El 19 de agosto de 2018 fue fatídico para Ignasi F. Sanza, un reputado cirujano plástico con 9.000 operaciones a cuestas y fundador de una clínica con su nombre. A sus 56 años, Sanza se vio obligado a dejar su profesión a causa del accidente provocado por la pilona instalada en la calle de Colònia del Tibidabo, en la parte alta de Barcelona y cerca de su residencia. El cono tubular que se baja para permitir el acceso de vehículos se levantó de repente cuando pasaba con su moto. La muñeca le quedó destrozada y desde entonces no ha podido volver a operar. El Parc del Tibibado, responsable de la gestión del bolardo y el Ayuntamiento de Barcelona, su accionista, hicieron caso omiso a su reclamación. Por ello, el médico ha presentado una demanda, a la que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya, medio que pertenece al mismo grupo que este diario, en las que les solicita casi dos millones de euros de indemnización.
Un juzgado contencioso-administrativo de Barcelona está tramitando la demanda de Sanza, en la que atribuye el accidente a un mal funcionamiento de la pilona bautizada por los vecinos como 'Marisa' (por un restaurante cercano). Para demostrarlo, su abogado, Sergio Mercé Klein, ha aportado fotografías, vídeos, actas notariales, testimonios e informes periciales. En octubre, el magistrado propuso al cirujano y al ayuntamiento una mediación, al entender que el “conflicto” podría resolverse a través de este sistema.
Tras la primera sesión informativa, el consistorio declinó abrir este proceso de mediación del que se hacía cargo la Generalitat, ante “la falta total de posibilidades de acuerdo y de llegar a una transacción con el reclamante”, según fuentes municipales. Un portavoz del ayuntamiento agregó que si el demandante “quiere proponer cualquier acuerdo, puede hacerlo igualmente y confidencialmente entre letrados dentro del proceso judicial”. El demandante y su abogado no entienden el rechazo a este sistema por parte del consistorio. Por esta razón, la causa judicial continúa su curso.
Denegación inicial y batería de pruebas
La demanda judicial llega después de que la autoridad municipal denegara la reclamación de Sanza por vía administrativa. Según su resolución, no había quedado acreditada la intervención de la pilona en la caída del cirujano y no había "nexo causal” entre los daños que sufrió y el posible funcionamiento anormal en la gestión de la pilona. Sin embargo, el abogado del médico enumera en su escrito una batería de pruebas que, según él, sostienen que el accidente se produjo “como consecuencia del levantamiento indebido de la pilona” reguladora del tráfico en la calle de Colònia del Tibidabo.
Un dato esencial, según describe la demanda, es que a los dos días del accidente, operarios de la sociedad encargada de gestionar la pilona la desactivaron, “evidenciándose de ello que tenía un funcionamiento del todo irregular” y a pesar que la unidad de mantenimiento justificó dicha acción a “un recambio provisional”. Un notario, por su parte, certificó después no solo “el mal estado” de la calle, sino también que dicho bolardo todavía no funcionaba. En este mismo sentido, el abogado aporta a juzgado el testimonio de vecinos que manifiestan “la continua existencia de problemas con el funcionamiento” del cono y su “inadecuada señalización”. Hay vídeos que también desvelan deficiencias en “varios momentos distintos”.
Elemento inseguro para motoristas
Entre otros documentos, Sanza ha presentado en el juzgado un informe pericial encargado por él sobre las causas del accidente, en el que se revisa las deficiencias del bolardo, la mala ubicación del semáforo que permite o no el paso y el estado de la calzada. Según el técnico que elaboró este dictamen, la pilona Marisa “es un elemento inseguro para motoristas y ciclistas”. Y concluye que el accidente del cirujano se produjo por varios fallos: la “disfunción (no detección) del lazo inductivo (elemento de seguridad) encargado de detectar el paso de vehículos y motocicletas al salir de la calle”, la “excesiva distancia” entre esos dispositivos, “ausencia de fotocélula de seguridad que detecte las motocicletas encima de la pilona”, semáforo “incorrectamente” ubicado para las motos y “ausencia de sensor de seguridad basado en la lectura de fuerza”.
En resumen, precisa, “elementos de seguridad insuficientes” y “disfunción de la señalización”. También detectó que el cuadro eléctrico estaba “visiblemente deteriorado” y que la presencia de humedad, por ejemplo con la lluvia, en el pilón “puede provocar una señal errónea al detector y averiar el sistema”. Los operarios que se encargaban de su mantenimiento reconocieron que estos artefactos daban problemas, eran viejos y que en algunos “no existe el tubo de drenaje para evacuar el agua de la lluvia”. El perito certificó años después del accidente, en diciembre del 2020, que la pilona todavía tenía “un mal funcionamiento" y era peligrosa. La demanda expone que las lesiones sufridas por Sanza son de “muchísima gravedad” y le impiden operar y realizar otras actividades. Por ello, reclama 1.955.695 euros como indemnización más los intereses legales.
