El Principado maneja un “plan b” por si fructificase la protección total del lobo impulsada por el Gobierno central y contra la que está luchando judicialmente junto a las otras comunidades autónomas del Noroeste, donde la mayor presencia de la especie causa estragos en el sector ganadero. Y ese plan alternativo –según explicó este lunes el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo– pasa por la captura de ejemplares en vez de ser abatidos de forma controlada, como se venía haciendo en Asturias. Calvo afirmó que está “muy cerca” la resolución en la Audiencia Nacional sobre las medidas cautelares a favor o en contra de la protección total de la especie y aclaró que si “no queda más remedio” el Principado activará “protocolos de ahuyentamiento y de captura”.
El Consejero explicó que el plan de gestión regional está paralizado a la espera de que se resuelva la incertidumbre sobre la inclusión de la especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). Y dejó claro que la primera opción del Principado es mantener ese plan cuando vuelva a disponer de “seguridad jurídica” y aplicarlo “con todas las consecuencias”. Recordó asimismo que en esta cuestión el Gobierno autonómico socialista de Barbón se ha “enfrentado políticamente” con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de su mismo partido. Defendió los resultados –en forma de “daños tolerables” a la ganadería– de la muerte controlada de ejemplares y afirmó que, mientras se resuelve la cuestión judicial, el Principado trabaja en actualizar el censo del cánido. “Defenderemos los intereses de Asturias con todas las consecuencias”, garantizó.
El Consejero subrayó además la importancia de la captación de fondos europeos para convertir al sector primario “en un eje de futuro de Asturias”, un ámbito “en clara tendencia de crecimiento” que representa el 20 por ciento del PIB asturiano. Destacó en este sentido que uno de los proyectos estratégicos que optará a estos fondos es “Asturias en origen”, un centro de operaciones de innovación agroalimentaria con presencia público-privada.
También se refirió Calvo al proyecto para una mina de oro en Salave (Tapia de Casariego), garantizando que solamente se autorizará si cuenta con “todas las garantías medioambientales”. Defendió el “rigor” de los trámites a los que se someterá el proyecto y se comprometió a velar “por el interés general”.
Asimismo, fue interrogado por Podemos acerca de la proposición aprobada en la Junta para pedir un plan de ayudas para paliar los graves contratiempos ocasionados a vecinos de Salas, Tineo y Allande por la tardanza en una solución al bloqueo de la carretera que generó el “argayón” de Casazorrina. El Consejero, que matizó que la declaración de situación catastrófica excede la competencia autonómica, reconoció que no le consta que se esté articulando ningún plan de ayudas.
