez y por la que fuera ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, cuando en 2005 modificó el Plan Hidrológico Nacional, para eliminar el trasvase y diseñar el basado en el agua desalada.
Llegaría después el PP y no hizo nada de los prometido. Un partido que cuando está en la oposición parece tener la varita mágica para solucionar el problema hídrico, pero cuando llega al poder se topa con el centralismo antitrasvasista y termina siendo un mero seguidor de las políticas socialistas.
El futuro del Tajo-Segura se antoja, por tanto, más complicado que nunca porque, además, el cielo no ayuda. La sentencia del Supremo obliga a revisar los caudales ecológicos en esa parte del río, su cabecera, donde la sequía es tan cruel como en Alicante.
Las cuentas no salen. Por cada metro cúbico por segundo que se eleve el caudal ecológico se reducirán 30 hm3 al año del trasvase a Alicante y Murcia. Como el objetivo de la Confederación del Tajo parece que es pasar de los seis actuales pasar a 8,52 m3 por segundo, la merma se queda en 180 hm3 al año sobre unas existencias, que rara vez superan los 600 hm3 y con la espada de Damocles de la línea de los 400 hm3 de reserva a partir de la cual se cierra el trasvase. Cuando Mariano Rajoy y sus colaboradores vendieron que el «memorándum» del Tajo acabaría con todos los problemas, plantearon aquello de que o caudales ecológicos o subir la reserva. Se optó por lo segundo. Ahora, el Supremo ha fallado algo así como el «2x1», lo que deja el trasvase contra las cuerdas, y hace que Alicante sume una nueva derrota en su lucha por asegurarse un suministro de agua de calidad y a buen precio.
La provincia pierde la batalla judicial como en su día perdió la política y la mediática. ¿Mediática? Desgraciadamente, la demagogia se ha impuesto en Madrid y en el resto de España, que trasladan la sensación de que en la Comunidad Valenciana el agua solo se quiere para alimentar el ladrillo y los pelotazos. Nadie valora que somos buena parte de la huerta de Europa, y de que de los beneficios de la agricultura viven el resto de los españoles, los mismos que se duchan cuando veranean en la Costa Blanca pero no por eso la provincia está exenta de hacer sus deberes.
Y mientras, el avance de la desertificación es imparable. El cambio climático, el abandono de las tierras de cultivo por unos agricultores y ganaderos -a ellos el covid también les ha puesto al borde la ruina por el cierre del turismo- sobrepasados por los bajos precios, la falta de agua en cantidad y calidad, y la ausencia de una respuesta efectiva de la Administración han provocado que en los últimos veinte años la provincia haya perdido el 40% de su suelo fértil.
La falta de agua y soluciones reales para el Tajo-Segura tienen contra las cuerdas a un sector agroalimentario del que comen cien mil familias, demuestra, de nuevo, la falta de solidaridad y la incapacidad del Gobierno central este, el anterior, el precedente al anterior y me temo que el próximo- para solucionar un problema que pasa desapercibido para los ciudadanos (mientras abra el grifo y salga agua…), pero que puede hipotecar el futuro de la provincia porque hasta los más acérrimos defensores de las políticas de la vicepresidenta Teresa Ribera, digna heredera de las tesis de Cristina Narbona, admiten que la desalación, la «vacuna hídrica» que nos impone el Ejecutivo, no puede ser la única solución al problema.
El sol no se puede exportar, el agua sí, y el hecho de que en las comarcas del sur se puedan obtener dos cosechas al año beneficia a todos los españoles, y más en estos tiempos marcados por el covid que ha disparado la demanda de productos hortofrutícolas en toda Europa. Que a estas alturas se sigan defendiendo los argumentos de que el agua que llega de Castilla-La Mancha es para construir casas y regar los campos de golf en Alicante clama a ese cielo que desde hace años se resiste a regalarnos agua con generosidad y de manera normal, no con gotas frías que destruyen en vez de ayudar.
El problema es grave porque al margen de la agricultura, el suministro urbano de los 34 municipios de la provincia abastecidos por el Taibilla depende también de los caudales del Tajo, ya que la desalación, insisto, no puede suplir el agua del trasvase en su totalidad. Resulta fácil seguir acusando a Alicante y Murcia de esquilmar los recursos de Castilla-La Mancha, mientras la vecina comunidad agota sus acuíferos sobreexplotados creando miles de hectáreas de regadío y en la que nadie se pregunta, por ejemplo, en Toledo, en qué emplearon los gobiernos del PSOE y del PP el caudal de millones de euros que llegaba y llega todos los años desde Alicante y Murcia a cambio del agua del trasvase. Un dinero que debía haberse empleado para dotar de infraestructura a los municipios ribereños del Tajo para garantizar su suministro hídrico. ¿Por qué nadie se lo pregunta o no es motivo de una investigación de oficio?
El agua es un problema de Estado y si en los convulsos años 30 del siglo XX se pudo llegar a acuerdos para empezar a diseñar el Tajo-Segura -y algo tuvo que ver Lorenzo Pardo- ¿qué hace falta en la Europa de la globalización para que no se sigan permitan los reinos de Taifas? Urge una solución porque ahí están los datos del propio Gobierno. Más de un tercio de la provincia se encuentra en una situación de riesgo importante de pérdida de suelo cultivable. Cerca de cien hectáreas están afectadas por el proceso y otras 89.989 en peligro muy alto, lo que suma cerca del 40% del total de 581.000 hectáreas de superficie que tiene Alicante. Aviso a navegantes.
