Mario, su mujer, y sus tres niñas pequeñas tenían cámaras instaladas en cada habitación de la casa. El casero les aseguró que no grababan y que no tenían de qué preocuparse, pero grababan. Él pagaba por el piso 600 euros al mes, pero el dueño tenía una habitación reservada a la que tenían prohibido entrar. También tenía llaves, y visitaba la casa cuando le apetecía. Un día fue a las dos de la mañana. Otro a las 10, cuando las niñas estaban solas en casa.

Este migrante venezolano recién llegado a València -que prefiere mantener el anonimato- aguantó esta pesadilla durante meses, hasta que acudió a una asamblea de vecinos del barrio y contó su caso, que rápidamente se denunció. Los vecinos descubrieron que, además de todo esto que sufrió Mario, resultaba que la casa es una vivienda pública subalquilada en negro. Fuentes de conselleria de Vivienda han confirmado este hecho.

Es más, este periódico ha podido confirmar que el piso donde figura la dirección del presunto estafador también es otra vivienda propiedad de la Generalitat valenciana, en este caso en un municipio a las afueras de la ciudad. Aunque no ha sido posible averiguar si efectivamente vive en esa dirección.

"Llamamos a la Policía para contárselo todo y nos dijeron que desenchufáramos las cámaras inmediatamente, que eso es ilegal. Y lo hicimos", recuerda Mario. Poco después el dueño del piso llegó encolerizado para contar que "nosotros éramos ocupas y que nos habíamos metido en la casa sin permiso". Pero "la Policía ya estaba ahí y le habíamos explicado que pagábamos 600 euros de alquiler y les enseñamos las capturas del móvil con las transferencias, así que nos dejaron dentro de la casa y nos dijeron que denunciáramos", explica.

Los abogados de la Oficina por el Derecho a la Vivienda de la ciudad de València y de la Unidad de Ayuda al Desahucio son conocedores también del caso. Mientras, Mario y su familia permanecen en la vivienda. "Los de la asamblea de vecinos nos dijeron que cambiáramos la cerradura para que él no entrara, y lo hicimos. Llegó un día para abrir y entró en cólera, aunque desde entonces ya no ha aparecido más", continúa la afectada. Desde entonces, al conocer la estafa, han dejado de pagar y están a la espera de una solución a su caso.

"No nos esperábamos que España fuera así"

Mario gana mil euros trabajando en negro en el campo, y su mujer lo complementa con un trabajo de interna los fines de semana, con el que no gana demasiado dinero. Con eso, han sido capaces de encontrar una vivienda de alquiler, pero explican que están decepcionados.

"Llegamos a España hace 6 o 7 meses y no nos la esperábamos para nada así, esto es como una pequeña Venezuela pero sin tantísima violencia", explica Mario. Cuentan que sabían que sus primeros años iban a ser duros hasta que consiguieran regularizar su situación, pero no esperaban hechos de este tipo.

Como muchas otras familias de inmigrantes, su primera experiencia fue en una habitación alquilada donde vivían todos. Pagaban más de 400 euros por una sola estancia en la que pasaron varios meses con sus tres niñas y su mujer, a la espera de encontrar un trabajo mientras iban gastando el dinero de sus ahorros. Finalmente lo encontraron, pero resultó ser una estafa y una pesadilla.

Refuerzo en el cuerpo de inspectores

Ahora mismo, la entidad valenciana de vivienda y suelo (Evha, por sus siglas en valenciano) tiene dos trabajadores sociales y cinco inspectores. Pero además cuenta desde 2021 con un servicio de mediación y administración de comunidades vecinales del parque público, con 60 profesionales más para las más de 14.000 viviendas propiedad de la Generalitat.

Con ese servicio asciende a 22 trabajadores sociales, 7 integradores sociales, 15 conserjes y 5 auxiliares de limpieza que se encargan de atender a los residentes de las viviendas públicas, la inspección de viviendas y cuidado de los espacios comunes. Además de todo esto, cuenta con 12 administradores de fincas y un departamento legal para estos casos.

Conselleria ha desarrollado un "plan de intervención" con el que actúan en 40 grupos de vivienda pública de 22 municipios de la Comunitat, con apertura de "espacios de atención personal" que favorecen "la rápida intervención ante cualquier incidencia". El objetivo de conselleria es que este nuevo servicio se vaya extendiendo a todos los grupos de vivienda pública. Incluso cuentan con un servicio de urgencias 24 horas para atender las incidencias de forma presencial o telefónica.