La juez de Violencia sobre la Mujer de Torrent, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de esa ciudad, ha dictado una resolución por la que obliga a un menor de 6 años de edad a viajar cada dos semanas a Teruel, con su abuelo paterno, para visitar a su padre en la prisión de esa ciudad aragonesa, donde cumple una condena de siete años y medio por malos tratos a su madre. Entre otros hechos, se consideró probado que había pateado la barriga de su mujer cuando estaba embarazada del niño a quien ahora llevarán al centro penitenciario a visitarle.

La resolución, que es provisional hasta que se celebre el juicio sobre los términos del régimen de visitas, incluye una segunda cuestión polémica: dado que los puntos de encuentro familiar (PEF) no abren los fines de semana, y teniendo en cuenta que la jueza ha ordenado que la visita al padre se produzca en sábado, el menor deberá ser entregado a su abuelo paterno en la comisaría de Policía Local de Paterna, donde reside el hombre.

Desde allí, el abuelo paterno tendrá 10 horas para conducir hasta Teruel, que el niño vea a su padre en la sala de comunicaciones del centro penitenciario y retornarlo a su madre de nuevo en el retén policial a las 22.00 horas. En total 170 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta, sumando el recorrido desde el domicilio del niño hasta Paterna y de allí, hasta la cárcel, ubicada a las afueras de Teruel. Y así, cada dos semanas.

Si nada lo impide, hoy será el primer día en que el pequeño deberá viajar hasta Teruel con su abuelo paterno para ver a su padre a través del cristal de la sala de comunicaciones del centro penitenciario. La madre del menor, Laura (nombre ficticio), que se confiesa «agobiada y preocupada por el niño y la afectación que todo esto tendrá sobre él», explica que el pequeño «no ve a su padre desde hace más de dos años. Tampoco a su abuelo. Se va a encontrar con dos desconocidos, y en dos entornos, como son la Policía Local y la cárcel, que no parecen las más adecuadas para un niño de 6 años. Todo esto es muy dañino para él».

La jueza dictó la resolución por la que daba la razón al padre en su demanda de establecer un régimen de visitas en la cárcel en julio, pero no se pudieron llevar a cabo porque faltaba aportar los datos del niño para entrar en el recinto penitenciario. Finalmente, la jueza, determinó el 17 de este mes, a través de una providencia, la forma en que debía cumplirse su dictamen de que el padre pudiese ver a su hijo en prisión.

La madre, a través de su abogada, recurrió esa decisión, aunque ese hecho no paraliza la medida. En ese escrito, alega que no se está velando por el interés del menor y que se pone en riesgo su salud , al obligarle a viajar más de 300 kilómetros con una persona de más de 60 años con la que no convive y a compartir después el espacio en la cárcel, sin que se conozca la situación sanitaria de ese centro penitenciario en relación con la pandemia.

La madre considera que a su hijo «se le está tratando como un objeto» y considera la medida inadecuada. Por ello, ha buscado ayuda en la Fiscalía, en protección de menores y en una oficina de atención a víctimas del delito de la Generalitat Valenciana. «Nos han ayudado muchísimo y se están implicando en que finalmente esto se pare, pero, de momento, no lo hemos conseguido», explica Laura.

De hecho, la sección de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía de València envió ayer a última hora de la mañana sus alegaciones a la jueza, solicitando que, de momento y hasta que se celebre el juicio definitivo, las visitas se celebren a través de videoconferencia para evitar perjudicar al niño. Sin embargo, el juzgado ha respondido que se cumpla en auto judicial.

El padre fue denunciado por malos tratos por su entonces mujer, Laura, en 2014. Ese año nació el niño. Entre otras acciones violentas que la llevaron a denunciar hubo una muy grave, ocurrida cuando el maltratador «le pateó la barriga estando embarazada de ese niño», según recuerda el recurso.

El acusado fue juzgado cuatro años después, en julio de 2018. Un mes después, la Audiencia de València le impuso una condena de siete años y medio de cárcel, que recurrió, por lo que no ingresó en prisión hasta un año después, en octubre de 2019, cuando el fallo se convirtió en firme al ser ratificado por el TSJCV.

Hasta que no ingresó en prisión, el padre no pidió ejercer su derecho a ver al menor.