El Juzgado de Primera Instancia número 1 emitió este miércoles una providencia en la que ordena al Estado abrir mañana las puertas del pazo de Meirás a los cuatro auxiliares de los peritos contratados por la familia Franco para elaborar la pericial sobre los bienes. El juez ha admitido la alegación de los hermanos Martínez-Bordiu, que denunciaron la demora en darles acceso al inmueble y la negativa del Estado a permitir la entrada de los auxiliares que consideran “imprescindibles” para elaborar el informe sobre los sistemas de anclajes y fijación de los bienes muebles controvertidos y su destino y utilidad.

El juez abre la puerta a aplazar la vista del 22 de octubre en caso de que los Franco no tengan tiempo suficiente para elaborar el informe, que deben entregar cinco días antes de la vista. En respuesta a la petición de los herederos del dictador de dejar en suspenso cautelarmente la comparecencia, el magistrado emplaza a los Franco a reiterar esta petición en caso de que no vean posible entregar el informe en plazo.

La vista que dirimirá la titularidad de los bienes muebles se acerca y quedan muchas incógnitas por despejar. El Gobierno gallego evitó este miércoles aclarar en el Parlamento si se limitará a apoyar el incidente de ejecución del Estado —que reclama 133 elementos que considera “inseparables” del pazo — o si se adherirá también al interpuesto por el Concello de Sada, que va más allá y defiende la titularidad pública de los bienes de la época de Emilia Pardo y sus descendientes (que fueron vendidos con el pazo en 1938) y de los incorporados durante la dictadura y afectos a la Jefatura del Estado.

En la comisión de Xustiza, el diputado del BNG, Luís Bará, instó ayer al Ejecutivo gallego a aclarar si respaldará el incidente de Sada. Tras no obtener respuesta, reiteró la pregunta en su segunda intervención. Silencio. La directora xeral de Patrimonio, María del Carmen Martínez, no mencionó al Concello de Sada, apeló hasta en diez ocasiones a la sintonía entre Xunta y Gobierno y defendió que corresponde al Estado presentar el incidente como Administración demandante y titular del pazo, a pesar de que el juzgado ha admitido a trámite los dos incidentes.

La Xunta envió una pericial al juzgado para apoyar la reclamación estatal, sin pronunciarse sobre la petición sadense ni hacer alusión a esos 49 bienes que no incluye el incidente estatal y que la Consellería de Cultura insta al Estado a reclamar.