En España mueren dos personas cada día fruto de accidentes de trabajos. Tras caerse de un andamio, volcarse el tractor que conducían o después de sufrir un cáncer derivado de la exposición a un producto tóxico, entre muchos otros. Un total de 705 personas perdieron la vida en el trabajo o yendo y volviendo del mismo durante el 2021, según los datos actualizados este viernes por el Ministerio de Trabajo. Una lacra que no cesa, que si bien baja cuando la economía se contrae vuelve luego a dispararse cuando recupera la bonanza y que en los últimos 20 años acumula 21.280 víctimas mortales.
En España mueren dos personas cada día fruto de accidentes de trabajo. Personas como Xavi, un joven de 19 años que perdió la vida el pasado 30 de abril cuando fue engullido por una de las máquinas de la empresa Cidac de Cornellà. Máquinas que el propietario tenía en un estado de “permanente riesgo” para el trabajador con el fin de ahorrarse dinero. O Víctor, él tenía 18 años y a las 12 días de entrar a trabajar también fue atrapado por otra máquina, sin haber recibido ni formación previa ni la ropa de trabajo adecuada, según denunció la familia.
La falta de inspectores de Trabajo para marcar más de cerca a empresarios así es una denuncia reiterada por parte de los sindicatos. Un cuerpo que cuenta con 2.005 efectivos en toda España, según la última memoria del 2020, para una población trabajadora que ronda los 19,8 millones de trabajadores. Es decir, toca a 1 inspector por cada 9.875 trabajadores. Las centrales también insisten en que las multas no son lo suficientemente elevadas para ser disuasorias, especialmente en caso de que no haya víctima mortal. "Sales de Inspección [de Trabajo] y muchas veces la empresa te dice que prefiere pagar la sanción. Muchas veces son irrisorias", afirma la responsable de salud laboral de UGT-FICA, Antonia Fuentes.
Y en caso de que el accidente acabe con un muerto, la capacidad sancionadora de la Inspección también es limitada. En el caso de la muerte de Xavi, en Cornellà, el importe impuesto a la empresa fue de 328.460 euros por una vida humana. A lo que se suma una justicia lenta: 10 meses después del accidente el caso todavía no ha sido juzgado.
"Externalización masiva"
Las probabilidades de tener o no un accidente dependen de la prevención que previamente realicen las empresas. "Hay una externalización masiva de los servicios de prevención de riesgos", afirma la responsable de salud laboral de CCOO de Cataluña, Mònica Pérez. Así lo corrobora el último informe de la Generalitat sobre esta cuestión, que indica que el 94,9% de las empresas que realizan mantenimiento de sus instalaciones lo hacen a través de un tercero. Y solo el 25% de los planes de prevención de riesgos están adaptados a las necesidades específicas del centro de trabajo evaluado. La mayoría utilizan protocolos genéricos.
"Las campañas de concienciación no están funcionando porque seguimos con los mismos índices desde hace años", afirma Fuentes. La Generalitat para este 2022 está preparando una. “Hay empresas que incumplen sistemáticamente con los mínimos de prevención. Durante la pandemia los accidentes mortales subieron”, insiste la responsable de UGT. Como dato: 2020 fue el segundo peor año de la última década. Todo ello contribuye a que España tenga un índice de siniestralidad 1,5 veces superior al de la media de la Unión Europea, según datos de Eurostat.
La Generalitat implica a patronales y sindicatos
El Departament de Trabajo aprobó y puso en marcha el año pasado la Estrategia Catalana de Seguretat i Salut Laboral, un plan de actuaciones que busca implicar a patronales y sindicatos en la minimización de los accidentes. La Generalitat se apoya en los agentes sociales para suplir la falta de manos y poder llegar a un mayor número de empresas –especialmente en un país de pymes-. Así como hacerlos corresponsables del reto de disminuir los actuales índices de siniestralidad, que apenas han variado en la última década. Para ello dispone anualmente de un presupuesto específico de dos millones de euros para proyectos concretos que le propongan patronales y sindicatos.
Uno de los proyectos que ha reforzado la Administración catalana es uno en el que los técnicos del Departament repasan los datos de bajas o siniestralidad e identifican picos anómalos, para así visitar posteriormente dicha empresa y tratar de analizar el porqué de los mismos y así minimizarlos. También potencia los cursos de formación ‘on line’ para los trabajadores autónomos. Otra iniciativa que le proponen los sindicatos, y que desde Trabajo ven con buenos ojos, es la creación de un delegado sectorial. Es decir, una figura designada desde sindicatos o patronales que vaya visitando las empresas –especialmente las pequeñas- para verificar que cumplen con la normativa de prevención. Y en caso de detectar irregularidades, hacérselo constar a la empresa y dar parte de ello.
