España tiene el triste récord de ser el tercer país de la UE con mayores tasas de pobreza infantil, un 27,4%, solo por detrás de Rumanía y Bulgaria, una situación que no se corresponde con el peso de la economía española y que podría haberse agravado por la crisis del covid. Por ello, la Comisión Europea ha elegido a España -y otros siete países- como laboratorio de pruebas para la puesta en marcha la llamada Garantía Infantil Europea. Dicha herramienta, aprobada el pasado 14 de junio, está destinada a fomentar la igualdad de oportunidades hasta el punto de que todos los niños europeos tengan acceso gratuito y/o efectivo a los derechos básicos, poniendo el foco en las situaciones de pobreza o exclusión social y en los colectivos infantiles especialmente vulnerables.

La "puesta de largo" de la Garantía Infantil en España, terminología usada por Gustavo Suárez, presidente de Unicef en España, ha tenido lugar este miércoles en unas jornadas celebradas en Madrid donde se ha presentado el documento de diagnóstico elaborado por la oenegé y expertos de la Universidad de Alcalá de Henares y el CSIC. Y en la clausura de dicho acto, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha anunciado cuál será la inversión total: 779 millones de euros, de los cuales 527 corresponden al Fondo Social Europeo Plus -lo que supone como mínimo el 5% del Fondo hasta 2027 y, el resto, 252 millones, a la aportación nacional, que se nutrirá de fondos estatales, autonómicos y locales. Se trata en ambos casos de una inversión histórica y nunca empleada hasta ahora en la lucha contra la pobreza infantil.

Belarra ha admitido que España tiene unas cifras de pobreza infantil "inaceptables", lo que supone "uno de los mayores fracasos como país". "Cada vez que un niño o niña tiene que ser un héroe para salir adelante, significa que no se le han dado todos los apoyos. Los niños y niñas no tienen que ser valientes, tienen que ser felices", ha subrayado. Frente a ello, la implementación de la Garantía Infantil Europea supone una ventana de oportunidad. El Ejecutivo español tiene hasta marzo para presentar a Bruselas un plan nacional de acción, que se basará en las recomendaciones de Unicef y los expertos, que se sustentan en que las medidas tienen que ser trasversales y que es necesario coordinación en la ejecución.

El 'cheque bebé'

Y la Garantía no será la única herramienta. Según ha garantizado Belarra, la futura ley de diversidad familiar incluirá el 'cheque bebé' o la prestación universal por hijo de 100 euros al mes que Derechos Sociales no ha logrado introducir en los Presupuestos Generales del Estado para 2022. Asimismo, dicha norma, que aún está en fase de borrador y que no llegará al Consejo de Ministros hasta final de año o principios de 2022, contendrá la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad a seis meses.

Asimismo, contemplará un paquete de medidas encaminadas a "garantizar un entorno saludable y seguro donde se desarrolle la crianza, el acceso al sistema sanitario y educativo universal y una alimentación saludable" en los tres primeros años del niño. Y entre estas acciones se incluirán también medidas destinadas a favorecer la conciliación.