Un cachorro golden retriever “de calidad y disponible para entregar en San Valentín” por 400 euros, un American Stanfor por 350 euros “algo negociables”, o un felino esfinge “bonito y juguetón” por 450 euros la unidad. Son anuncios publicados esta misma semana en una conocida web de compraventa de productos y servicios entre particulares de la provincia. En Alicante, perros y gatos protagonizan la gran mayoría del catálogo online, pero hay más. Por ejemplo, se vende una pitón real por 50 euros o crías de cerdo vietnamita por 40. Ambas son especies exóticas invasoras y está terminantemente prohibida su comercialización, aunque es evidente que su compra está al alcance de cualquiera. Se trata de una actividad tan cotidiana como prohibida, tan común como ilegal. Ni se pueden vender fuera de establecimientos o negocios expresamente autorizados ni mucho menos comerciar con ejemplares cuya presencia asilvestrada en el medio natural supone todo un riesgo sanitario y medioambiental. Internet se ha convertido en un potente reducto de tráfico ilegal de animales y las operaciones de la Guardia Civil para perseguir este tipo de criminalidad no hacen más que aumentar.
Un mensaje de WhatsApp y dinero, casi siempre en efectivo, es todo lo necesario para adquirir canes, felinos, palomas mensajeras, peces, gorrinos o diferentes tipos de reptiles en el mercado negro de la provincia. También hay tortugas, caballos, pirañas y hasta gallos de pelea. Los precios varían en función del tipo de animal y se disparan en según qué razas por supuestos certificados de pedigrí. No hace falta rebuscar para encontrarlos. Los anuncios están a la vista de cualquiera que se sumerja unos minutos en la granja de internet y más de un anunciante presume, incluso, de su experiencia en la venta de camadas. La actividad esconde, en muchas ocasiones, criaderos ilegales en los que prima la obtención de pingües beneficios por encima del bienestar de los animales, tal y como ha quedado acreditado en numerosas operaciones desarrolladas en la provincia por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.
“La venta de animales entre particulares está prohibida, independientemente de que sea o no en internet. Es una actividad comercial que conlleva un beneficio económico. Tú puedes regalar una mascota, pero no venderla, y menos todavía dedicarte a la cría de animales sin autorización”, afirma tajante la teniente del Seprona, María Pellicer. La responsable de esta unidad alerta de que la venta de ejemplares a través de páginas online y aplicaciones móviles “ha proliferado considerablemente en los últimos años debido a los importantes beneficios que conlleva“. Asegura, a este respecto, que se ha convertido ya en uno de los negocios más lucrativos a nivel mundial junto con la trata de seres humanos, tráfico de armas y drogas.
La privacidad que otorga la red es la principal baza de quienes persiguen el enriquecimiento ilegal cometiendo delitos contra la protección de animales y tráfico de especies que conlleva, en muchas ocasiones, otros delitos de falsedad documental. Pellicer destaca que se producen con cierta facilidad porque, frecuentemente, “entre la población no se percibe la gravedad del delito y por lo general son aceptadas, toleradas o al menos no están tan estigmatizadas como otras actividades delictivas”.
El modus operandi que acostumbran seguir los vendedores suele ser similar, según la experiencia del Seprona. Por lo general no revelan su domicilio. Quedan en un punto de encuentro donde entregan los animales o sencillamente los envían por un servicio de paquetería. Si se sienten acosados o sospechan que puede tratarse de una investigación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, sencillamente cambian de teléfono o no responden. Los anuncios son, a veces, muy volátiles. Aparecen y desaparecen con frecuencia. “Actúan bajo un nombre falso o con identidades creadas que dificultan, que no imposibilitan, su impunidad”, prosigue la teniente.
Importados del este de Europa
La procedencia de los animales, tradicionalmente, se ha localizado en criaderos ilegales de la provincia o alrededores. Su tamaño varía entre grandes instalaciones para reproducir en masa sobre todo perros y gatos, y también casas particulares en las que se crían a pequeña escala. Ahora, en un entorno más globalizado, la Guardia Civil ha detectado que incluso se importan desde terceros países, por lo general ubicados en el este europeo, para maximizar beneficios. Así, los traficantes los compran a un precio mucho más bajo actuando como mediadores, y los introducen en la provincia para venderlos a un precio triplicado o cuadriplicado.
