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Medio ambiente

El Ministerio admite que la nueva norma solo permite eliminar “lobos conflictivos”

Transición Ecológica asegura que el plan asturiano de gestión de la especie sigue vigente, salvo los controles de población indiscriminados

Un ejemplar de lobo ibérico.

El Plan de Gestión del Lobo de Asturias sigue estando “plenamente vigente”, pero se tendrá que adaptar al nuevo estatus de la especie, señaló el miércoles el Ministerio para la Transición Ecológica. El lobo está desde el miércoles protegido en toda España, al quedar incluidas todas las poblaciones en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (Lespre), lo que significa que no puede ser cazado, ni objeto de controles de población indiscriminados, como hasta ahora. El Ministerio matizó que han quedado anulados “únicamente” aquellos contenidos de los planes autonómicos que contradicen la normativa aprobada.

De esta manera, “las administraciones competentes podrán seguir eliminando determinados ejemplares conflictivos si no existe otra alternativa satisfactoria”. Pero tendrán que cumplir una serie de requisitos: Primero, que “no exista otra solución satisfactoria; esto es, cuando se hayan aplicado adecuadamente por parte de las explotaciones afectadas medidas preventivas o de protección del ganado, y estas hayan resultado ineficaces”. Segundo que se justifique “que la medida de extracción y captura de ejemplares no afecta negativamente al estado de conservación favorable de la especie”. Y tercero, que se justifique “la existencia de perjuicios importantes para el ganado”, según recoge la orden ministerial publicada en el “Boletín Oficial del Estado” (BOE).

Transición Ecológica subrayó que no adquiere nuevas competencia” con la protección legal del lobo y que las comunidades autónomas siguen siendo “competentes en su gestión y conservación”, lo que “incluye los pagos indemnizatorios que sea preciso realizar”. En este sentido, apuntó que al extenderse la protección del lobo a todo el territorio nacional se incorpora en esos nuevos ámbitos territoriales la obligación de indemnizar los daños por parte de la Administración, como responsabilidad patrimonial.

Según el Ministerio, anteriormente no era obligatorio indemnizar los daños al no estar el lobo protegido, aunque las comunidades autónomas, incluida Asturias, sí lo estaban haciendo. La decisión del Ministerio de proteger al lobo en toda España ha soliviantado a las organizaciones agrarias. ASAJA, UPA y UAGA anunciaron ayer movilizaciones frente a lo que consideran “un ataque a la ganadería extensiva”.

El presidente de ASAJA Huesca, Fernando Luna, criticó que el Gobierno legisle “en contra de un sector productivo tan importante como es la agricultura y la ganadería”, e insistió en que “la convivencia del lobo y el oso con la ganadería extensiva es imposible”. Añadió que a quien hay que proteger es “al ganadero”.

El secretario general, de UAGA José María Alcubierre, indicó que la nueva medida de protección del lobo supone “un ataque al sector ganadero” y que se está “engañando a la sociedad porque el lobo no es una especie en peligro de extinción y cualquier depredador que no tenga ningún control en el territorio en el que esté puede ser la gota que colme el vaso para la ganadería extensiva”.

La protección del lobo está generando grietas en el PSOE. El secretario general de los socialistas cántabros y vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Pablo Zuloaga, ve necesario recurrir la decisión del Gobierno central, porque las comunidades “se quedan sin herramientas” para gestionar la especie. Abogó por “el diálogo entre gobiernos” para que las posturas “se acerquen”.

El Gobierno de Castilla y León, por su lado, suspendió todos los permisos para cazar lobos ante la inseguridad jurídica de la norma, “técnicamente muy deficiente”. Las cuatro comunidades del Noroeste –Castilla y León, Cantabria, Galicia y Asturias– recurrirán la decisión ministerial.

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