La figura de Manuel Lorenzo Pardo, junto a la de otros ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, fue determinante en el establecimiento de nuestro sistema de gobernanza de los recursos hídricos. Este sistema, basado en la participación de los usuarios a través de las Confederaciones Hidrográficas, tiene como premisa fundamental la unidad de gestión de las cuencas, primando los criterios del medio físico sobre los criterios de división administrativos.

El agua, un recurso público del Estado

Este modelo unitario de gestión, no sólo de los recursos, sino también del control de las avenidas, se ha puesto como modelo en otros muchos países. Algún experimento en España de fraccionar esta gestión unitaria se demostró claramente ineficaz.

Las aguas superficiales y subterráneas forman parte del dominio público del Estado. Nuestro sistema concesional responde a la necesidad de garantizar al usuario el acceso al recurso, en la medida en que éste exista. Es una garantía para el usuario, respetando las necesarias prioridades entre los distintos usos.

Este recurso ha estado limitado tradicionalmente a las aportaciones naturales, cuya variabilidad en el tiempo se corrige con las obras de regulación (presas y embalses). Podemos decir que hoy en día esta limitación se ha superado y la tecnología nos permite desalar el agua del mar, que podemos considerar ilimitada.

El problema del agua desalada, aparte de la calidad del agua, es la energía necesaria para su elaboración y su transporte al punto de consumo, sin dejar de considerar el impacto ambiental por la cantidad de energía consumida y por el residuo generado en forma de salmueras.

Es, en definitiva, un problema económico y no parece muy equitativo que, siendo las aguas un recurso público del Estado, y pudiendo garantizar el acceso al recurso, no haya un precio único para el agua en todo el territorio nacional, ponderado por el uso al que se destina. Una Agencia estatal que gestionase los diferentes recursos y asegurase el suministro a todos los solicitantes podría establecer el óptimo de generación y distribución de estos recursos para que el coste global fuera mínimo.

Un Plan Hidrológico Nacional debe asegurar que las cuencas deficitarias en recursos naturales puedan obtenerlos del trasvase desde cuencas excedentarias o de fuentes no convencionales, pero no parece justo que el coste elevado que esto conlleva sea sufragado en exclusiva por éstas.

Se precisa un debate sereno, a la luz de la razón y no de los sentimientos, a los que es fácil recurrir en este asunto del agua, tan imprescindible para la vida. Asegurada la disponibilidad del recurso, el debate se ha de reconducir a un asunto económico, sin eliminar a priori ninguna opción. No hay que olvidar que todo lo que no sea ir a lavar al río, es en el fondo un trasvase.

Ante las nuevas oportunidades que nos brinda la tecnología, sería el momento de abordar este debate. Los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, como ya hicieron nuestros antecesores como Manuel Lorenzo Pardo, estamos en disposición de aportar nuestros puntos de vista y colaborar en esta tarea.