El comprador desconoce muchas veces la verdadera procedencia del animal ya que se ofertan en internet con el gancho de ser animales supuestamente criados en ambientes familiares del entorno. La mayoría de estos casos son conocidos por la Guardia Civil cuando el comprador es estafado. Algunas veces los animales son vendidos ya enfermos o los reciben en malas condiciones por el estrés generado durante los traslados, que se realizan a veces durante miles de kilómetros y en pésimas condiciones, por lo que acaban falleciendo.
Al animalista Raúl Mérida, presidente de Arca de Noé, no le sorprende en absoluto el relato del Instituto Armado y critica, con rabia, que determinadas personas denuncien que les ha llegado un animal en malas condiciones mientras ellos mismos participan en ese negocio ilegal como compradores. Se convierten pues en cómplices de la actividad. Mérida se refiere tanto a los grandes criaderos como a familias que obtienen un sobresueldo con la cría doméstica. “Es muy habitual que se haga con algunas razas, sobre todo las que están de moda. Hay gente que lo ha convertido incluso en su medio de vida“, sostiene.
Reptiles de todo tipo
El comercio ilegal de animales en la provincia trasciende del mercado de mascotas domésticas, tal y como ha quedado acreditado en diferentes operaciones de la Guardia Civil. Por ejemplo, a mediados de 2018 se incautó de 40 especies protegidas de reptiles en una vivienda de Alicante, entre los que se encontraban una anaconda de cuatro metros, varias pitones, caimanes y hasta un cocodrilo en el recinto de una vivienda unifamiliar de la capital alicantina. Esa operación desembocó en otra que acabó con la incautación de 93 reptiles y cinco ejemplares de tortuga (cuatro de tortuga mora y un galápago leproso, ambas especies en peligro de extinción), de las que no se pudo acreditar su lícita procedencia.
Los traficantes de animales no se dedican solo a ejemplares vivos, sino que también existe todo un mercado de negro de animales naturalizados mediante técnicas de taxidermia. Sin ir más lejos, hace pocos días la Guardia Civil ha recuperado en Torrevieja un “Caracal caracal”, una especie de felino africano que figura como espécimen protegido incluido en el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) así como varios objetos fabricados con marfil. En 2018, el Seprona intervino en la provincia más de 200 ejemplares disecados de león africano, rinoceronte blanco, tigre de bengala, hipopótamo, cocodrilo africano, antílope africano y jirafa, entre otros muchos.
Legislación obsoleta
La venta online de animales no está prohibida en la Comunidad Valenciana, pero sí las transacciones al margen de empresas autorizadas para este sector. Es algo previsto y sancionado en la Ley 4/1994, de 8 de julio, de la Generalitat Valenciana, sobre protección de los animales de compañía. Su artículo 25 tipifica como infracción grave “la cría y comercialización de animales sin las licencias y permisos correspondientes”, previendo multas de entre 600 y 6.000 euros.
“La venta de mascotas y otro tipo de animales está prohibida en establecimientos no regulados para ello. Es requisito previo indispensable la declaración administrativa de núcleo zoológico, entendido este como todo establecimiento dedicado a la cría, venta, mantenimiento temporal y acogida de animales de compañía”, señalan a este diario desde la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica. Sin embargo, cualquiera puede comprobar que esa normativa, muchas veces, queda en papel mojado.
Para hacer frente a esta realidad, el gobierno valenciano está redactando en este momento una nueva normativa de bienestar animal. Incluye preceptos que ya están en vigor en otras ciudades del país como Barcelona, probablemente una de las más garantistas al respecto. El Ayuntamiento de esta ciudad ha obligado a varios portales de internet a retirar anuncios de venta de mascotas dado que se exige que las publicaciones incluyan el número de registro de Núcleos Zoológicos como criador o establecimiento, algo fundamental para poder comerciar con animales.
