Los Mossos d’Esquadra se han incautado de documentación y correos electrónicos en un registro practicado la semana pasada en la sede de la empresa Iturri, la firma que fue durante años adjudicataria de los servicios de mantenimiento de vehículos de los Bombers de la Generalitat y que es el centro de la investigación por presuntas irregularidades económicas, según fuentes conocedoras de las pesquisas. La jueza instructora del caso autorizó la petición de los agentes de la policía de la Generalitat, al ser informada de que la Conselleria de Interior no ha entregado toda la documentación que le ha sido solicitada.
Los Mossos se personaron en la sede de la empresa Iturri en la calle Electrónica de Montcada i Reixac el pasado día 13. Fue la Unidad Central Anticorrupción, con apoyo de la Unidad Central de Informática Forense, así como otras unidades del cuerpo, las que entraron en la empresa con el objetivo, según el auto judicial al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, diario que pertenece al mismo grupo que este medio, de proceder a buscar e intervenir la documentación relacionada con un expediente de contratación y los reconocimientos extrajudiciales de crédito. También estaba autorizado el clonado y la extracción de los datos sobre este extremo que pudieran estar almacenados en los ordenadores, así como el contenido del correo electrónico desde septiembre de 2018 y diciembre del 2021 de Eduardo Díaz Hervás, el gerente del área de Barcelona de Iturri y uno de los principales investigados. La causa, según precisa la togada, se sigue por los delitos continuados de falsedad y presunta prevaricación.
La resolución judicial destaca que la investigación “lleva meses de desarrollo” y que, “pese a que se ha intentado acudir a otras vías”, la pretensión de conseguir documentar el trayecto de las operaciones de mantenimiento del parque móvil de Bombers ha sido infructuosa o muy poco productivas. Por lo tanto, según la magistrada, “no queda otra opción” que acudir a la empresa adjudicataria del servicio y así intentar obtener los albaranes y las facturas que, por ahora, no se habían obtenido. Esta dificultad se deprende, recalca, del oficio policial que da cuenta de que “falta mucha de la documentación” solicitada, pues la Conselleria de Interior “se ha dado cumplimiento parcial” de la petición realizada por el juzgado.
Acotar las pesquisas
En el auto que autoriza el registro, la jueza argumenta que algunos investigados han manifestado en sus declaraciones que existen “regiones enteras” (áreas) que no han aportado ni un solo albarán. Esta es otra de las razones, insiste la togada, de que se deba acudir “a la sede donde en principio están obligados a conservarlos (la empresa Iturri), al menos desde el punto de vista fiscal, con el fin de evitar” que la investigación “se alargue indefinidamente”. La magistrada, además, subraya que en algunas conversaciones telefónicas intervenidas se hacía referencia en varias ocasiones a la falta de rigor al llevar la contabilidad.
Con la entrada en la empresa, se trata de “averiguar si esa falta de rigor, esa inexistencia o deficiencia de control” por parte de la Dirección General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments ( DGPEIS) “ha traspasado los límites que permiten” los delitos recogidos en el Código Penal. Eso sí, acota la incautación de documentación al expediente de contratación que centra las pesquisas, dejando fuera de esta diligencia los de otros años. La jueza aludía a que la “gravedad” de los delitos presuntamente cometidos para autorizar el registro. Por este caso, permanecen imputados siete cargos de los Bombers, entre ellos el que fuera director general de Prevención y Extinción de Incendios, Manel Pardo, y a su sucesor, Joan Delort.
