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Ratio máximo

La ley que debe ampliar las plazas de enfermeras, bloqueada en el Congreso

El PSOE ha sido el partido que ha pedido la última prórroga del plazo para presentar enmiendas, una treta parlamentaria que impide que la norma se tramite

Dos enfermeras trasladando una camilla en plena pandemia en un hospital balear.

Muchos de los compromisos adquiridos por las autoridades sanitarias para fortalecer al sistema de salud, dos años después de que comenzase la pandemia, siguen durmiendo el sueño de los justos. Entre ellos, la ley de seguridad del paciente, que llegó al Congreso en forma de iniciativa legislativa popular y respaldada por más de 700.000 firmas en 2019 y, aún hoy, sigue "bloqueada" y sufriendo un "boicot", según interpreta Satse, sindicato de enfermeras mayoritario e impulsor del texto legal.

La ley, que prevé corregir el déficit histórico de profesionales de la enfermería que padece el sistema nacional de salud, fue admitida a trámite el 15 de diciembre de 2020 con un apoyo mayoritario: 312 votos a favor y 10 en contra (del PNV y el PDECat). Después superó la enmienda a la totalidad de ERC (por motivos competenciales y otros) y, desde entonces, permanece en barbecho debido a que diferentes partidos han pedido, sucesivamente, ampliar el plazo de presentación de enmiendas, un total de 44 veces. Con esta treta (que no es ajena al comportamiento parlamentario), la ley no pasa a debatirse en Comisión, trámite imprescindible para después ser aprobada por el pleno y continuar su avance.

Por ello, Satse ha pedido al presidente del Gobierno, a la ministra de Sanidad, a los miembros de la Mesa del Congreso, a los partidos políticos y a los consejeros de sanidad de todas las autonomías que intercedan para acelerar la tramitación parlamentaria, además de realizar diferentes campañas de denuncia del bloqueo pero, de momento, han sido en balde.

Los responsables

En un inicio, los partidos que solicitaban semana a semana prorrogar el plazo de enmiendas fueron el PNV, Ciudadanos y el PP. Luego dejo de hacerlo Ciudadanos, posteriormente PP y el ultimo que quedó constancia que lo pedía, en las actas de la Mesa del Congreso, fue el PNV. A partir de enero, en la documentación oficial dejó de aparecer la identidad de quién o quiénes solicitaban nuevas prórrogas, pero el pasado 15 de marzo fue el PSOE, según refleja de nuevo las actas, y Satse sospecha que los socialistas están detrás de los últimos aplazamientos también.

Para la portavoz de Satse, María José García, es "absolutamente injustificable" que el partido con más peso en el Gobierno sea ahora el "responsable del bloqueo de la ley", cuando la portavoz socialista, Ana Prieto, avaló la legislación en el debate de toma en consideración con frases como esta: "Visibiliza un compromiso, que también es el nuestro, de garantizar y aportar seguridad al paciente en la atención sanitaria y cuidados que recibe, independientemente de lugar en el que viva o de su situación económica, lo que es justicia social”.

El ahorro

“No queremos pensar que detrás del ‘no es no’ del PSOE estén razones políticas o económicas cuando la aplicación de esta ley supondría un gasto de solo 60 euros por habitante al año, mientras que el ahorro que conllevaría para el conjunto del sistema sanitario a medio y largo plazo se puede cuantificar en miles de millones de euros”, añade García.

Y es que numerosos estudios científicos concluyen que a más profesionales sanitarios, menos mortalidad y morbilidad, por lo que se producen ahorros para el sistema en su conjunto. España, sin embargo, se sitúa entre los países que están a cola europea en número de enfermeras, con 5,3 profesionales por 1.000 habitantes, frente a 8,8 de la media europea. Este déficit provoca que cada enfermero tenga una asignación de hasta 20 o 25 pacientes en hospital y de entre 1.800 y 2.000 ciudadanos en los centros de salud.

Y la ley trata de corregirlo al fijar ratios que no superen los seis pacientes en la atención hospitalaria y los 1.500 en atención primaria, con el fin "garantizar la seguridad del paciente". De aprobarse, convertiría a España en el primer país europeo y el tercero del mundo, junto con EEUU y Australia, en contar con una norma de estas características.

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