En la Comunidad Valenciana, la ley que se está redactando incluye, entre sus principales novedades “fijar la edad mínima de venta de ocho meses en animales de especies canina y felina, la obligación de identificación de los animales para su venta así como información supletoria y certificado de salud en perros y gastos. Asimismo se introduce la socialización de cachorros previa a la venta, no exceder los limites fisiológicos de las hembras de reproducción y prohíbe la venta de animales salvajes y de animales de fauna silvestre que no se adapten a las condiciones de vida en el hogar y en todo caso los no nacidos y criados en cautividad”, según señalan desde la citada Conselleria.
Cerdos vietnamitas hasta regalados
Si hay una especie invasora que causa verdaderos quebraderos de cabeza en algunos rincones de la provincia es, sin duda, el gorrino vietnamita. Desde el 30 de marzo de 2019, en España está prohibida la posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares y solo pueden mantenerlos aquellos que los tuvieran antes de esa fecha. Se trata de una especie que durante años se popularizó como mascota y ha terminado con la aparición de piaras silvestres que deambulan a sus anchas por zonas como, por ejemplo, el barrio del Cementerio de Alicante o el entorno del Parque Natural de El Hondo y el Camp d’Elx.
Según el Ministerio para la Transición Ecológica, el mismo patrón se ha ido repitiendo a lo largo y ancho del país: se adoptan animales de este tipo y, al tiempo, sus dueños se acaban cansando de ellos o no pueden hacer frente a los cuidados necesarios y acaban vagabundeando por espacios públicos. Llegan a pesar hasta 60 kilos y se reproducen con facilidad. A pesar de la prohibición, adquirir un gorrino de esta especie sigue siendo la mar de simple. Por ejemplo, esta misma semana se anunciaba desde Monforte del Cid la venta de ejemplares a 40 euros la unidad. Otro anunciante de Crevillent decía, directamente, que los regalaba, advirtiendo que su peso roza ya los 25 kilos. Y lo mismo ocurre con la pitón real, que ocupa el mismo espacio en el catálogo español de especies exóticas invasoras y que, visto lo visto, tampoco es difícil comprarla a un particular a través de internet. En esta provincia se ofrecía esta misma semana un ejemplar por 50 euros. Se trata de un reptil que engulle sus presas vivas o tras asfixiarlas, observando preferencia por roedores. “Esto la convierte en una potencial competidora frente a otras especies autóctonas, pudiendo afectar a la cadena trófica“, advierten desde el Ministerio. Precisamente una de esas pitones fue capturada en las calles de una urbanización de Torrevieja y se sospecha que, también en esa ocasión, fue adquirida como mascota y posteriormente abandonada.
“La falta de control en especies invasoras es un problema creado por el hombre y no podemos aplicar soluciones traumáticas, no podemos matar a los cerdos vietnamitas que están en la calle. Se pueden esterilizar y buscar soluciones pero no acabar con ellos a tiros”, defiende la presidenta de la asociación Abogados Valencianos en Defensa Animal (AVADA), Amparo Requena. Supuestamente, la Administración se debe encargar de retirar de la vía pública las piaras de gorrinos que campan a sus anchas, ponen en peligro a viandantes y conductores y causan situaciones tan rocambolescas como cuando uno de estos ejemplares se dedicó a escarbar entre las tumbas del camposanto de la capital provincial. En esa ocasión una intervención coordinada por el Ayuntamiento, la Generalitat y el Seprona acabó capturando a una docena de cerdos, que fueron trasladados a una protectora. Sin embargo, la presidenta de la agrupación de letrados animalistas teme que no siempre se aplican soluciones de ese tipo.
Requena aboga por incrementar la presión policial y judicial contra los criaderos ilegales y aquellos que, repetidamente, se lucran con la venta de animales de forma fraudulenta. “Al igual que se investigan otros hechos que suceden en internet, también se puede identificar a quienes realizan esta actividad de forma fraudulenta. Es ilegal pero no está suficientemente perseguido”, destaca la letrada. La asociación que preside nació para defender los derechos de los animales en procesos judiciales que, en demasiadas ocasiones, acababan archivados por falta de acusación. Ahora esta agrupación de abogados, junto a procuradores y veterinarios voluntarios, trabaja de forma altruista para que se haga justicia frente a casos de maltrato animal. La presidenta explica que, recientemente, han conseguido que se condene a una persona que se dedicaba a criar de forma ilegal canes de la raza yorkshire en un bajo, una raza del todo rentable.
